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Puerto Rico

Proyectos de ley abrirían la puerta a que sobrevivientes de crímenes tengan que revivir sus pesadillas

Proyectos de ley abrirían la puerta a que sobrevivientes de crímenes tengan que revivir sus pesadillas


Los proyectos de ley que buscan hacer retroactiva la normativa establecida por el Tribunal Supremo de Estados Unidos que exige que los veredictos sean unánimes excede lo dispuesto en esa decisión y pondrían en peligro la seguridad de las víctimas que hayan cooperado con las autoridades.

A esa conclusión llegaron tres integrantes de la Asociación de Fiscales, al analizar dos medidas legislativas que persiguen adoptar la jurisprudencia del caso Ramos vs. Luisiana, pero que van más allá al pretender que la normativa también aplique a casos con sentencias finales y firmes.

Las fiscales consultadas, al igual que el Departamento de Justicia, se oponen a que esa normativa se aplique de forma retroactiva. Mientras, del otro lado de la moneda, abogados de defensa han reclamado públicamente que esta debe aplicar a todos los casos por igual, evitando así distinciones entre convictos.

“Ya fiscales nos están llamado para decir que víctimas de delitos se han comunicado con ellos, ya que tienen preocupación ante los proyectos”, dijo Lizette Sánchez Vázquez, vocal de la Asociación de Fiscales.

Días atrás, la abogada y exreina de belleza Alba Reyes grabó un vídeo y, entre lágrimas, le reclamó a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que no firme la legislación si llegara a su escritorio. La madre de Reyes fue asesinada, en 2016, y varios hombres fueron convictos, uno de ellos mediante una decisión mayoritaria.

“En nombre de todas las víctimas de violencia y crimen… le pido que no nos hagan esto. Esto es atropello muy grande. Esto es cruel”, dijo Reyes en el vídeo.

Justicia se opone al Proyecto de la Cámara 2476, presentado por la representante María Milagros Charbonier, al alertar sobre el peligro de la retroactividad a casos finales y firmes.

Pero, por razones que no fueron precisadas, Justicia envió su ponencia, el martes pasado, después de que el proyecto de la Cámara se aprobara, por lo que la postura de la agencia no fue incluida en el informe de la Comisión de lo Jurídico.

En el caso del Proyecto del Senado 1590, de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, Justicia no pudo expresarse porque el cuerpo legislativo decidió aprobar la medida sin el estudio previo de una comisión legislativa, en lo que se conoce técnicamente como un “descargue”. Esa medida del Senado será atendida en vista pública en la Cámara este próximo martes.

“Las víctimas de delitos, sus familiares y allegados están traumatizados por ese evento que los lleva a verse involucrados en el sistema de justicia criminal y los tribunales. Para ellos, será terrible volver a pasar por todo eso”, sostuvo Sánchez Vázquez, al referirse a difícil proceso de un juicio por jurado.

“Ya lograr ese primer juicio es bien difícil porque tienes personas que sienten temores, ansiedades. El ciudadano común que se enfrenta al sistema no lo conoce, no lo entiende y va en su momento más vulnerable. Estamos bregando con personas que su vida les ha cambiado por este evento traumático, como las víctimas de violencia doméstica, madres de niños abusados sexualmente. Esos casos más difíciles son los intrafamiliares”, agregó.

Además del escollo emocional que enfrentarían los sobrevivientes de delito al enfrentar nuevamente a sus agresores, el ministerio público también encararía sus propios retos ante la posible avalancha de solicitudes de nuevos juicios.

Los proyectos bajo consideración legislativa dejan la puerta abierta a que cualquier convicto con decisión mayoritaria (no unánime) solicite un nuevo juicio.

“Uno de los problemas que vamos a enfrentar es que los testigos no van a estar disponibles, no vamos a tener la prueba y recuerda que con el huracán María se perdieron documentos en la Policía, en Justicia y en los tribunales. Los estragos de María tendrán unas complicaciones y serán muchos los casos que no vamos a poder ver y se van a tener que desestimar”, dijo Jéssika Correa, presidenta de la Asociación de Fiscales.

Según Gretchen Pérez Catinchi, vicepresidenta de la Asociación de Fiscales y con más de 20 años de experiencia trabajando casos de delitos sexuales, maltrato de menores y violencia doméstica, estos casos serían los más difíciles de procesar nuevamente debido a las profundas cicatrices emocionales que provocan, incluso en niños y niñas que ya tienen mayoría de edad, pero que fueron víctimas o testigos en casos concluidos.

“Va a ser nefasto en cuanto a la parte emocional”, opinó Pérez Catinchi, al recordar casos como el de un violador convicto que cometió sobre una veintena de violaciones entre las décadas del noventa y principios de este siglo. En algunas de esas convicciones, el veredicto fue por mayoría.

“Esas muchachas que, en aquel entonces, eran de veintipico de años, ahora tendrán entre treintipico y 40 años y tendrían que testificar y revivir todo esto. Ya fueron víctimas en el proceso y revictimizadas en contrainterrogatorios, las hacen sentir culpables y ahora las van a exponer nuevamente. ¿Dónde están sus derechos?”, se cuestionó la letrada, al argumentar, si bien no tuvo las estadísticas a la mano, que “muchos” casos de delitos sexuales y violencia doméstica se ven por jurado.

“Va a ser cuesta arriba. Una mujer violada a los 18 años ahora tiene hijos y se fue a vivir a Estados Unidos… en ese tipo de caso se nos va a ser difícil conseguir la prueba. Hay víctimas que van a decir que ya pasaron por eso y si a veces nos cuesta que participen, imagínate decirles que vuelvan a hacerlo”, puntualizó.



Sources: metro.pr

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