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Sin respiro el gobierno y la economía ante la pandemia de COVID-19

Sin respiro el gobierno y la economía ante la pandemia de COVID-19


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Al cumplirse un mes desde la orden de cierre de negocios no esenciales y el toque de queda para atajar el COVID-19 en Puerto Rico, el gobierno ha comprometido unos $2,000 millones en fondos públicos -es decir, el equivalente a una quinta parte del presupuesto operacional- para manejar la crisis sanitaria, según cifras oficiales y entrevistados por Negocios.

La histórica redistribución de fondos públicos hacia la emergencia por el coronavirus -cifra superior al huracán María- es solo el principio, pues a pesar de las medidas de contención vigentes desde el pasado 15 de marzo, la curva de contagios en Puerto Rico ni siquiera ha llegado a su pico, explicó el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero.

“Nosotros teníamos unos estimados que han cambiado todos los días. Estimamos que en los primeros 15 días habría un impacto de $2,800 millones por el toque de queda, pero eso se ha revisado hasta casi llegar a $5,000 millones”, dijo el funcionario.

Difícil poner un precio

Según el también representante del gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), fijar el costo de la pandemia y cuánto dinero necesitaría el gobierno ahora y a mediano plazo no es factible porque, a la fecha, no hay precisión en torno a la propagación del COVID-19 en Puerto Rico.

Al cierre de esta edición, en Puerto Rico había sobre 620 casos positivos y 24 fallecidos.

“Una vez entendamos la prevalencia podrán tomarse unas decisiones, pero no estamos todavía en una fase dos o tres (donde los contagios están controlados o a la baja) que nos permita ponernos en posición de reanudar toda la actividad económica”, sostuvo Marrero. “En este momento, con la data limitada que tenemos, todo apunta a que el toque de queda ha sido efectivo, pero faltan picos por alcanzarse… hay una posibilidad real de que esta situación se extienda con ciertas modificaciones, pero como ha dicho la gobernadora, tomando la salud de la gente como prioridad”.

Ante esa realidad, la factura de Puerto Rico para atender la peor crisis sanitaria mundial en un siglo; cuidar a las personas infectadas y despertar una economía de su coma inducido apenas comienza.

Los gastos hasta ahora

Durante los primeros 15 días de la emergencia, la administración de Wanda Vázquez Garced giró unos $37.5 millones -o casi $2 millones diarios- contra la Reserva de Emergencia de $160 millones autorizada por la JSF.

El gobierno también separó $787 millones para el plan de respuesta económica.

Bajo ese plan, el gobierno ya desembolsó unos $59.6 millones a través del estipendio de $500 a cuentapropistas. También se transfirieron otros $80 millones para que los municipios continúen operando en medio de la pandemia.

Además, se comprometieron $60 millones en pagos a pequeños y medianos empresarios a través del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

Las partidas más cuantiosas dentro del plan económico -que son los estipendios al personal de salud y de primera respuesta y que en conjunto superan $200 millones- no se han desembolsado todavía.

Rota la alcancía de Hacienda

Si bien no es factible definir con exactitud cuánto costará el COVID-19 a Puerto Rico, lo que parece certero es que en los próximos meses la pandemia dará muchos dolores de cabeza al fisco y deja en una especie de limbo el proceso de reestructuración bajo la ley federal Promesa.

En esencia, el gobierno gasta ahora dinero que no recibirá en el futuro cercano.

El pasado miércoles, durante la primera sesión informativa con periodistas que ofreció el “task force” económico del gobierno ante el coronavirus, el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, sostuvo que la posposición del calendario de pago de impuestos para hacer contrapeso a la pandemia le costará al gobierno entre $1,500 a $1,600 millones.

El gobierno pospuso hasta julio próximo la radicación y el pago de la planilla de contribución sobre ingresos, mientras ha suspendido las retenciones en el origen a contratistas y los pagos del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) por mercancía levantada en el puerto.

Según Parés Alicea, en parte y a diferencia de lo ocurrido durante el huracán María, las medidas de disciplina fiscal puestas en vigor durante los pasados años sirvieron para que Puerto Rico tuviera cierto margen de maniobra ante el COVID-19.

Y también, dijo Parés Alicea, facilitaron que Hacienda llenara su alcancía al punto de que en este año fiscal, esperaba ingresar unos $11,000 millones en recaudos. Los gastos contra el Fondo General, en el lado opuesto, se mantenían hasta ahora en unos $9,100 millones, excluyendo el pago de la deuda pública.

