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Puerto Rico

Abogan por un protocolo uniforme de emergencia nacional

Abogan por un protocolo uniforme de emergencia nacional


Una ley que establezca un protocolo de emergencia nacional, una política pública de comunicación constante que permita la coordinación efectiva de los componentes del sistema de salud y una revisión al modelo de financiación son varias de las alternativas que ejecutivos del sector hospitalario han puesto sobre la mesa, ahora que el coronavirus ha puesto en jaque el ofreciemiento de estos servicios en Puerto Rico.

“Voy a sugerir que se cree un protocolo de emergencia nacional para evitar tanta improvisación y evitar las reacciones de último minuto”, dijo el presidente de los directivos del Doctors’ Hospital, Carlos M. Blanco, haciendo referencia a la forma en que el gobierno ha manejado la pandemia del coronavirus.

El jueves pasado, la gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció un rescate de $150 millones al sector hospitalario privado de la isla, luego de que la orden de cuarentena para atajar el COVID-19 les dejara sin pacientes.

Pero el salvataje económico, según los ejecutivos, es solo parte de lo que se necesita. A juicio de los entrevistados, quienes hicieron sus expresiones antes de que el rescate gubernamental se hiciera público, debe utilizarse este período en que el número de infectados de coronavirus ha permanecido a niveles manejables, para hacer los ajustes necesarios.

De esa forma, el ecosistema de salud estará disponible para el cuidado regular de la salud y ante la posibilidad de otra ola de contagios.

Hace casi dos años y a pesar de que Puerto Rico ha recibido miles de millones de dólares para el sector de la salud tras el huracán María, El Nuevo Día reportó que la isla carece de un sistema coordinado para atender situaciones de emergencia y muchos menos para una emergencia sanitaria de gran escala. A la fecha, no se conoce de ningún avance por parte del estado para corregir la situación.

Respuesta desarticulada

Según el principal oficial ejecutivo de HIMA-San Pablo, Armando Rodríguez, en medio de la confusión que creó la pandemia, llegó a hacerse una interpretación errada de las directrices del Departamento de Salud en torno a los procedimientos electivos.

“No se impedía que se hiciera lo necesario, pero el que un procedimiento sea electivo no significa que pueda postergarse indefinidamente”, destacó Rodríguez.

Hace una semana, Negocios de El Nuevo Día reveló un análisis de la firma FPV & Galíndez que concluyó que los hospitales de Puerto Rico perdieron al menos de $69.4 millones durante el período más rígido de la cuarentena, entre el 16 de marzo y el 3 de mayo.

La discusión pública se ha centrado en la falta de pruebas suficientes, en la ausencia de sistemas de rastreo de casos y en las incongruencias en el manejo de los datos. Pero según los entrevistados, aunque ha habido encuentros con oficiales del gobierno, en la práctica, los hospitales, los centros de diagnóstico y tratamiento y las salas de emergencia -que son el frente de batalla ante la pandemia- quedaron en segundo plano y en muchos casos, fuera del proceso decisional.

“Hay un disloque, quien está en el frente, está dispuesto a exponer su vida, pero no tiene el respaldo económico que necesita”, dijo Blanco.

“No quisiera ser injusto, pero se falló en lo que es la coordinación y la comunicación. Sin buscar culpables, el evento mayor que tuvieron fue la falta de confiabilidad de sus estadísticas”, dijo Ángel Álvarez, vicepresidente de Operaciones del sistema Metro Pavía.

“Esa falta de data precisa hizo que cada sistema de hospitales tuvo que establecer sus propios protocolos. Al no tener data fidedigna, se afectó la planificación”, continuó Álvarez, al agregar que uno de los efectos de la pandemia ha sido el regreso de pacientes “descompensados” porque no trataron a tiempo su cuadro de salud”

Soluciones a la improvisación

En un plazo de apenas semanas, los ejecutivos hospitalarios escucharon al menos cuatro estrategias distintas para atender la crisis sanitaria. En principio, el gobierno habilitaría el hospital regional de Bayamón para casos de coronavirus. Luego, el gobierno les pidió que se prepararan, retuvieran a su personal y atendieran a los infectados, pero acto seguido, supieron que el gobierno ponderaba construir un hospital en el Centro de Convenciones.

“Desde el día uno, hemos tenido la capacidad de responder. Lo del Centro de Convenciones, no sé cómo surgió, pero montar un hospital con 1,500 camas allí iba a costar por lo menos $250 millones”, señaló Rodríguez.

“Escuchamos proyectos de convertir el hospital del Centro Correccional y los hospitales psiquiátricos en hospitales para atender los casos de COVID-19. Escuchamos lo de Bayamón, oímos de traer barcos cruceros para atender a los pacientes, mientras aquí los hospitales estaban vacíos”, relató Blanco.

De acuerdo con Blanco, Puerto Rico no debe repetir lo vivido en el huracán María y tampoco lo sucedido con la pandemia y para evitarlo, aseguró que hace falta legislación que establezca cuál será la línea de acción, quién tomará las decisiones que se necesiten, desde contratación hasta qué entidades públicas y privadas participarán en la respuesta ante una crisis de salud pública.

Llamado a examinar el modelo

De igual forma, según Rodríguez, es hora de que se mire el modelo de financiación de salud.

Explicó que ahora que hay menos instituciones bancarias en la isla y que las existentes no tienen apertura a financiar más proyectos de salud, el gobierno debe viabilizar algún mecanismo para allegar capital o un programa de interés preferencial que permita a las instituciones seguir haciendo inversiones cónsonas con el progreso de la ciencia.

“Los hospitales han caído en manos de los mismos fondos que tienen la deuda del gobierno”, dijo Rodríguez.

“Ahora mismo, el gobierno federal financia casi la totalidad de la reforma de salud, pero tenemos que preguntarnos si eso puede continuar, si a eso le sumamos el hecho de que la banca no está prestando capital y ahora que va a haber menos bancos, va a ser un reto”, coincidió Álvarez al señalar que cada vez, se traslada “más riesgo” al proveedor de salud y los planes médicos reciben “más rendimiento”.

“Es hora de que las aseguradoras entiendan que los proveedores no somos sus adversarios y que debemos trabajar por el bienestar de los pacientes como un equipo”, aseveró Blanco.



Sources: metro.pr

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