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Los proveedores de servicios de salud se encuentran al borde del colapso

Los proveedores de servicios de salud se encuentran al borde del colapso


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Cuando se decretó el inicio de la cuarentena por el COVID-19 en Puerto Rico -el 15 de marzo-, el objetivo principal era evitar una ola de casos tan grande que colapsara el sistema de salud, en especial, el hospitalario.

Ahora, unas seis semanas después, mientras los hospitales continúan esperando más casos de coronavirus, otro de los componentes del ecosistema de sanidad en Puerto Rico colapsa: los proveedores de salud bajo el modelo de servicios prestados (FFS, en inglés).

Aunque se pensaría que son servicios esenciales, profesionales de distintos sectores de la salud aseguran que la cuarentena por el coronavirus les ha colocado contra la pared.

Ante la falta de pacientes, proveedores se han visto forzados a reducir sus horarios o cerrar sus oficinas permanentemente, lo que, a su vez, les ha obligado a suspender o despedir empleados.

“No sé cómo podremos continuar pagando a nuestros empleados, los tengo a media jornada”, admitió, preocupado, el gastroenterólogo Francisco Cebollero, quien tiene su práctica en Mayagüez. “Estamos insolventes, esa es la realidad”.

De acuerdo con Cebollero, luego del cierre forzoso del gobierno y ante las directrices para suspender procedimientos que se consideran electivos, se vio obligado a suspender el cuidado de sus pacientes, lo que podría afectar el estado de salud de estos.

“El sistema de salud privado de Puerto Rico es muy frágil”, sostuvo Cebollero.

A diferencia de los médicos primarios y los llamados grupos IPA, que reciben una mensualidad de las aseguradoras por el concepto de “capitation”, proveedores de salud como dentistas, gastroenterólogos o laboratorios clínicos, entre otros, generan ingresos cuando facturan a las aseguradoras los servicios al paciente.

A pesar de que las aseguradoras han indicado públicamente que han acelerado los pagos pendientes, los entrevistados señalan que muchos no han accedido a las ayudas aprobadas a nivel local, y sin pacientes, no hay qué facturar.

De otra parte, los proveedores levantaron bandera porque la mayor parte de las ayudas aprobadas en la ley federal Cares se otorgará excluyendo Medicare Advantage, programa que domina el 75% de ese mercado en la isla. Otros fondos federales aprobados para que los proveedores reclamen las pérdidas por la cuarentena son desconocidos a nivel local.

Bajo la ley federal Cares, se separaron alrededor de $150,000 millones para ayudar a hospitales y proveedores de salud. Sin embargo, los paliativos más significativos en el Cares Act se otorgan según la facturación de los proveedores al programa Medicare tradicional, dejando fuera el programa privatizado Advantage.

En Puerto Rico, según Cebollero, son las aseguradoras Advantage las que reciben una prima mensual por estos pacientes. Pero, a la fecha, dijo el galeno, no ha habido un esfuerzo concertado desde el gobierno o el Congreso para procurar que las aseguradoras faciliten esos recursos a los proveedores de salud.

La situación con Medicare Advantage y el Cares Act no es única de Puerto Rico. Proveedores, en Oregon y Texas, sufren la misma situación, supo este diario.

En las pasadas semanas, la gobernadora Wanda Vázquez Garced, la comisionada residente Jenniffer González y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) han escrito al Departamento de Salud federal y al Centro de Servicios para Medicare y Medicaid (CMS) para corregir la situación con el programa Advantage, pero tales esfuerzos no han rendido frutos.

“Estamos en una situación de indefensión total”, dijo Cebollero, al indicar que las penurias actuales se unen a la cancelación unilateral de contratos o las pocas probabilidades de prevalecer en un litigio para cobrar reclamaciones pendientes.

Sin acceso a servicios de salud

La crisis que ha provocado la falta de pacientes no es distinta en la oficina del dentista David Kerr en Humacao.

“En las primeras semanas (de la cuarentena), de lo único que se hablaba era del colapso de médicos y hospitales, pero lo advertimos. Dijimos que otros proveedores, como nosotros, íbamos a colapsar más adelante y aquí estamos”, lamentó Kerr.

