Puerto Rico

Hacienda recomendó pago adelantado de $19 millones para compra de pruebas tras llamada de Adil Rosa

Hacienda recomendó pago adelantado de $19 millones para compra de pruebas tras llamada de Adil Rosa


El Departamento de Hacienda, específicamente Alfonso Rossy, secretario Auxiliar de Contabilidad Central del Gobierno, recomendó el pago adelantado de $19 millones a la empresa Apex General Contractors por la compra de un millón de pruebas de COVID-19 por $38 millones, luego de que Adil Rosa Rivera, ex secretaria Auxiliar de Administración del Departamento de Salud se comunicara telefónicamente para solicitar el desembolso.

“(Rosa Rivera) Llama para ver cómo podemos darle la mano en el proceso”, dijo Rossy al referirse a la llamada realizada el 26 de marzo. “Como trabajaba con otras compras en Salud…”, agregó en la continuación de las vistas públicas de la Comisión de Salud sobre múltiples compras realizadas en el contexto de la emergencia de COVID-19.

Tras la comunicación de Rosa Rivera, de la que no hay evidencia, Rossy se comunicó con Jeira Belén, secretaria auxiliar del Tesoro, quien tramitó el pago que recibió la empresa en o antes del mediodía del 27 de abril.

Rossy, quien insistió en que Hacienda cumplió con todas las normas y reglamentos aplicables para la transacción, dijo no recordar si Belén presentó algún tipo de preocupación con la transacción.

Rossy justificó acceder al pago al sostener que Rosa Rivera estaba autorizada para hacer solicitudes de pagos por adelantado por el Departamento de Salud, pero reconoció que, para ese entonces desconocía que la dependencia autorizada para hacer las compras de emergencias era, por virtud de una Declaración de Emergencia de la gobernadora Wanda Vázquez, el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres.

“No sabía que las órdenes de compra vendrían de NMEAD”, dijo Rossy.

El funcionario justificó que se autorizara el pago por adelantado a Apex al argumentar que “a mi juicio” la petición del adelanto cumplía con los requisitos para este tipo de pago: que el producto escaseaba, que se estipuló en el contrato lo que llamó una “práctica comercial” y que el licitador había solicitado el adelanto de 50%.

“Entendíamos que se podía adelantar”, dijoRossy. “Pudimos llegar a la conclusión de que había una escasez de pruebas”, dijo al referirse a la transacción del 26 de marzo. Para ese entonces ya se habían autorizado pagos por la compra de pruebas con otras empresas: 313 LLC y Maitland 175.

Rossy argumentó que el expediente de Salud para la compra a Apex incluyó una copia de una orden administrativa firmada por el exsecretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, en que se indicaba que todas las compras, como las de medicamentos, reactivos, pruebas y equipo de protección personal se harían a través de Salud. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales, llevó a Rossy a reconocer que los reglamentos aplicables de Hacienda para pagos por adelantado no le dan ningún peso a órdenes administrativas como esa.

“Pero ante la orden ejecutiva, las prácticas se modifican”, insistió Rossy.

¿Una transacción tan importante se decidió hacer por una llamada telefónica? ¿Para el pago de $19 millones?, preguntó Morales.

“Eso fue así”, respondió Rossy.

A preguntas, Rossy rechazó que el secretario de Hacienda, Francisco Parés, tuviera conocimiento de la transacción del pago por adelantado a Apex. La cancelación del pago a la empresa y el proceso de devolución de dinero sí se hizo con el conocimiento de Parés, dijo.

“Entendía que (la compra) era lo que hacía falta para el pueblo de Puerto Rico”, sostuvo Rossy al defender la transacción.

En la vista de hoy también trascendió que no se le requirió a Apex el pago de una fianza. Según Rossy, debido a la cuarentena no había empresas de fianzas disponibles para hacer ese trabajo.

Rossy reconoció, a preguntas de Morales, que esa decisión pudo haber provocado que se perdiera el dinero.

Otras llamadas

Rossy indicó, de otra parte, que llegó a recibir una llamada el 21 de marzo de la jefa de Presupuesto del Departamento de Salud Velmarie Martínez, para “orientarla” sobre el proceso de pagos por adelantado en el gobierno para compras de pruebas de COVID-19 que no especificó. En esa llamada también participaron Lillian Sánchez, subsecretaria de la Gobernación; Mabel Cabeza, enlace de La Fortaleza con el task force médico y la exsecretaria Auxiliar de Administración de Salud, Adil Rosa Rivera.

Para ese momento, Cabeza ya estaba trabajando en La Fortaleza tras ser sacada del Departamento de Salud.

Por ejemplo, mencionó indagaciones sobre la empresa 313 LLC y el pago por adelanto que recibió de 60% por la compra, presuntamente a sobreprecio, de pruebas COVID-19. Esta empresa se encuentra en una disputa con el Departamento de Salud por la entrega de las mismas.

El Nuevo Día publicó hoy que el socio fundador de 313 LLC, Ricardo Vázquez, reconoció que la entrega de las pruebas no se hizo en el tiempo acordado, pero atribuyó la demora a los problemas de transporte a nivel mundial generados por la pandemia y agregó que no pueden ser atribuidos a su compañía. De paso, aseguró que el producto está en la isla desde el 18 de abril y que están disponibles para ser entregadas al Departamento de Salud.

Rossy no pudo precisar, a preguntas de Morales, si discutió con Cabeza, Sánchez, Rosa Rivera y Martínez un adelanto, también de 60% a la empresa Castro Business por compra de equipo de salud.

“Se les orientó sobre el proceso y se les indicó que tenían que enviar los documentos”, dijo Rossy.



Sources: metro.pr

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