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PP y Cs apoyan el decreto contra la república digital catalana y Podemos lo rechaza | España

PP y Cs apoyan el decreto contra la república digital catalana y Podemos lo rechaza | España



Primer encontronazo del PSOE con Unidas Podemos y sus teóricos otros socios para la investidura de Pedro Sánchez antes incluso de sumar los votos necesarios para que salga adelante. El PSOE va a sacar adelante este miércoles gracias al apoyo del PP y Ciudadanos, en el pleno de la Diputación Permanente del Congreso, un Real Decreto para reforzar con medidas urgentes la seguridad en la administración digital y que podrá frustrar cualquier pretensión de la Generalitat de crear una especie de república digital catalana. PP y Cs han cobrado ese primer esbozo de una supuesta gran coalición con fuertes críticas al PSOE por disponer ahora de su apoyo al tiempo que negocia una investidura con Podemos y partidos nacionalistas. Podemos, como gesto y pese a estar en contra, piensa abstenerse.

Fue el propio Pedro Sánchez el que prometió, justo en plena campaña electoral para el 10-N, que su Gobierno no iba a permitir ningún tipo de intento de una república catalana digital como se apuntó desde la Generalitat: “No va a haber independencia off line ni on line, el Estado va a ser igual de contundente en el mundo digital que lo es en el mundo real”. A continuación el Ministerio de Economía llevó al Consejo de Ministros un proyecto de Real Decreto que podrá, “con carácter excepcional y transitorio”, intervenir y asumir la “gestión directa” de redes y servicios de comunicaciones electrónicas “en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional”.

La necesidad de la urgencia de ese Real Decreto ha sido defendida este miércoles en la Diputación Permanente por la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, pero se ha encontrado con la oposición radical de prácticamente todos los socios políticos que el PSOE está buscando en las negociaciones en marcha para la investidura aún sin fecha de Sánchez, desde Unidas Podemos al PNV, Más País y por supuesto ERC, JuntsxCat o EH-Bildu. Ciudadanos también ha mostrado su malestar por algunos aspectos restrictivos de esa regulación aunque al final lo respaldará y el PP, pese a admitir dudas incluso de posible inconstitucionalidad de esa norma, también ha adelantado  su voto a favor.

El debate ha sido duro, bronco y esclarecedor de por dónde puede discurrir la nueva XIV legislatura, porque todos los presuntos socios del teórico nuevo Gobierno del PSOE han arremetido contra algunas pretensiones recentralizadoras y coercitivas que vislumbran en el real decreto. Y porque Vox, Ciudadanos y PP han reprochado que busque ahora su respaldo en sus filas mientras negocian, por ejemplo mañana jueves con ERC, votos en favor de que Sánchez continúe en La Moncloa.

La ministra Calviño se extendió en argumentar la necesidad del real decreto, que se justifica oficialmente para adoptar “medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones”. La norma intenta, en última instancia, cegar las vías para que el independentismo aproveche el avanzado proceso de transformación digital de la Administración para fines contrarios al orden constitucional. El decreto quiere evitar el robo de datos personales, el hackeo de dispositivos móviles, los ciberataques contra infraestructuras críticas o el uso indebido del censo o los datos fiscales de los ciudadanos. También pretende defenderse más eficazmente frente a ataques informáticos contra los procesos electorales o las actividades de desinformación, como las denominadas fake news (noticias falsas).

Calviño explicó que la norma intenta responder al reto de equilibrar “el progreso tecnológico y la seguridad en un marco jurídico que garantice el interés general sin comprometer los derechos de los ciudadanos” con una protección a nivel digital como en el mundo analógico. La ministra negó que se pretenda tener el control de ningún medio de comunicación, como le acusaron sobre todo los partidos nacionalistas, pero sí que se trata de tener normativas como los demás países europeos ante circunstancias de especial gravedad en las redes.

No logró convencer a la mayoría de sus teóricos socios de la investidura que se pretende de Pedro Sánchez. Desde el amplio Grupo Mixto llegaron fuertes críticas. Joan Baldoví, de Compromís, lamentó que con ese decreto se pueda llegar a intervenir Internet en España como en países tan poco democráticos como China, Arabia Saudí o Irak y cuestionó las prisas. Esa falta de necesidad de urgencia fue argumentada por casi todos los demás partidos, que verían mejor una regulación a través de una ley orgánica con posibilidad de discutir y admitir enmiendas. El Gobierno apuntó más tarde que se abrirá a esa opción a posteriori y esa promesa permitió que Podemos pasase de una votación negativa a una abstención que le sirve para no enfrentarse tan abiertamente al ejecutivo socialista cuando está en plena negociación para el futuro gobierno de coalición.



Source: elpais.com

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