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Mayra López Mulero pide a la Cámara posponer la vista de Juan Maldonado

Mayra López Mulero pide a la Cámara posponer la vista de Juan Maldonado


Mayra López Mulero, abogada de Juan Maldonado, solicitó ayer en la tarde la citación de su cliente para que comparezca mañana a una vista pública de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes sea pospuesta para el lunes.

Maldonado, exadministrador de la Autoridad de Transporte Marítimo durante este cuatrienio, sirvió como enlace entre la compañía Apex General Contractors y el task force médico del gobierno para la fallida compra de un millón de pruebas rápidas de COVID-19 a un costo de $38 millones.

Maldonado hizo un presunto primer acercamiento al doctor Segundo Rodríguez Quilichini por mensaje de texto el 22 de marzo, cuando le envió un resumen del catálogo de productos a los que la compañía decía tener acceso, incluyendo pruebas rápidas para detectar el nuevo coronavirus.

Una vez Rodríguez Quilichini le dijo al personal de la División de Compras del Departamento de Salud que compraran los productos, en tiempo récord se tramitó toda la transacción para emitir a la empresa un primer adelanto de $19 millones cuando la compañía no tenía una relación contractual con el suplidor. La transacción se realizó el 26 de marzo.

Apex prometió que en cinco días, a partir del 26 de marzo, entregaría las pruebas y no cumplió. El dinero fue devuelto al gobierno, pero nadie se ha hecho responsable de la transacción.

En entrevista con El Nuevo Día, López Mulero indicó que mañana no puede acompañar a su cliente a la Cámara de Representantes por compromisos previos. En entrevista por separado, el presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales, confirmó que recibió la carta de la abogada ayer, pero que no la ha leído. Dijo también que tomará una determinación en la tarde sobre si pospone o no la citación de Maldonado.

“Si hay una causa justa, se va a evaluar. Si no, seguiría para mañana”, dijo Morales a El Nuevo Día.

Para mañana también está citado Ricardo Vázquez, uno de los socios fundadores de la empresa 313 LLC. Esta compañía sufrió un revés ayer en el Tribunal de San Juan cuando solicitó un interdicto para obligar al gobierno a recibir 51,000 pruebas serológicas que ya se compraron y pagaron en su totalidad. El gobierno repartió entre miembros de la prensa y la propia Comisión de Salud una orden de compra en que se consigna que a la compañía se le pagó el 60% del costo del producto.

La compra se hizo el 24 de marzo, cuando se pagaron $36 por unidad para un total de 100,000 pruebas marca Nova Test. El gobierno se niega a recibir las pruebas alegando que la entrega del producto no se concretó en el tiempo acordado.

La compañía sostiene que no pudo entregar las 100,000 pruebas el lunes 6 de abril como acordado por fuerzas mayores que no estuvieron bajo su control y que tuvieron que ver con retrasos mundiales en los servicios de transporte debido a la pandemia. 313 LLC entregó las primeras 49,000 pruebas el 13 de abril, además de 500 pruebas de una primera orden realizada el 20 de marzo.

El 15 de abril, Salud le solicitó a Vázquez un ajuste en el precio al levantar como argumento el atraso en la entrega de las pruebas. La compañía sostiene que las restantes 51,000 pruebas llegaron a Puerto Rico el 18 de abril y están disponibles para el gobierno desde el 21 de abril.



Sources: metro.pr

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