Puerto Rico

Natalie Jaresko exige al gobierno cumplir con las reglas de contratación

Natalie Jaresko exige al gobierno cumplir con las reglas de contratación


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La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, destacó que la situación de emergencia creada por el COVID-19 no es óbice para que el gobierno eche a un lado el cumplimiento de los procesos de licitación y compra establecidos.

También, subrayó que el organismo fiscal se propone seguir el rastro de los fondos públicos disponibles para la emergencia, y se mostró preocupada de que el dinero disponible no se utilice con más rapidez y efectividad, en especial ahora, cuando Puerto Rico podría recibir unos $10,000 millones en fondos federales como parte del paquete de ayuda económica aprobado por el gobierno de EE.UU.

“Conozco y entiendo que los oficiales de gobierno y de salud están atendiendo esta emergencia y que, en ocasiones, hay reglas y procedimientos que pueden parecer burocráticos o que dan la impresión de atrasar las cosas, o interponerse al progreso cuando hay que necesidades muy, muy urgentes”, dijo Jaresko, al expresar su deferencia hacia los oficiales que intentan obtener las pruebas que necesita Puerto Rico en medio de la pandemia.

“Por eso, aprobamos el uso de $160 millones de la Reserva de Emergencia sin aprobar gastos o partidas específicas porque hay que actuar rápidamente. Pero dicho eso, aplicar las reglas de contratación es también importante”, insistió.

Jaresko lamentó que la JSF no tenga otras facultades en la ley federal Promesa para asegurar que las acciones del gobierno se lleven a cabo de manera transparente y rápida, a fin de que la ayuda que necesita Puerto Rico, en este momento, se haga disponible a la brevedad.

La semana pasada, Jaresko hizo lo que pudo, según Promesa: alertar a la gobernadora Wanda Vázquez Garced de que la compra de las pruebas rápidas debió pasar por el crisol de la JSF.

Pero, en su plática con El Nuevo Día, la ejecutiva indicó que el caso de las pruebas rápidas de COVID-19 es el más reciente en una lista de señalamientos en procesos de contratación y licitación que la JSF ha hecho en los departamentos de Educación y de Seguridad Pública (DSP) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), entre otras dependencias.

Las expresiones de Jaresko son las primeras, desde el organismo federal con poderes por encima del gobierno electo de la isla, luego de que El Nuevo Día revelara que el gobierno -a través del Departamento de Salud y el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead)- gestionaran y seleccionaran dos empresas sin pericia alguna en el nicho de suplidos médicos para adquirir pruebas de detección rápida del COVID-19. Entre otras cosas, la selección de las empresas se habría hecho sin un proceso abierto de competencia o licitación.

Foco al uso del dinero

Si bien el cumplimiento de la normativa contractual es clave, Jaresko ha puesto la mira en el uso del dinero destinado a atender la pandemia por entender que tales recursos deben ayudar a “aplanar la curva” de contagios y reanimar la economía.

Hasta ayer y al cierre de la edición, en Puerto Rico había 788 casos de COVID-19 y 42 fallecidos, incluyendo en esa cifra, 13 decesos sospechosos.

El mes pasado, la JSF ordenó a la administración Vázquez Garced presentar informes semanales sobre el uso de la Reserva de Emergencia de $160 millones para atajar el coronavirus y de $787 millones aprobados en el plan de respuesta económica.

Según Jaresko, hasta el lunes pasado, el gobierno había gastado unos $80 millones de la Reserva de Emergencia. Unos $31 millones de esos fondos se utilizaron en el Departamento de Salud para comprar suplidos y pruebas para el diagnóstico del coronavirus, excluyendo las pruebas en controversia. Otros $28 millones se utilizaron para suplidos médicos en instituciones hospitalarias del gobierno y $15 millones más en el programa de cotejo de pasajeros, a cargo de la Guardia Nacional.

“Parte de este dinero podría ser reembolsado por el gobierno federal a través de la declaración de emergencia”, dijo Jaresko.

Según la funcionaria, el gobierno federal podría reembolsar el 75% de tales fondos, pero ello dependerá de que el gobierno local utilice los fondos adecuadamente.

A cuentagotas el plan económico

En el caso del plan económico, el desembolso va a cuentagotas, dijo Jaresko.

Del total de $787 millones aprobado, solo se han desembolsado unos $146 millones. La cifra incluye $91.6 millones a municipios y la diferencia -unos $53 millones- corresponden al estipendio de $500, que benefició unos 106,000 autoempleados.

“Lo que se ha pagado a enfermeras en el sector público es apenas $1.2 millones. Es una porción muy pequeña de los $20.3 millones que se asignaron”, agregó la directora ejecutiva de la JSF.

En el caso del personal de enfermería en el sector privado, Jaresko no tiene información de cuándo estos recibirán el estipendio. Ello, porque el gobierno hacía gestiones con la junta examinadora para asegurar que el bono de $3,500 se pague a quienes ejercen la profesión en realidad.

De otra parte, el paquete económico incluye otros $30 millones para asistencia a los hospitales públicos, fondos que tampoco se habían asignado, dijo Jaresko.

¿Pasará lo mismo que en María?

Aunque destacó que el gobierno redirigió unos $1,000 millones a la emergencia por las medidas de disciplina presupuestaria impuestas por la JSF, Jaresko reconoció que lo hecho localmente es insuficiente.

Estimados de Estudios Técnicos, y que el gobierno ha acogido, apuntan a que la pandemia podría costar a Puerto Rico unos $4,000 millones -de impacto anual- y en el peor de los casos, hasta $11,000 millones.

Jaresko entiende que Puerto Rico podría hacer contrapeso a ese impacto -todavía incierto- si hace lo necesario para maximizar los fondos disponibles en la respuesta federal.

Según la JSF, Puerto Rico podría ser elegible para recibir unos $10,000 millones a través de las leyes aprobadas en Washington, especialmente, a través de la ley federal Coronavirus Aid Relief & Economic Stability Act (CARES). En esa legislación, que autorizó el uso de $2.2 trillones para hacer frente al coronavirus, el gobierno podría recibir unos $2,200 millones para compensar la pérdida de recaudos al fisco, entre otras cosas.

El Nuevo Día preguntó si tales estimados no correrán la misma suerte que los fondos tras el paso del huracán María.

Jaresko sostuvo que, en esta ocasión, se trata de recursos disponibles a través de programas con criterios menos complejos que en la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) o el programa de apoyo a Comunidades Afectadas por Desastres, conocido como CDBG-DR.

“Mucha de esta asignación también son ayudas a empresas e individuos”, dijo.

Se cree que solo a través del estipendio federal de $1,200 a individuos, Puerto Rico podría recibir hasta $3,000 millones.

Empero, Jaresko reconoció que la clave será la asertividad que muestre Puerto Rico a la hora de gestionar tales ayudas.

Jaresko explicó que su equipo trabaja en entender las ayudas disponibles para facilitar la reactivación económica. Esa gestión de fondos federales es una deficiencia en el gobierno. Reconoció, sin embargo, que pasada la emergencia, habrá que tomar otras medidas para subsanar dicha falla en la administración pública y procurar que las lecciones que se aprendan durante la pandemia se pongan en práctica.



Sources: metro.pr

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