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Puerto Rico

Expertos aseguran que la modificación del plan fiscal fue una movida acertada, pero insuficiente

Expertos aseguran que la modificación del plan fiscal fue una movida acertada, pero insuficiente


La determinación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de prestar más énfasis al fortalecimiento de las operaciones gubernamentales y de la economía, mientras reconoce que Puerto Rico no tiene dinero para pagar a los bonistas, es una movida acertada, pero está plagada de incertidumbre, según entrevistados.

De acuerdo con el abogado Rolando Emmanuelli, experto en la ley federal Promesa y representante de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) en el proceso de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), con su decisión, el organismo fiscal toma el camino que debió adoptar hace unos cuatro años cuando el Congreso buscó atender la crisis fiscal de la isla.

“Por fin, la Junta reconoce que la situación económica de Puerto Rico es realmente muy mala”, sostuvo Emmanuelli, al señalar que, desde el 2016, se ha perdido un tiempo “valioso” que pudo servir para atender la crisis económica y presupuestaria de la isla.

Según Emmanuelli, quien dijo tener dudas de que la posposición de las medidas de ajuste por un año sean suficientes, desde el día uno, el Congreso fijó un sinnúmero de metas a Puerto Rico que eran imposibles de alcanzar cuando una economía ha entrado en una contracción tan prolongada.

“Sin crecimiento económico, no puedes tener un presupuesto balanceado ni el servicio a la deuda para pagar a los acreedores”, manifestó Emmanuelli, en referencia al mandato congresional que se aprobó, en el 2016, en medio de la crisis de impago de la isla y que catalogó como “un absurdo”.

Emmanuelli es coautor del único libro que se ha escrito en la isla sobre Promesa y, según el abogado, el estatuto federal alteró el orden constitucional de Puerto Rico al usurpar el poder de los oficiales electos de la isla, entre otros aspectos.

La JSF debe lograr que Puerto Rico -una economía que se ha achicado alrededor de 14% desde el 2006- tenga cuatro presupuestos balanceados y que, luego de reestructurar sus obligaciones, pueda acceder al mercado de capital a precios razonables. Ambos criterios requerirían que las casas acreditadoras den al gobierno o sus entidades una buena clasificación, lo que se perdió hace ya seis años, cuando el gobierno quedó sin liquidez y se clasificó como un emisor de deuda especulativa o chatarra, explicó el abogado.

Para Emmanuelli, quien ha retado la constitucionalidad de la JSF, aunque en principio el organismo fiscal ha cambiado de rumbo, también ello significa que siete directivos con nombramientos vencidos continúan tomando decisiones que afectarán la vida de los puertorriqueños.

De igual forma, la posposición de los objetivos de balance fiscal por causa de la contracción económica supone que la posibilidad de que la JSF deje de existir se “aleja”.

Un nuevo plan por el COVID-19

Ayer, luego de tres años de exigir reformas estructurales y miles de millones de ahorros por la vía de recortes en nómina, contrataciones, compras y consolidación de agencias, la JSF certificó un nuevo plan fiscal para el gobierno central que pospone las estrategias de recortes presupuestarios por un año y reduce en dos terceras partes el dinero que estará disponible para pagar a los bonistas.

Tomando como zapata el plan fiscal que le presentó la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) el mes pasado, la JSF determinó que, en el siguiente año fiscal, el gobierno debe completar los ajustes operacionales que no efectuó antes e invertir unos $6,000 millones en programas específicos que permitan que la economía se mantenga a flote y que se presten mejores servicios de educación, seguridad y salud, entre otros.

El cambio de ruta responde al precario estado de las finanzas públicas golpeadas por la pandemia del coronavirus y los estragos que esa crisis de salud ha dejado en la economía, aspecto que destacó el presidente de la JSF, José B. Carrión, durante la reunión en la que se certificó la nueva hoja de ruta para el gobierno.

Según Carrión, el Puerto Rico actual es totalmente distinto al que surgió de los desastres naturales del 2017 y marcadamente diferente al que se conocía hace tres meses. Esto último como resultado del COVID-19, el virus que había cobrado sobre 100,000 vidas en Estados Unidos y 129 en Puerto Rico hasta ayer.

Entre otras cosas, el plan parte de la premisa de que, en los próximos 12 meses, el número de desempleados en Puerto Rico podría ser entre dos a tres veces mayor que el desempleo típico en la isla y que ronda en 93,000 personas.

También establece que, a partir del año fiscal siguiente, la población continuará reduciéndose para ubicarse por debajo de la marca de tres millones de personas.

Como resultado, una economía con menos personas y menos trabajadores es una economía que se achica, no genera suficientes impuestos y, por ende, tiene un gobierno en déficit.

En este año fiscal, la economía -medida por el producto bruto en términos reales- caería cerca de 4% y otro 7.8% en el año fiscal 2021, lo que menguaría los recaudos al fisco en 12% y 11%, respectivamente.

Las proyecciones negativas se producen aun considerando que los fondos federales asociados a la crisis de salud pública podrían alcanzar unos $12,800 millones y sobre $45,000 millones en fondos para la reconstrucción por los huracanes del 2017.

