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Diario Extra – Proceso de inversión pública está en pañales

Diario Extra - Proceso de inversión pública está en pañales


El proceso de inversión pública, el cual está bajo la rectoría del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan), se halla en pañales porque una auditoría de la Contralorìa General de la República determinó que los reglamentos que rigen ese tema están dispersos y tienen un alcance limitado, así como la existencia de deficiencias y otros vacíos.

Lo anterior se desprende del informe Dfoe-Saf-IF-00010-2019, elaborado por el ente contralor, que tras es estudio se concluye que el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) costarricense “se encuentra en un nivel muy incipiente, y a pesar de que la norma otorga gradualidad, no le establece un plazo para su implementación. Condición que ha generado debilidades operativas en el sistema, limitando su gobernanza y el cumplimiento de las funciones de algunos de sus actores”.

Añade que “particularmente, existe un alto riesgo en la continuidad de las funciones de los procesos de inversión pública asociado a las competencias de las Rectorías y de las Secretarías Sectoriales; instancias que tienen roles y responsabilidades vinculadas a criterios de priorización, controles de calidad, y puntos de revisión y aprobación y, por lo tanto, son relevantes para la gobernanza del SNIP y para el cumplimiento de sus objetivos”.

Julissa Sáenz, gerente administrativa financiera de la Contraloría, recordó que la inversión pública es un factor determinante en el desarrollo de los países y para mejorar sus resultados es fundamental incrementar el bienestar de la población. 

 

VACÍOS E INCONSISTENCIAS

 

Recordó que en Costa Rica el gasto de capital del sector público se ha mantenido relativamente estable, alcanzando un 3,6% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2018, cifra insuficiente a la requerido para satisfacer la demanda en infraestructura.

“En la auditoría se determinó que la normativa relacionada con el proceso de inversión pública se encuentra definida de manera dispersa en varios reglamentos, los cuales presentan importantes vacíos e inconsistencias. Los reglamentos tienen un alcance limitado que no permite integrar los diferentes gobiernos: nacional, regional y local, de tal forma que se logre priorizar e integrar todos los esfuerzos de inversión, de esta forma el sistema no permite la selección de los proyectos que podrían generar mayor valor público a nivel país”, agregó Sáenz.

Al mismo tiempo dijo que los reglamentos también presentan indefiniciones en cuanto a los roles y responsabilidades principales de los actores, al tiempo que no se desarrollo un modelo de gestión para todas las fases del ciclo de vida de la inversión, que entre otros incluye la de reinversión, ejecución y operación.

“A pesar de que la normativa existente pretende desarrollar un modelo de gestión para todas las fases del ciclo de vida de la inversión, las inconsistencias y los vacíos en la legislación generan incompatibilidades de fondo que dificultan la integración normativa y, por ende, no favorecen la gestión, el control, el seguimiento y la evaluación de la inversión pública costarricense”, se lee en el informe contralor.

Además el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), según añadió Sáenz, está conformado en su mayoría por propuestas que en su mayoría no tienen un dictamen técnico afirmativo que acredite la viabilidad de dichos proyectos.

“Las debilidades planteadas, unido a un rector que no potencia sus facultades de administración y rectoría, han generado que el BPIP actualmente esté conformado, en su mayoría, por propuestas de proyectos que si bien cuentan con el aval de la Rectoría, no tienen un dictamen técnico afirmativo que acredite su viabilidad.

El sistema como tal no logra acreditar la calidad de las propuestas de proyectos de inversión contenidas en el BPIP y no provee las directrices e instrumentos para asegurar que deban demostrar la viabilidad para su aprobación”, se indica en el texto contralor.

 

EXIGE LEY

 

A fin de poner las cosas en orden, la Contraloría entre las disposiciones instó a María del Pilar Garrido, titular del Mideplan, elaborar, presentar y monitorear un proyecto de ley de inversión pública, a más tardar el 30 de noviembre de 2020, el cual para esa fecha debería estar en la Asamblea Legislativa.

Precisamente entre las conclusiones de la instancia fiscalizadora del Estado está que la falta de una ley que regule el tema es la razón por la cual se presentan las inconsistencias y vacíos detectados.

“El proceso de inversión pública adolece de un marco legal adecuado, diseñado a partir de una perspectiva sistémica, que abarque a la mayoría de las entidades en los distintos niveles de gobierno, que opere en forma descentralizada y debidamente fundamentado en una clara definición de criterios técnicos y de un adecuado sistema de gobierno multinivel, que promueva la estandarización de los procesos y de los procedimientos para formular, evaluar, priorizar, ejecutar, mantener, controlar y dar seguimiento a los distintos proyectos, de modo que se facilite el mejoramiento continuo sustentado en las lecciones aprendidas”, concluye la Contraloría.



Sources: diarioextra

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