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Puerto Rico

La ACLU y tres ciudadanos demandan al gobierno por el toque de queda

La ACLU y tres ciudadanos demandan al gobierno por el toque de queda


La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y tres ciudadanos demandaron al gobierno para que se declare inconstitucional parte de la orden ejecutiva del toque de queda, establecida para evitar la propagación del COVID-19.

La demanda de injunction, entredicho preliminar y permanente, presentada electro´nicamente ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, también busca enmiendas en la orden emitida por la gobernadora Wanda Vázquez.

En comunicado de la prensa, firmado por los directores de la ACLU, William Ramírez y Fermín Arraiza, informó que en específico la demanda solicita que se declare inconstitucional la parte de la orden ejecutiva que pretende castigar con hasta seis meses de ca´rcel las infracciones a la regulacio´n.

Indicó que esa penalidad “pretende prohibir el acceso a los hogares de personas que no son parte del ‘nu´cleo familiar’ y la orden que favorece actividades religiosas los domingos, mientras prohi´be las actividades comerciales permitidas el restante de la semana”.

La entidad señaló que los tres ciudadanos que participan de la demanda tienen a su cargo el cuidado de madres con necesidades de salud especiales, por lo que solicitan que la orden ejecutiva se enmiende para que quede claro que ellos esta´n exentos del toque de queda y las restricciones en el tra´nsito en lo que a los viajes a las residencias de sus familiares.

Adema´s, reclaman que se imparta instrucciones precisas a la Polici´a y las fiscali´as sobre la existencia de esta excepcio´n.

La demanda va dirigida contra la gobernadora Wanda Vázquez, la secretaria de Justicia, Denisse Longo Quin~ones, y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Junto a la ACLU demandaron la gestora cultural Nindra C. Cordero Ulmo, el planificador urbano Pedro Colo´n Almenas, y el profesor Mario Santana Ortiz.

“Las madres de los tres co-demandantes son adultos mayores y tienen condiciones de salud que requieren cuidados especiales que solamente ellos les esta´n dando y que requieren visitarlas todos los di´as, incluso de noche”, sostuvo la ACLU.

“La madre de Cordero Ulmo tiene afectada su capacidad pulmonar, la de Colo´n Almenas padece de diabetes y requiere que se le administre insulina y la de Santana Ortiz sufre de demencia senil y tiene problemas para caminar y con ella vive un hijo adulto con impedimento intelectual y otras condiciones me´dicas”, agregó.

Los demandantes indicaron en su demanda que reconocen la necesidad de imponer medidas de distanciamiento social para intentar frenar los contagios, pero indicaron que “el estado no puede hacer lo que la Constitucio´n de Puerto Rico prohi´be, ni puede prohibir lo que la Constitucio´n permite”.

En especi´fico, argumentaron que “por mandato de la Constitucio´n de Puerto Rico y la separacio´n de poderes que establece, solamente la Asamblea Legislativa puede crear delitos menos graves, que son los que tienen una pena de ca´rcel de seis meses”.

“Sin embargo, en este caso el poder ejecutivo, a trave´s de una orden ejecutiva de la Gobernadora, usurpa los poderes del legislativo para castigar con esa pena de seis meses de ca´rcel a quienes violen las disposiciones del toque de queda y las otras restricciones que contiene”, afirmó la ACLU.

“Para que exista un delito que conlleve la pe´rdida de la libertad es necesario que la Asamblea Legislativa apruebe una ley que detalle la conducta que se quiere prohibir, abundaron. Y, siempre cumpliendo con el debido proceso de ley que exige la Constitucio´n”, expuso.

Mientras, los demandantes alegan que “la orden ejecutiva viola la separacio´n de Iglesia y Estado, garantizada en la Constitucio´n, al prohibir los domingos actividades comerciales que si´ esta´n permitidas por la orden durante el resto de la semana, mientras que a las iglesias se les permiten ese di´a ciertas actividades”.

“Los demandantes no piden que se eliminen las restricciones comerciales, sino que continu´en los domingos lo que ya se permite durante el resto de la semana, y que no se utilice la emergencia de salud del coronavirus Covid-19 para favorecer inconstitucionalmente las actividades religiosas sobre otras actividades legi´timas”, afirmó.



Sources: metro.pr

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