Según las proyecciones, el gobierno lograría mantenerse en positivo por unos $333 millones en el año fiscal 2021, pero luego el fisco vería cuatro años de déficit primarios, por lo que tendría que recurrir a nuevas medidas de ajuste entre los años fiscales 2022 y 2025 para empatar la pelea.

Como no habría dinero suficiente para correr la operación gubernamental, tampoco habría para pagar a los bonistas.

El plan fiscal reduce en 65% los recursos que estarían disponibles para los acreedores en los próximos cinco años.

“La demora de un año en la ejecución de las medidasde ajuste para adecuar el tamaño del gobierno no es una invitación a la inacción”, señaló la directora ejecutiva de la JSF Natalie Jaresko, al explicar el razonamiento del nuevo plan fiscal certificado.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados y permitir que la crisis nos defina. El plan fiscal 2020 es un plan de cambio”, sostuvo.

El dilema de la austeridad

Sin admitir que su enfoque en la austeridad pudo ser errado, el plan fiscal certificado por la JSF establece que los ajustes implementados por el gobierno han mostrado progresos “limitados”.

“En lugar de repensar los procesos de negocio y las formas de trabajo, las agencias recurrieron casi exclusivamente a la reducción (de puestos) y programas de retiro temprano aplicados ampliamente para reducir los gastos en maneras que pudieron causar riesgos de largo plazo a la capacidad del gobierno para prestar servicios”, admitió la JSF en la página 13 del documento.

“El nuevo plan fiscal certificado de la JSF suscribe la insostenibilidad financiera en el largo plazo de la economía de Puerto Rico”, sostuvo Daniel Santamaría, economista principal para la organización Espacios Abiertos, tras conocer de la certificación del plan fiscal.

“Enfocar todos los esfuerzos del plan fiscal en políticas fallidas, tanto en Puerto Rico como a nivel internacional, como es la austeridad, y en políticas de difícil implementación por parte del gobierno, como las reformas estructurales, solo compran tiempo hacia una eventual insostenibilidad financiera y económica a costa del sufrimiento de las poblaciones más vulnerables”, indicó Santamaría, al recordar que las proyecciones contenidas en otras seis ediciones del plan fiscal del gobierno central no se han consumado.

Hace una semana, EA abogó por que la JSF desista de cualquier medida de austeridad y porque se solicite una suspensión de todos los pagos a bonistas, incluyendo los acuerdos negociados bajo Promesa.

La agenda política

Para el presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico (AEPR), Heriberto Martínez, la posposición de las medidas de ajuste por parte de la JSF no puede divorciarse del ciclo eleccionario.

“Ellos (la JSF) están buscando la manera de dar un escenario positivo ante una realidad que se llama incertidumbre con lo que está pasando de la pandemia en Estados Unidos y a nivel global. Es sumamente complicado proyectar a largo plazo”, indicó Martínez.

De acuerdo con Martínez, la posposición de los ajustes presupuestarios podría ser una movida política.

“Pienso que con detener los ajustes, la JSF está buscando no incidir en el proceso presupuestario. Si lo hiciera y el gobernador que estuviera tuviera que aplicarlos, las elecciones ya estarían decididas”, indicó Martínez.

“Aplicando doctrinas de austeridad, ningún partido político suele repetir en el proceso electoral. Desde el 2000, en Puerto Rico, los gobernadores no repiten una elección”, recordó el economista.

En ese sentido, de acuerdo con Martínez, el nuevo plan fiscal traza una agenda para quien regente a Puerto Rico a partir de enero próximo.

“En enero (de 2021), quien gobierne se encontrará con decisiones de política pública ya tomadas”, agregó el economista.

Entre otras cosas, el plan fiscal requerirá al gobierno adoptar un plan de regreso a clases ante la nueva realidad del coronavirus, completar el traslado de policías en tareas administrativas a las tareas de prevención del crimen e, incluso, promover inversiones que aseguren el fortalecimiento de la banda ancha y el acceso a internet en Puerto Rico.

Además, aunque se postergan los recortes, otras iniciativas, como la reforma a los planes de pensiones continúan en la agenda aprobada ayer.

Ausente la clase media

Pero, de acuerdo con Emmanuelli y Martínez, lo que está ausente del plan fiscal certificado es cómo este cambiará la realidad ante los acreedores y ante la gente que trabaja y que, a fin de cuentas, son quienes financian la operación gubernamental con sus impuestos.

De acuerdo con Emmanuelli, la nueva radiografía económica de Puerto Rico evidencia que tal y como indicaron diversos economistas y expertos, entre ellos el nobel Joseph Stiglitz y el actual ministro de Finanzas de Argentina, Martín Guzmán, la deuda de Puerto Rico no es pagable.

Ante esa realidad, indicó el abogado, lo que quedaría por verse es qué hará la JSF con el plan de ajuste propuesto en el tribunal.

“Ese plan de ajuste ya no es viable y tampoco el de la AEE”, manifestó Emmanuelli.

Empero, el plan fiscal no indica qué hará la JSF con los acuerdos que ya pactó con los bonistas.

“El panorama es muy incierto porque no hay garantías de que los acuerdos sean compatibles con el plan fiscal”, dijo Emmanuelli.

Por su parte, Martínez destacó que el plan fiscal habla del futuro, pero no ofrece detalles para atender la secuela del coronavirus.



Sources: metro.pr

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