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Cuidarnos la vida, al amparo de la ley › Cuba frente a la Covid-19 › Granma

Cuidarnos la vida, al amparo de la ley › Cuba frente a la Covid-19 › Granma


El derecho a la vida, más que cualquier otro, es sagrado. Que encabece el acápite que lo consagra en nuestro texto constitucional ya es una señal clara, y coincide con esa jerarquía que le ofrecen el sentido común y las leyes, empezando por la Carta Magna.
Pero el ejercicio de cualquier derecho, incluso el derecho a la vida, implica responsabilidades, es decir, deberes, que también tienen su justa expresión en la Ley Suprema.
Ante la amenaza que supone el avance de la COVID-19 en Cuba, el cumplimiento de esos deberes, el acatamiento de todo lo dispuesto, la observancia de cuanta medida se apruebe, más que una conducta cívica, es una obligación. Se trata, sencillamente, de un acto de supervivencia.
Y salvarse, hoy, es obligatorio, sobre todo porque en el cuidado de cada cual, le va la vida a los demás.
El Estado, lo dice la Constitución, tiene, entre otros fines esenciales, preservar la seguridad nacional, y garantizar la igualdad efectiva en el disfrute y ejercicio de los derechos, y en el cumplimiento de los deberes. O sea, está muy claro lo que le toca hacer al Gobierno, y cada grupo de medidas ha sido consecuente con esa responsabilidad.

Para resguardar la seguridad, por ejemplo, el país se ha ido adelantando a su propio plan, en aras de ganarle días a la propagación del nuevo coronavirus. Ser proactivos en la prevención y no reactivos ante el comportamiento de la
enfermedad va dando resultados, aunque el momento más complejo, el llamado pico, aún esté por llegar.
Y en materia de garantías, constitucionalmente hablando, alivia saber que en Cuba «la salud pública es un derecho de todas las personas y es responsabilidad del Estado garantizar el acceso, la gratuidad y la calidad de los servicios de atención, protección y recuperación».
No obstante, del lado de las autoridades, por más efectivas que puedan ser las disposiciones, solo recae una parte del enfrentamiento, vital, es cierto, pero una parte al fin. La otra, tanto o más imprescindible que la primera, se corresponde con la responsabilidad individual. Y ahí, peligrosamente, todavía andamos cuesta arriba.

Una de las más importantes medidas es el distanciamiento social Foto: Internet

La insensatez de algunos, la poca percepción de riesgo de otros, y hasta el desconocimiento de unos cuantos, a pesar del «bombardeo» informativo, pueden terminar convirtiéndose en caballos de Troya.
Entre los deberes constitucionales, comunes a todos los ciudadanos y guía para los tiempos que corren, hay uno que se ajusta, como anillo al dedo, a esta situación epidemiológica: «Cumplir los requerimientos establecidos para la protección de la salud y la higiene ambiental».
La traducción práctica de ese precepto, llevado al día a día, es tan simple como quedarse en casa y asumir el distanciamiento social, más las medidas de higiene, cual antídoto contra la pandemia.
No son mayoría, por suerte, quienes salen a deambular, o van con niños a las colas (no siempre organizadas con un metro de distancia entre las personas) o suben sin nasobuco al transporte público, pero basta con un imprudente para poner en riesgo a muchos. Y pensar que ello podría ser una exageración conlleva a la primera imprudencia.
Según la legislación cubana, en particular la Ley No. 41 de 1983, de la Salud Pública, y su Reglamento, el Decreto No. 139 de 1988, «las medidas que se adopten ante situaciones higiénico-epidemiológicas de emergencia son de obligatorio cumplimiento» y  todos, o sea, «los órganos y organismos estatales, sus dependencias y empresas, las cooperativas, las organizaciones de masas y sociales y la población en general, estarán en la obligación de apoyar a las autoridades sanitarias en los métodos de lucha antiepidémica que se establezcan».
En el caso de los ciudadanos, cuya actitud todavía resulta preocupante, el apoyo se reduce a aislarse en los hogares, que es, en definitiva, el método más efectivo para cuidarnos los unos a los otros. Pero ese apoyo, y vale recalcarlo, no es opcional.
Si la información actualizada y la alerta constante no tiran de la conciencia de algunos, el Código Penal prevé, en el apartado de los delitos contra la salud pública, sanciones que van desde multas hasta privación de libertad para quienes infrinjan lo establecido.
Las pandemias, me recordaba hace poco un amigo, siempre exacerban, desde los tiempos inmemoriales, otros males que carcomen a las sociedades: la desigualdad, la pobreza, la inoperancia de los ricos…, y para equilibrar, también traen a la luz, con mayor fuerza, aquello que nos hace mejores.
A Cuba, una nación que se empeña en ser distinta, en tiempos de la COVID-19, le crece más la solidaridad como las palmas, y no son pocos los que mantienen los latidos del país, en los hospitales, en la actividad productiva, en los servicios básicos, en el orden interior… A otros, la mayoría, les toca cuidarlos y cuidarse desde sus casas.

EN CONTEXTO

Ese es hoy el precio de la vida: unas paredes, un techo y la familia cerca. Bastante razonable, podría decirse, porque salvarse, probablemente, no siempre será tan «fácil».
El sábado 28 de marzo, seis personas abandonaron el centro de aislamiento Alberto Delgado, en Sancti Spíritus, para sospechosos de la covid-19.
Lo hicieron evadiendo las normas de seguridad adoptadas en el lugar.
El Consejo de Defensa Provincial, activado desde el pasado lunes 23, actuó con rapidez y con las autoridades competentes, y en menos de 24 horas fueron encontrados y devueltos al centro de aislamiento para cumplir allí el tiempo previsto.
Las seis personas fueron halladas en sus domicilios, con lo cual expusieron no solo sus vidas, sino las de sus familiares y de la comunidad.
La evasión de las disposiciones sanitarias en momentos de epidemia es un delito. Así lo contempla el capítulo 5 del Código Penal vigente, el cual establece los delitos contra la salud pública y el delito de propagación de epidemia.
El Código Penal previene una sanción entre tres meses y un año de privación de libertad para estas conductas,  o multas.
Se ha formulado la denuncia penal a esas personas por las autoridades facultadas y han sido instruidas de cargo por los hechos.
El proceso está abierto y ahora comienzan las investigaciones policiales y penales para lograr demostrar el ilícito del referente.
La Fiscalía General de la República, «en el acompañamiento a las autoridades en la batalla por la vida de los cubanos, actuará en correspondencia con cada caso y, de ser necesario, caerá el peso de la ley sobre los infractores».

Fuente: Escambray



Sources: cubadebate.cu

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