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Wanda Vázquez se lava las manos de las controversias generadas por la pandemia

Wanda Vázquez se lava las manos de las controversias generadas por la pandemia


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“Yo soy una persona de ley y orden”. Esa frase se ha convertido de pronto en el mantra de Wanda Vázquez Garced, abogada y exfiscal convertida en gobernadora, al navegar el picado mar del COVID-91.

Vázquez Garced ganó elogios cuando, temprano en la emergencia, decretó lo que, en su momento, fue una de las cuarentenas más estrictas en América. Miles se encerraron en sus casas entendiendo el momento. Pero, desde entonces, los contratiempos se han ido amontonando como yerbajos en un parque dejado de usar debido a la cuarentena.

Están las enormes dificultades que ha enfrentando el gobierno para procurar las pruebas y el rastreo de contactos para saber quién puede tener el virus sin saberlo. La reciente revelación de que el Departamento de Salud ni siquiera contaba los casos y la entrada del Instituto de Estadísticas para ayudarle a serlo.

Y, por último, la monumental controversia relacionada con el intento de su administración de comprarles más de un millón de pruebas a empresas sin experiencia en ese campo, pero bien conectadas al Partido Nuevo Progresista (PNP), una encendida polémica cuyo ardor se ha sentido hasta en La Fortaleza y que se llevó enredado hasta al grupo médico que Vázquez Garced nombró para ayudarla en este tema.

Ante la tormenta, la gobernadora responde lavándose las manos, repartiendo culpas y aferrándose a una estricta interpretación de las leyes para decir “yo soy un persona de ley y orden” y plantear que no tiene ninguna responsabilidad en las grandes dificultades que ha enfrentado la respuesta puertorriqueña al COVID-19.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras organizaciones salubristas han establecido unas guías para que los países puedan reabrir sus economías. Tres criterios principales son una reducción sostenida en casos nuevos, rastreo de contactos y abundancia de pruebas. Puerto Rico cumple esos criterios. ¿Estamos listos o en vías de volver a la normalidad?

—Nosotros no hemos determinado todavía que Puerto Rico está listo para reabrir. Vamos a examinar las recomendaciones por fases del “task force” económico. Pero todas tienen que ser en conformidad con el “task force” médico. Para mí, lo más peso que va a tener es que nosotros tengamos el rastreo de contactos, pruebas y que no tengamos una curva que se haya estabilizado o que vaya ya declinando.

Hay una campaña de empresarios, cuyo lema es “estamos listos”. ¿Usted coincide o siente alguna presión de ese grupo?

—No siento presión. He visto la campaña y mi mensaje es que los vamos a escuchar a todos. Pero es importante que sepan que la prioridad es la seguridad de ellos, de sus familiares y del pueblo puertorriqueño.

Hace más de un mes que estamos en cuarentena. La gente aceptó esta orden porque comprendió que era su responsabilidad. Pero esperábamos que el gobierno también cumpliera con el conteo de casos, el rastreo de contactos y las pruebas. Tiene uno la impresión de que el gobierno no cumplió.

—El Departamento de Bioseguridad del Centro Médico está trabajando para que se dé el rastreo de contactos. Eso se está realizando. Quizás no de la manera que nosotros quisiéramos. Podemos ir a diferentes estados de Estados Unidos donde todos tienen el mismo problema.

Hay desafíos en todo el mundo, pero cosas tan elementales con el rastreo de contactos se está haciendo.

—Lo que pasa que no es algo tan sencillo. Sobre eso, se está trabajando.

Lo que yo digo es que la sociedad respondió al quedarse en sus casas, pero el gobierno no cumplió su parte.

—Yo creo que se ha respondido. Es una situación no esperada.

¿Cómo usted puede explicar que, a más de un mes de esta emergencia, recién el Departamento de Salud se dé cuenta de que no está contando bien los casos?

—Se corrigió, aunque muchas personas no lo quieran aceptar.

¿Cómo usted explica que haya pasado más de un mes para corregirlo?

—¿Qué respuesta esperan que se dé en esto? Se ha trabajado.

