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Piden la separación de la directiva de la Corte Suprema

Piden la separación de la directiva de la Corte Suprema


La Alianza Ciudadana Pro Justicia solicitó a la Asamblea Nacional que separe de sus respectivos cargos –mientras se les investiga– a los miembros de la junta directiva de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los magistrados José Ayú Prado, Hernán De León y Luis Ramón Fábrega.

La petición de la Alianza forma parte de una denuncia interpuesta ayer por Magaly Castillo y Rafael Candanedo –ambos activistas de la organización– por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad, infracción de los deberes de los servidores públicos, usurpación de funciones y obstrucción del funcionamiento de un órgano del Estado.

En la denuncia se señala que los tres magistrados ignoraron su deber legal e impusieron su voluntad sobre la Ley 53 de 2015, que regula la Carrera Judicial, al dirigir la convocatoria, entrevistar, seleccionar y nombrar “de forma ilegal e inconstitucional” a unos 600 funcionarios de los juzgados y tribunales del Primer Distrito Judicial –Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién y las comarcas indígenas Guna Yala, Wargandí y Emberá Wounaan– para la puesta en vigencia del sistema penal acusatorio en septiembre del año pasado.

“Los servidores públicos denunciados han efectuado cientos de nombramientos, violando directamente el mandato constitucional de que los nombramientos del personal subalterno se realizan por el tribunal o juez respectivo y de conformidad con las normas de carrera judicial”, destaca la denuncia.

“Ellos [los magistrados] nombraron no solamente a jueces, sino también a funcionarios, secretarias y todo el personal del Órgano Judicial, cuando la Constitución es clara de que quien nombra al personal subalterno son los superiores jerárquicos; es decir, el personal de un juzgado lo nombra el juez, al juez de circuito lo nombra el magistrado del Tribunal Superior (…) claro, mediante la ley de Carrera Judicial”, dijo Castillo.

Según el artículo 209 de la Constitución, “en los tribunales y juzgados que la ley establezca, los magistrados serán nombrados por la Corte Suprema de Justicia y los jueces por su superior jerárquico. El personal subalterno será nombrado por el tribunal o juez respectivo. Todos estos nombramientos serán hechos con arreglos a la carrera judicial, según lo dispuesto en el Título XI”.

Para Castillo, estos nombramientos “arbitrarios” tienen graves consecuencias, porque generan descontento y falta de seguridad jurídica.

“Se supone que estamos en un Estado de derecho (…) es inaceptable que los mismos que son garantes de la Constitución sean los mismos que la violan”, advirtió.

La Prensa llamó a la Secretaría de Comunicación del Órgano Judicial para obtener una reacción de este, y se informó que los magistrados no harían pronunciamientos sobre la denuncia.

Ayú Prado ha indicado anteriormente que dichos nombramientos fueron decididos por la Sala Cuarta, ya que la CSJ no contaba con el presupuesto requerido para implementar la Carrera Judicial en el Primer Distrito Judicial.

Desde un inicio se estableció que la puesta en marcha del nuevo modelo penal en el Primer Distrito Judicial costaría un total de $21.5 millones anuales, solo en planilla, indicó Ayú Prado.

En noviembre del año pasado, Ayú Prado también habló del tema y dijo que esta falta de recursos haría que dicha ley se implementara en su totalidad en, por lo menos, tres años.

No obstante, la denuncia indica que “la coexistencia de la Ley 53 de 2015 genera la posibilidad de una implementación parcial, como en efecto lo ha hecho la Sala Cuarta para el caso de la Escuela Judicial, los bonos por antigüedad y el Consejo Judicial”.

Además, agrega que “el presupuesto siempre es estimado y permite cierta discrecionalidad. La misma que facilita el pago de viajes al extranjero y los nombramientos efectuados a voluntad en los despachos de la CSJ y en el área administrativa”.

Los activistas de la Alianza Ciudadana Pro Justicia también señalaron que el monto requerido para iniciar la selección de funcionarios de carrera no superaba los $190 mil 750.

Castillo explicó que esta denuncia busca también que la Corte solicite los recursos económicos para la implementación de esta ley, que “lleva engavetada un año y medio”.

“El Órgano Judicial tiene que administrar sus fondos e ir a la Asamblea Nacional a pedir traslados de partidas”, destacó Castillo.

La secretaria ejecutiva de la Alianza Ciudadana agregó que, a pesar de que desconfían de la apertura de procesos contra los magistrados de la CSJ en la Asamblea, es necesario presentar las denuncias correspondientes.



Sources: laestrella.com.pa

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