Tras los sucesos con el COVID-19, Parés Alicea cree que restaurar la tendencia alcista que llevaban los ingresos al fisco requerirá de múltiples ajustes que todavía ni siquiera están en discusión.

La factura a los planes médicos

Aparte de los gastos directos por parte del gobierno, estimados obtenidos por Negocios apuntan a que al sistema de salud de Puerto Rico -incluyendo el ecosistema de proveedores privados y planes médicos- le espera su propio “shock” por el COVID-19.

Desde que el pasado 8 de marzo Puerto Rico se unió a la lista de sociedades amenazadas por el COVID-19 en todo el planeta y se decretó un estado de emergencia, los hospitales cancelaron lo que habrían sido intervenciones y procedimientos rutinarios o las personas dejaron de acudir a médicos u otros proveedores de salud tras la orden de distanciamiento social impuesta por el gobierno.

Por lo menos, hasta el 2016, en Puerto Rico, atender a unos 184,749 pacientes con neumonía le costó al sistema de salud unos $20 millones y atender otros 217,564 pacientes con otras condiciones respiratorias costó otros $8.4 millones, según datos compilados por el economista José R. Oyola.

De seguro, esos gastos irán al alza, en la medida en que el COVID-19 constituye una nueva condición de salud y a su vez, podría representar un agravante en esa y otras poblaciones de riesgo.

A manera de ejemplo, cada paciente con COVID-19 que necesite cuidado intensivo durante 14 días en Puerto Rico podría costar entre $54,780 y $60,200, según un vistazo preliminar de Abexus Analytics.

“Si este costo (por paciente) se estimara por 20 pacientes, estos que permanezcan 14 días en cuidado intensivo verían una factura (más probablemente, el plan médico) de entre $1 millón y $1.2 millones”, reza el análisis de Abexus, que a su vez, descansa en metodologías que son referencia en este tipo de cálculos y datos provistos por profesionales de salud activos en la prestación de servicios en Puerto Rico.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea que la experiencia en varios países en torno al COVID-19 indica que la recuperación de los pacientes que exhiben la condición de manera moderada puede tomar entre tres a seis semanas.

Además, la hospitalización y el cuidado intensivo solo es parte de la ecuación. Por ende, esos estimados no incluyen la convalecencia del paciente o los servicios que facturarán médicos y especialistas, y mucho menos, los deducibles o copagos que se facturarán al enfermo.

Datos compilados por la Kaiser Familiy Foundation, una organización que lleva décadas analizando el desempeño y el costo de sistemas de salud, particularmente en Estados Unidos, establece que un paciente afectado con el coronavirus podría pagar cientos de dólares en copagos y deducibles.

A manera de ejemplo, en Estados Unidos, los pacientes diagnosticados con neumonía (una de las condiciones que puede desarrollarse si se adquiere el coronavirus) pagan entre $1,300 y $1,464 en deducibles y copagos.

En Puerto Rico, es posible que una buena parte de esos copagos sean otra factura al gobierno, pues la mayor parte de la población posee un seguro médico público, sea Medicaid (el plan Vital) o Medicare, a través del programa Advantage.

Hospitales en la cuerda floja

A preguntas de Negocios en torno al impacto de la pandemia en el sector hospitalario, el presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico (AHPR), Jaime Plá, indicó que resulta difícil establecer el costo de la pandemia.

“Estamos en el proceso de entender en el caso de Puerto Rico porque ahora mismo, para darte una idea, los productos de PPE (Personal Protection Equipment) no están disponibles en el mercado y quienes los ofrecen no son las compañías que tradicionalmente los distribuyen”, dijo Plá al relatar uno los múltiples escollos que encara el sector para lidiar con la pandemia.

“Son (los proveedores de equipos) otras organizaciones que no están en el mercado tradicional, quieren que se pague por adelantando con costos tremendamente altos. Eso va a gravitar muy seriamente sobre cuál va a ser el costo de los tratamientos que se darán a esos pacientes, así como la intensidad del servicio, el tiempo y si los síntomas son leves o graves y si hay que llevarlo a la unidad de cuidado intensivo”, continuó diciendo Plá.

Dinero que no fluye

El gobierno entiende que en principio, Puerto Rico podría recibir unos $2,200 millones de fondos federales para hacer frente a la pandemia. Esto, como parte del paquete de $2.2 trillones aprobado a través de la ley federal Coronavirus Aid Relief y Economic Stability (CARES Act).

