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Las peras del olmo | El Comercio

Quito, víctima de la costumbre de orinar sin pudor


Voy a pedir que el olmo produzca peras. Seguramente será inútil lo que aquí se plantea, porque la política, y las instituciones en que ella anida, no están para temas “impopulares”, que compliquen los planes y las visiones de los eternos candidatos a todo. Pese a ello, arriesgo lo siguiente:

1.- Reforma profunda del ordenamiento jurídico.-La fuerza mayor extraordinaria y sus consecuencias, (i) pusieron en entredicho la capacidad de conducción del Estado y la representatividad de la clase política; (ii) superaron al Derecho civil, comercial, laboral, tributario y financiero, y algunas instituciones en torno a las cuales giraba la vida social; (iii) están provocando efectos no previstos, por inusuales y profundos, en las relaciones jurídicas públicas y privadas, y en las tareas y potestades del Estado, incluso en la forma de entender la democracia, como sistema electoral dirigido a consolidar el poder de caudillos o partidos, y dominar la sociedad, que sostiene esa estructura con su obediencia y dinero, su tolerancia y complicidad. Hay que asumir la gravedad del evento y la prolongación de sus efectos económicos y sociales. No es asunto de mirar por el retrovisor, quedarse anclado en el “antiguo régimen”, negar la caída de algunos paradigmas y pasar la página.

Aunque se supere, y ojalá sea pronto, el grave problema sanitario, la cola de complicaciones será larga y compleja. Y será insuperable si se incurre en la ceguera, y en la irresponsabilidad, de no tomar al toro por los cuernos y aceptar el desafío de hacer cambios sustanciales en instituciones y normas que quedaron obsoletas por la fuerza de los hechos. La tarea incluye, por cierto, enmendar las deformaciones constitucionales o legales que la demagogia, el desconocimiento, el populismo y los intereses creados generaron.

2.- El Estado como institución para servir.- 2.1.-La pandemia puso en entredicho no solo al sistema hospitalario, dejó inerme y mostró de cuerpo entero a un Estado que ha venido acopiando poder y recursos para su disfrute y regodeo, que ha invadido innumerables espacios de la sociedad, y que regula, a título de equidad, solidaridad y justicia, infinidad de temas, y se mete con los derechos de las personas.2.2.- Ahora, como ya lo hizo en el pasado, el Estado invasor, como respuesta a la calamidad, plantea, fundamentalmente, extraer más recursos de las personas y empresas, acumular fondos que pertenecen a la gente para atender sus necesidades, financiar sus deudas y sostener su burocracia. Es decir, apuntalar su condición de “ogro filantrópico”, que manda, gruñe y reparte.2.3.- Que hay que afianzar el sistema de salud y seguridad, eso no se discute, la solidaridad es una obligación, pero quedan innumerables dependencias innecesarias y facultades excesivas que no se tocan, y que hay que tocar. La cifras de la burocracia, la enormidad del aparato público y su inutilidad, me relevan de cualquier comentario. ¿Por qué no rebajar los horarios de la burocracia y pagar por jornada real trabajada?

2.4.- El Estado como servicio.-En síntesis, hay que replantear el poder exclusivamente como servicio a la comunidad, no como privilegio. Hay que depurar las prácticas políticas, eliminar las contribuciones para campañas, recortar los gastos sin miramiento, y clausurar instituciones que no respondan al concepto directo de “servicio a la sociedad”, que incluye, exclusivamente, salud, educación, justicia, seguridad y protección ambiental. Nada más.

3.- La liberación de la iniciativa privada.-La sociedad ecuatoriana está cargada de tabúes y complejos que frenan el progreso y condicionan, cuando no prohíben, el ejercicio del derecho a la iniciativa privada. La empresa es, en cierto modo, la “mala de la película”. Paradójicamente, la mayoría de las personas aspira a ser empresario, a tener negocio propio y, como es lógico, a ganar dinero.

La iniciativa es un derecho humano que no se reconoce, o se lo hace tangencialmente entre el marasmo burocrático. Como tema central, hay que propiciar y defender esa virtud humana, y generar las condiciones que la impulsen. Aquello de la “sociedad de emprendedores” debe pasar de enunciado a realidad. La tarea del Estado es hacer posible que ello se cumpla, y dar las pautas para que la empresa canalice los intereses de la sociedad, evite los monopolios y abusos y dote de razonabilidad al ejercicio de sus derechos, y generar reglas de convivencia y equidad entre los intereses de los emprendedores, los trabajadores y consumidores.

5.- El trabajo y el derecho al empleo.- El régimen legal vigente apunta, básicamente, a afianzar la posición de quien ya tiene empleo, bajo una concepción paternalista del Estado: el derecho social. Generar puestos de trabajo en el Ecuador es tarea complicada, costosa y riesgosa. Paradójicamente, el principal problema es el desempleo/subempleo. Y el Estado no está para actuar ni como empresario ni para generar subsidios y auxilios indefinidos, ni para cumplir el papel de cazador de empresarios para imponerles sanciones. A la empresa le corresponde la tarea de producir bienes y servicios y crear oportunidades de trabajo. El objetivo principal de la ley laboral debería ser la promoción del empleo, la diversificación de oportunidades, la capacidad de imaginar y poner en práctica toda suerte de modalidades de trabajo, sin necesidad de que el Estado las defina. La ley debería establecer nociones esenciales, generales, y que el resto quede a cargo de las partes, que conocen sus intereses y las condiciones de cada labor. Se debería pasar de la legalidad y la regulación estrechas, a los acuerdos individuales, a la transacción como sistema. El contrato, y no la autoridad ni la ley, deberían ser la sustancia de la relación.



Sources: elcomercio.com

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