Según el también presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas (CCD), una encuesta realizada por esa organización a unos 675 dentistas demostró que casi seis de cada 10 de estos profesionales, en Puerto Rico, se vieron obligados a despedir a sus empleados como resultado del encierro asociado con el coronavirus.

En promedio, se estima que cada oficina dental emplea tres personas. Considerando que hay unos 1,100 dentistas, según el Colegio, se trata de unos 4,400 trabajadores.

“Hay una verdadera crisis de servicios”, agregó el dentista.

Diariamente, el Colegio recibe unas 150 llamadas de pacientes en busca de ayuda. Según Kerr, estas personas son referidas a los dentistas que atienden emergencias. Pero relató que ha habido casos en los que el proveedor más cercano a un paciente en Naguabo, por ejemplo, está en Ponce.

En el caso de los dentistas, que llevan una lucha por que sus tarifas, o FFS en inglés, no han visto aumentos en 25 años, Kerr cree que cuando las oficinas dentales reanuden sus servicios, muchas no serán viables financieramente.

Indicó que, a raíz de la pandemia, los dentistas tendrán que invertir más recursos para evitar la propagación del COVID-19, y habrá que reducir el número de pacientes por día para que las salas de espera no estén atestadas.

Un caos sin necesidad

Mientras el gobierno no puede ofrecer explicaciones claras sobre las pruebas de COVID-19, los pacientes se han desvanecido, indicó Juan E. Rexach, presidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos de Puerto Rico (ALC).

Los laboratorios esperaban una avalancha de pacientes que, al parecer, no se ha materializado. En contraste, laboratorios clínicos como el que Rexach gestiona junto a su familia en Fajardo han pasado de atender 50 pacientes diarios a ocho.

“Es frustrante”, dijo Rexach.

De acuerdo con el tecnólogo médico, desde el inicio de la cuarentena, lo que llega a los laboratorios clínicos son pruebas para determinar el conteo de glóbulos en sangre (CBC, en inglés), pruebas para diagnosticar micoplasma o influenza y, las menos, para el COVID-19.

“No vemos ni el 10% de la facturación por el distanciamiento social. Nuestros pacientes de rutina, nuestras fuentes de ingreso, no están”, indicó Rexach.

Agregó que se ha dicho que las pruebas de COVID-19 serán cubiertas por las aseguradoras, pero en la práctica, hay laboratorios con reclamaciones denegadas.

Rexach relató que, por la emergencia, escasean todo tipo de suplidos médicos y que los laboratorios y otros proveedores los pagan a sobreprecio, pues el gobierno no procuró que estos materiales fueran priorizados. “No pedimos dinero, pedimos supervisión para que esto no pasara”.

La ALC representa unos 200 laboratorios clínicos en Puerto Rico, en su mayoría empresas pequeñas y medianas de capital local. Según Rexach, en total, hay unos 900 laboratorios clínicos en la isla y su historia no es muy distinta.

Por lo general, los laboratorios clínicos suelen emplear unas cinco personas, pero algunos emplean 15 personas o más, se indicó.

Rexach sostuvo que cuando comenzaron a tomarse medidas para hacer frente a la pandemia, la ALC se puso a la disposición del gobierno para ayudar en la detección y en reportar los casos al Departamento de Salud. Pero, en la práctica, y a pesar de una carta normativa, las llamadas pruebas rápidas continúan siendo administradas por médicos.

Según Rexach, la ACL incluso hizo un llamado para que el gobierno analizara la confiabilidad de las pruebas rápidas que utiliza (es decir, que tuvieran la sensitividad adecuada para detectar casos positivos), pero se desconoce si ese proceso de validación se hace en Puerto Rico.

“Hoy, vemos los resultados lamentables que estamos teniendo”, señaló Rexach en referencia a los cuestionamientos en torno a la detección de casos de COVID-19.

De acuerdo con Rexach, ante la falta de pacientes, muchos laboratorios redujeron su horario de servicios con la expectativa de continuar en operaciones.

“La segunda fase que adoptamos los laboratorios fue solicitar los préstamos (de emergencia) para cubrir la nómina, pero a muchos no se los han aprobado todavía”, añadió Rexach. “Un 10% de los laboratorios en la Asociación ya ha tenido que despedir empleados y quedarse con lo mínimo para continuar operando”.



Sources: metro.pr

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