El Nuevo Día solicitó al Departamento de Salud información en torno a los fondos federales que habría solicitado para hacer frente a la pandemia, y justo antes del cierre de la edición, indicó que ha solicitado $6 millones.

En el caso del cuidado a pacientes de coronavirus, lo que se sabe del CARES Act y el sector de salud, explicó Plá, es que el gobierno federal aumentó en 20% los pagos por tratar a estos pacientes. Es decir, si los servicios conllevan una facturación de $1,000, por ejemplo, el gobierno federal pagaría unos $1,200.

Pero aparte de esa veta de esperanza, dijo Plá, la comunidad de salud y hospitalaria en Puerto Rico y el continente aguarda por las guías para la distribución de tales fondos, una encomienda en manos del Centro de Servicios para Medicare y Medicaid (CMS) y que hasta mediados de la semana pasada, todavía no se había divulgado.

Según Plá, en Puerto Rico los hospitales todavía siguen esperando “porque la administración de la gobernadora Wanda Vázquez Garced les explique qué fondos estarían disponibles para ayudar a los hospitales privados”.

De entrada, agregó el ejecutivo, el gobierno todavía no ha desembolsado fondos que ya tenía disponibles mediante asignaciones previas a la Administración de Seguros de Salud (ASES). Ello, una vez el año pasado, el gobierno logró una asignación de sobre $100 millones adicionales para cubrir el llamado precipicio fiscal al que la reforma de salud se expone de tiempo en tiempo.

Según Plá, preliminarmente ASES les comunicó que los hospitales recibirían unos $48 millones en pagos adicionales, pero los estimados de la AHPR apuntan a que dicha compensación debería rondar al menos $142 millones.

Sea una cifra u otra, al presente, la AHPR no tiene idea de cuándo podrían darse esos desembolsos adicionales que bien pudieron auxiliar al ecosistema de salud de Puerto Rico en esta hora aciaga.

El problema con el sistema hospitalario de Puerto Rico es que el coronavirus les sorprende cuando ya sus finanzas agonizan.

“Los hospitales de Puerto Rico ya se encontraban en una situación financiera precaria antes del COVID-19”, indicó a Negocios la firma de consultoría estratégica V2A.

El año pasado, V2A levantó ronchas en el sector de salud cuando, al examinar las finanzas de los hospitales, encontró que muchos hilaban finito.

“Sabemos que la tasa de ocupación de hospitales normalmente oscila entre el 60% y el 85% según el hospital. En cambio, desde la irrupción del COVID-19, la ocupación promedio en la isla ha bajado hasta el entorno del 40%”, agregó la firma.

De acuerdo con V2A, la disminución de ingresos no solo responde a camas vacías. También se debe a una baja en ingresos OPD (“out-patient department”) que provienen de la sala de emergencia, farmacia, radiología y otros.

V2A no se aventuró a poner una cifra sobre el costo de la pandemia en el ecosistema de salud de Puerto Rico, pero advirtió que los planes médicos ya deben estar tomando medidas para lo que será un alza en reclamaciones, al igual que costos más altos en pacientes con condiciones crónicas que ahora no pueden tratarse por la limitación de servicios ante la pandemia.

Una economía en coma

Aunque faltan cifras exactas, otra cosa también es sabida en esta crisis: no está claro cómo Estados Unidos y Puerto Rico pagarán el costo de la pandemia cuando podría decirse que la economía se encuentra en un coma inducido.

En Puerto Rico, el plan fiscal certificado partía de la premisa de que la economía cerraría en positivo este año y que la economía irá a mejor hacia el 2023. Pero todo ello ha quedado descartado.

Y lo mismo sucederá en Estados Unidos, según el economista Oyola.

A principios de año, Oyola anticipó que el sistema de salud de Puerto Rico será incosteable porque Estados Unidos ya no puede financiar su sistema de salud.

En esencia, según Oyola, si antes el gobierno estadounidense encaraba problemas para financiar su sistema de salud, ahora, la aprobación del paquete de $2.2 trillones para hacer frente a lapandemia solo complica el panorama.

Oyola compartió con Negocios un informe reciente publicado por la Reserva Federal de Minneapolis. El documento señala que a nivel mundial, es probable que las medidas de aislamiento social permanecerán en vigor por un año o incluso, 18 meses.

“Si la vacuna no se descubre pronto, las medidas de distanciamiento social que son necesarias para evitar el contagio inicial y contagios posteriores causarán gran daño a la economía”, sostuvo Oyola.



Sources: metro.pr

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