Una de las razones por las que no tenemos suficientes pruebas fue por ese negocio fallido con la constructora Apex. Usted respondió suspendiendo contratos. Sin embargo, no se ha visto ninguna asertividad con la gente que desde el lado del gobierno participó de esta transacción.

—(Muestra un papel). Aquí, hay una carta circular. Toda compra del Departamento de Salud tenía un procedimiento y yo tengo que asumir que las personas siguieron este procedimiento. Si alguien violentó ese proceso, porque obviamente Fortaleza no interviene en ese proceso, yo siempre he sido una persona de ley y orden. Que se llegue hasta las últimas consecuencias.

¿Qué está haciendo para averiguarlo?

—Se está llevando a cabo una investigación en el Departamento de Justicia. El FBI (Negociado Federal de Investigaciones) y el inspector general de Estados Unidos también. Damos la bienvenida a todos ellos.

El Departamento de Salud le compró a la compañía 313 LLC, que tampoco tenía experiencia, 101,500 pruebas a $36 y $45 cuando esas pruebas se consiguen a menos de $3. La mitad de esa orden tampoco ha sido entregada. Estamos ante otra transacción que tampoco fue óptima. ¿Cuál es su reacción a eso?

—Debe explicarlo el secretario de Salud. En ese caso, estaba la secretaria Concepción Quiñones de Longo, que autorizaba esas compras. Todo el mundo quería tener para Puerto Rico las pruebas. Y todo el mundo hizo el mejor esfuerzo por tener esas pruebas.

Están escasas y encima de eso se las queremos comprar a gente sin experiencia. ¿Usted no cree que alguien tiene que responder por eso?

—En términos de recursos económicos, el pueblo no ha perdido.

¿Usted cree que fue sabio, habiendo empresas con amplia experiencia, hacer negocio con esas compañías?

—Los expertos en ese tema son los médicos y el Departamento de Salud. Si ellos avalaron esas compras, pues ellos entenderán y explicarán por qué.

Testimonio tras testimonio en la investigación sobre esto en la Cámara de Representantes señalan a personas de La Fortaleza, cercanas a usted, como involucradas en la compra y selección de estas compañías. Su ayudante Marisol Blasco y a la subsecretaria de la Gobernación, Lillian Sánchez. ¿Usted les ha pedido cuentas a esas personas?

—No he estado al tanto de las vistas. Pero la función pura de Marisol Blasco era darle seguimiento a que las personas cumplieran. En ningún momento, ella le ha dado instrucciones de firmar contratos. Aquí, no ha habido acción ilegal.

En ese proceso de dar seguimiento, ¿no le informaron a usted de estas compañías a las quele compraban estas pruebas?

—(Vuelve a mostrar el papel). En ningún momento tienen que venir a Fortaleza. Esa no es mi función. Yo soy una persona de ley y orden.

¿El secretario de la Gobernación, Antonio Pabón, tampoco tenía conocimiento de esa transacción?

—Fortaleza no interviene en las compras. Es los funcionarios con el ‘expertise’. (Muestra el papel). Dime aquí, en este documento, dónde dice que tienen que venir a Fortaleza. En ningún lugar lo dice.

Con todo respeto, cuesta entender cómo ese tipo de transacciones tan grandes se hacen y a usted en ninguna reunión nadie le comenta que están comprando un millón de pruebas.

—Se pudo haber explicado que se estaban haciendo gestiones para las pruebas. Pero la determinación de las compras no le corresponde a la gobernadora.

En otros momentos recientes, al gobierno le ha dado trabajo disponer del dinero de asistencia que llega de Estados Unidos. ¿Qué pasos se han tomado para asegurarse de que el dinero que llegó el miércoles no se quede atascado en la burocracia como ha pasado antes?

—Lo haremos de una manera transparente y que el pueblo de Puerto Rico pueda ver cómo se va a distribuir.

Gente en la que usted delegó, por ejemplo, el tema de las pruebas, le falló. ¿No teme que con las personas a las que usted delegue la distribución de estos fondos vuelvan a pasar cosas que después sean difíciles de explicar?

—Lo vamos a hacer de una manera muy responsable, muy rigurosa. Yo soy una persona que siempre me he dejado llevar por los reglamentos y por la ley.



Sources: metro.pr

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