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Puerto Rico

Jenniffer González intenta suavizar los controles futuros para la isla

Jenniffer González intenta suavizar los controles futuros para la isla


Washington – En medio de las negociaciones del liderato del Congreso sobre la próxima asignación de fondos de Medicaid para Puerto Rico, las autoridades gubernamentales de la isla tratan de reducir las penalidades que se proponen en el borrador de legislación de los republicanos del Senado.

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, afirmó ayer que una vez extendido el presupuesto federal hasta el 20 de diciembre, la tarea principal es “tratar de suavizar el lenguaje del Senado” que persigue imponer nuevos controles sobre el gobierno de Puerto Rico, pues confía en que la asignación de fondos estará más cerca de la versión cameral.

El Comité de Energía y Comercio de la Cámara baja aprobó en julio un proyecto que asigna $12,000 millones en fondos de Medicaid para cuatro años fiscales federales –2020, 2021, 2022 y 2023– y endurece los controles sobre el gobierno de la isla.

Un borrador de legislación del presidente del Comité de Finanzas del Senado, el republicano Charles Grassley (Iowa), mientras, sugiere asignar $9,814 millones para ese mismo período, pero con medidas de control aún más fuertes, que incluyen la posibilidad de perder hasta la mitad de los fondos prometidos.

Por ley permanente, Puerto Rico tiene que utilizar los fondos de Medicaid con una aportación federal por servicio de 55%. La medida cameral permite elevar la aportación federal a 83% los primeros dos años y a 76% los otros dos. Pero, el proyecto del Senado fija ese porcentaje en 70.

Las medidas dirigidas a imponer fuertes controles se han multiplicado después de los cargos por corrupción del verano pasado que incluyeron a la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud (ASES) Ángela Ávila y dos contratistas.

La medida del Senado incluye que el secretario de Salud de EE.UU. lleve a cabo auditorías forenses anuales del programa Medicaid en Puerto Rico. También permitiría reducir en un 15% los fondos si no se cumple con una reforma en el proceso de contratación, y se demuestra progreso en los controles de calidad.

Otro 20% puede perderse si no se cumplen con las exigencias referentes a las tarifas de pago. “Estamos buscando bajar (las penalidades) a un mínimo, 2.5% o 5%”, dijo González, quien hace caucus con los republicanos de la Cámara baja.

La comisionada expresó también preocupación por el hecho de que ambas propuestas legislativas contemplan una auditoría de los sistemas de contratación a cargo de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Salud federal.

El proyecto cameral, a su vez, impulsa que la Oficina de Contraloría General (GAO) examine los procesos de subastas y otorgamiento de contratos, incluso los que no sean competitivos o requieran un proceso de solicitud de propuestas (RFP).

“Cuando vienes a ver, tienes tres o cuatro agencias federales” al mismo tiempo sobre el Departamento de Salud de Puerto Rico y las auditorías forenses “las tiene que pagar el gobierno de Puerto Rico”, dijo la comisionada González.

Con la aprobación ayer de la resolución que extiende el presupuesto federal vigente hasta el 20 de diciembre, el Congreso también autorizó que el gobierno de Puerto Rco continúe utilizando a un 100% de aportación federal los fondos de Medicaid que financian sevicios médicos del plan de salud de la isla.

“Están comprando tiempo –en busca de un acuerdo final sobre el presupuesto federal 2020–, pero nada impide que se postergue esa discusión hasta enero o febrero”, reafirmó González.

La comisionada considera que una posible votación en la Cámara de Representantes sobre cargos de destitución en contra del presidente Trump puede dificultar más la posibilidad de un acuerdo en las próximas semanas.



Sources: metro.pr

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