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Puerto Rico

Unos 15 municipios experimentarán una reducción de hasta 30% en remesas de ingresos presupuestados

Unos 15 municipios experimentarán una reducción de hasta 30% en remesas de ingresos presupuestados


Unos 15 municipios tendrán para el próximo año fiscal -que comienza en julio- una reducción en remesas de entre un 25% hasta poco más de un 30% de los ingresos presupuestados, de acuerdo con estimados del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

La reducción presupuestaria para Adjuntas, Aguas Buenas, Barranquitas, Ciales, Comerío, Florida, Guánica, Jayuya, Las Marías, Loíza, Maricao, Maunabo, Naranjito, Orocovis y Utuado proviene de una reducción en el Fondo de Equiparación de $107,535,042.69.

“La causal de eso es que el Fondo de Equiparación, que es el que beneficia a gran parte de estos municipios, va a recibir una reducción sustancial”, explicó el presidente de la Junta de Gobierno del CRIM y alcalde de Cidra, Javier Carrasquillo.

El Fondo de Equiparación es un pote de dinero que se nutre de la aportación de los municipios. Es repartido en remesas mensuales que reciben los municipios a través del CRIM. Las remesas se estiman y al final del año fiscal se verifica si hubo sobrantes o no.

Este fondo, sin embargo, debe desaparecer para 2024, mediante una reducción anual de $44 millones, según se estipuló en el plan fiscal certificado sometido por el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares. La Ley 29, que eximía a los municipios de la aportación al plan de salud del gobierno y del pago al retiro, evitaba la eliminación de ese fondo. Pero el estatuto fue declarado nulo recientemente por la jueza Laura Taylor Swain, luego de que fuese impugnado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Mientras estuvo vigente la Ley 29, cada municipio aportaba al Fondo de Equiparación el 90% de lo que representaba su pago al retiro y el 50% de lo que debía contribuir al plan de salud del gobierno.

De esa forma, explicó Carrasquillo, mantuvieron vivo el Fondo de Equiparación para distribuir las remesas mensuales.

El pasado año fiscal, con las aportaciones que dejaron de pagar al Estado para el plan de salud y para el retiro, los alcaldes -populares y novoprogresistas- lograron inyectar al Fondo de Equiparación $488,461,428.

Ese fondo, idealmente, debe tener $515 millones para distribuir entre municipios pequeños y medianos, que son los que generalmente tienen menos ingresos.

Despidos y cierre de operaciones

Las Marías es el pueblo más afectado con una reducción presupuestaria de 34.11%.

“Si nos quitan eso no podemos operar. Me quedaría con $4.1 millones (de presupuesto) para seis barrios con mucha necesidad de empleo”, dijo el alcalde Edwin Soto.

“Tendríamos entonces que reducir empleados porque imagínate, no podría con la carga. Bregaríamos con muy poco personal y habría que hacer reducción hasta de horario”, agregó.

El Municipio de Las Marías es el principal patrono y cuenta con alrededor 400 empleados, precisó Soto.

“Eso es un poco más difícil para nosotros como está la economía”, dijo cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que el ayuntamiento genere ingresos.

Destacó que antes de la pandemia del COVID-19 intentó promover el turismo en su pueblo, “pero ahora…”

El alcalde de Maunabo, Jorge Luis Márquez, tiene un relato similar.

“Yo solo genero en patentes $120,000. De dónde sacaría los chavos, ¿de la gente, del comercio?”, cuestionó el alcalde cuyo municipio recibiría -a partir de julio próximo- una baja presupuestaria de un 27.29%.

Márquez se quejó de que el problema fiscal de los municipios se había anticipado desde la administración de Alejandro García Padilla, pero nada se hizo cuando propusieron a la Legislatura que dejara en manos de los municipios el dinero que anualmente deben aportar para pagar la deuda del Estado. Eso representa cerca de $120 millones anuales.

Ahora, dijo Márquez, las decisiones las toma la JSF, que, según el ejecutivo municipal, no aboga por el gobierno ni por los municipios, sino por el dinero que le corresponde a los bonistas.

“¿A qué vino la Junta? No fue a resolver el problema. ¿Cuál es la meta de la Junta? Buscar el dinero de los bonistas. Esa es la realidad”, afirmó.

La JSF exigió a los municipios -a través del CRIM- que paguen los $198 millones que dejaron de pagar este año fiscal gracias a la Ley 29. El CRIM acató la decisión, pero Carrasquillo advirtió que no tienen el dinero para las remesas de mayo, junio y julio.

Además, ha abogado por una solución permanente para garantizar la existencia del Fondo de Equiparación. La respuesta a este llamado es que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) incluyó en el nuevo plan fiscal, que debe ser certificado en mayo, la posibilidad de que el Estado cubra por dos años la insuficiencia de los municipios y parcialmente por tres años.

“Cualquier solución será a través del plan fiscal del gobierno en conjunto con el plan fiscal del CRIM”, sostuvo el director ejecutivo de la Aafaf, Omar Marrero.

El portavoz de la JSF, Edward Zayas, se expresó en la misma dirección.



Sources: metro.pr

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