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Dueño de Apex testificará hoy ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes

Dueño de Apex testificará hoy ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes


La Comisión de Salud de la Cámara de Representantes retoma hoy su pesquisa sobre las compras de emergencias hechas por el Departamento de Salud bajo un nuevo entendimiento: Apex General Contractors, que parecía estar en el centro de la polémica, no fue en realidad mucho más que un nombre que necesitaron, al menos, cuatro empresarios puertorriqueños para una transacción de la que esperaban obtener cerca de $10 millones en ganancias.

El presidente de Apex, Robert Rodríguez, quien está citado hoy ante la comisión, deberá aclarar cómo entró su empresa en este negocio, ya que su abogado Juan Maldonado, otrora director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), reveló a los legisladores que empezó a negociar con el gobierno a nombre de otros dos clientes: los empresarios William Tress y Manuel Agosto.

Maldonado explicó que la prueba que puede detectar los anticuerpos del COVID-19 no fue el primer producto que él y sus socios ofrecieron al gobierno; primero, ofrecieron mascarillas, ventiladores y otros productos de protección personal.

Según Maldonado, estando en su casa el 14 o 15 de marzo “sin hacer mucho”, recibió una llamada de Tress, a quien dijo conocer, pues el empresario es miembro de la compañía de relaciones públicas Roma B.C., de la que él fue abogado. El empresario supuestamente le expresó a Maldonado que estaba trabajando con Bear Mountain, una compañía que suministraba materiales de protección personal en el estado de California y que podía suplir a Puerto Rico.

Bear Mountain Development es dirigida por el ex fiscal general de Alabama, el republicano Troy King. Según publicó el 9 de mayo el periódico Los Angeles Times, Bear Mountain incumplió con la entrega de una compra de $800 millones en mascarillas al estado de California. Aunque no han surgido acusaciones, el estado informó a las autoridades federales sobre la falla en la entrega del producto y canceló el contrato, indicó ese diario.

Los empresarios locales le proponían al Departamento de Salud negocios tramitados a través de King, a pesar de que, en 2017, fue abogado de Textile Corp., cuyos dueños se declararon culpables por fraude a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) al venderle toldos, para usarse en la isla tras el huracán María, de un fabricante cuyo producto estaba prohibido en Estados Unidos.

Durante las vistas, Maldonado, quien invocó en tres ocasiones su derecho a no autoincriminarse protegido por la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, indicó que, posterior a la llamada de Tress, recibió una nueva propuesta.

“Al otro día, por la tarde, recibí otra llamada de otro amigo mío y cliente, el señor Manuel Agosto, que tiene una empresa que se llama Macro Health Care, con más o menos la misma proposición del señor Tress, indicándome que él tenía un sinnúmero de productos: ventiladores y pruebas y demás y que no sabía cómo hacerlos llegar y cómo mercadearlos”, relató Maldonado.

Tras recibir las llamadas, empezó a mover sus contactos en el gobierno para lograr el negocio. Salud no mostró interés en los productos de protección ni en los ventiladores que ofrecían, pero Mariel Rivera, quien coordinaba estas compras en la agencia, le dijo a Maldonado que sí buscaban comprar pruebas serológicas.

Entonces, según Maldonado, fue King quien los conectó con la compañía 501 Nutrition, en Arizona, para la compra de pruebas serológicas a la australiana Promedical Equipment, una empresa que es investigada actualmente por fraude en su país y fue multada por decir falsamente que tenía pruebas aprobadas por los gobiernos de Australia y Estados Unidos.

De acuerdo a la declaración de Maldonado, él, Tress y Agosto ponderaban cómo realizar la transacción gubernamental, “toda vez que ninguna de esas compañías, ninguno de los dos clientes, estaban inscritos en el gobierno, ni cumplían con los requisitos para hacer negocios con el gobierno”. Ni Tress ni Agosto respondieron a las llamadas de El Nuevo Día.

Aunque no lo precisó, en algún momento de ese análisis fue que entró al negocio Apex, que sí estaba en el registro de licitadores del gobierno, pues hacía negocios como constructora con entidades públicas, incluyendo Salud.

A Rodríguez, de quien Maldonado dijo ser amigo, probablemente le toque aclarar hoy cómo su compañía de construcción entró en este negocio de productos con los cuales nunca había estado relacionada. Maldonado dijo, en la vista, que él y sus socios esperaban comprar las pruebas a $29 millones y venderlas al gobierno en $38 millones, por lo que el ingreso esperado era de cerca de $10 millones.

Rodríguez también tendría que explicar por qué él mismo no podía firmar los documentos de la venta. En la orden de compra aparece la firma de Aaron Vick, un empresario marítimo que reconoce que suministró su firma electrónica a Maldonado, pero no autorizó a que se usara en esta transacción. En un intercambio de mensajes de texto con Maldonado, que durante la vista reconoció como auténtico, Vick demostró desconocer qué era Apex.

Una resolución corporativa del 26 de marzo, supuestamente firmada por Rodríguez, autorizó a Vick a representar a la empresa en la firma de contratos de emergencia por COVID-19. Esa resolución fue notarizada por el propio Maldonado.

Durante las vistas de la Cámara, el abogado se acogió a la Quinta Enmienda cuando se le preguntó si podía contestar si la firma correspondía a Rodríguez. Hizo lo mismo cuando se le preguntó si había presenciado la firma de esa resolución, como se supone que hagan los notarios, y también cuando se le cuestionó si la firma de Rodríguez en la resolución era igual a la que aparecía en otros documentos.

De igual manera, Maldonado dijo en el Capitolio que, sin consultarle a Rodríguez, había determinado que ese negocio con Salud se hiciera bajo la marca Black Pegasus para separar esa transacción de otras que tiene Apex.

La orden de compra entre Apex y Salud se concretó el 26 de marzo, pero una serie de eventos posteriores llevaron a su cancelación y a la devolución de $19 millones que, en un acto inusual, el gobierno le adelantó para comprar las pruebas.

Además de Rodríguez, están citados hoy Ricky Castro, de Castro Business, y Ricardo Vázquez Hernández, de la empresa 313 LLC, según una notificación de la comisión legislativa.



Sources: metro.pr

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