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Piñera está en manos de Bachelet

Piñera está en manos de Bachelet


Foto; Luego de ver esta foto de estos militares con una persona indefensa en el suelo: ¿Se violan los derechos humanos en Chile?

Por Alfredo Peña R.

Este jueves, los ministros de Justicia Hernán Larraín (UDI) y de Defensa Alberto Espina (RN) hicieron ver un dejá vú a los periodistas y a muchos chilenos.

Ambos comparecieron juntos a un punto de prensa para hablar de las acciones de los militares en las calles.

En la criminal y cruenta dictadura de Pinochet, también aparecían los ministros del dictador luego de conocerse las brutalidades y crímenes de los militares al mando de Pinochet.

Y los voceros del dictador usaban un eufemismo ultra conocido por los reporteros de esa época cuando se cometían crímenes: “Los militares pueden cometer errores”.

El dejá vú de Espina y Larraín, ambos fanáticos pinochetistas en su época, al nivel que el ministro de Defensa aparecía permanentemente y casi diariamente en la franja televisiva del Sí, que buscaba que el dictador siguiera por ocho años más en el poder, nos hizo retroceder más de 30 años. Ambos, ante una pregunta de una periodista de un canal de TV, dijeron lo mismo que los voceros de la dictadura: Los militares pueden haber cometido errores. 

Luego de conocer la tenebrosa historia de la dictadura, era muy fácil cambiar palabras muy parecidas pero de signo radicalmente distinto: Errores por horrores…

En Chile ha habido Terrorismo de Estado

Daniel Urrutia es juez de Garantías de Santiago y confirmó gravisímas violaciones a los derechos humanos, luego de la decisión de Piñera de sacar a los militares a reprimir a los chilenos y chilenas. “Se está cometiendo terrorismo de Estado” señala tajante el juez.

Lo mismo ratificó la abogada experta en temas de derechos humanos, Renata Avila, de la agrupación Ciudadanía Inteligente: “La decisión de sacar la fuerza bruta a las calles es equivocada y ellos están violando garantías básicas de los chilenos”.

Estos y otros abogados, ya tienen claro lo que está ocurriendo en Chile con los graves atropellos a los derechos humanos que han cometido en las últimas horas, las fuerzas uniformadas por decisión del Presidente Sebastián Piñera, como excusa de defenderse de los saqueos y de supuestamente “cuidar a la población”, como dijo el ministro de Defensa Alberto Espina, que además consignó que “se pueden haber cometido algunos errores”.

“Chile ha retrocedido 40 años en la protección a los derechos humanos” con los hechos que hemos conocido de graves violaciones a los derechos humanos, no sólo de adultos, sino que también de niños”, señaló la abogada Renata Avila.

Este viernes, varias organizaciones de expertos y acádemicos reiterarán la grave acusación que ya se ha hecho internacionalmente al Gobierno de Piñera: En Chile se están produciendo hechos condenables que son tipificados como Terrorismo de Estado, al igual de lo que se produjo en la dictadura.

Las vueltas de la vida: Piñera está “en manos” y depende de Bachelet

Es más, Piñera sabía que iba a ser acusado nacional e internacionalmente de esta gravisíma acusación a su Gobierno y se adelantó a llamar a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet para que enviara una delegación de sus funcionarios a observar los graves hechos, violencia y atropellos que han cometido especialmente miembros del Ejército y Carabineros.

Bachelet sabe que puede ser “utilizada” políticamente por el Gobierno luego que emita su informe pero el carácter de haber sido Presidenta de Chile en dos oportunidades y “el gran cariño” por los chilenos como señalaron en su entorno, decidió enviar esa delegación que llegará en las primeras horas de la próxima semana.

Piñera sabe que en el informe de Bachelet está en juego su hoy alicaído prestigio (o desprestigio) y las dos citas internacionales que está organizando y donde antes del jueves pasado, estaba el juego “el oasis” chileno como lo dijo en varias entrevistas: La APEC en noviembre y la gigantesca COP25 con 20 mil invitados, en diciembre.

Si el informe señala que es negativo para el Gobierno, como es lo más probable luego de conocerse los testimonios de cientos de personas, reprimidas, abusadas y violentadas por militares del Ejército y Carabineros, fundamentalmente, los dos eventos se caen solos. Nadie vendrá. La Armada tiene algunos hechos de atropellos a los derechos humanos, pero distintos abogados señalan que son excepcionales. No se conocen atropellos ni brutalidades de la FACH ni de la PDI.

El valor, la dignidad de la persona y sus derechos humanos es un arma muy poderosa en todas las organizaciones políticas del mundo.

Ya en varios parlamentos del mundo democrático han señalado que exigirán a sus gobiernos, no asistir a la COP25 debido a la violencia de tanques y militares en las calles de Santiago y Chile y esperan que el propio Gobierno de Piñera, juzgue o apoye acciones legales contra los uniformados que violaron gravemente los derechos humanos. Ya en Francia, Alemania y España en Europa hay voces de no asistir a estos eventos para no avalar las gravisímas violaciones cometidos por los militares en estos cinco últimos días. En América Latina, México ya habría tomado una decisión de no asistir y es la mayor delegación de a este evento. Luego de la elección del próximo domingo, donde el centro izquierdista Alberto Fernández podría ser electo Presidente de Argentina, en primera vuelta, la “tortilla del poder” cambiará y los argentinos tampoco enviarían oficialmente una delegación, menos luego que Piñera ha apoyado fervientemente al derechista Mauricio Macri, que será derrotado. 

Ya la senadora Ximena Rincón (DC) exigió suspender la COP25 adelantándose a lo que ocurrirá en los próximos días. “Tiene que organizarla Costa Rica” dijo la parlamentaria. 

Militares actuaron ilegalmente: No pueden detener ni menos disparar

El abogado constitucionalista, Jaime Bassa, participó en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado, sobre el Estado de Excepción y el actuar del Ejército.

“Lo que estamos viendo hoy día en las calles, es violencia estatal de facto, que no tiene absolutamente ningún respaldo normativo para las facultades que están ejerciendo los jefes militares”, comenzó declarando el experto.

“El Estado de Excepción que ha sido declarado, es el Estado de Emergencia, que solo habilita por expreso mandato constitucional al Presidente, ojo, solo al Presidente, a limitar el ejercicio de la libertad de locomoción y la libertad de reunión. La habilitación constitucional es al Presidente de la República, no al jefe de zona”, sostuvo.

Detallando que “eso quiere decir, primero, que tiene que haber un acto normativo del Presidente de la República, que delegue sus facultades constitucionales de Excepción en el jefe de zona militar o naval respectivo. Eso no ha ocurrido”.

Asimismo, expresó que “de facto, estamos viendo que hay restricciones a la libertad de prensa, a la libertad a emitir opinión, al derecho a manifestarse pacíficamente desde los hogares. Hay personas que están siendo detenidas en lugares no habilitados por ley, hay hogares que son allanados, hay personas que son arrestadas desde sus hogares sin habilitación legal”.

“De facto, lo que estamos viendo, es que la autoridad militar está actuando como si estuviéramos en Estado de Sitio sin ninguna habilitación normativa y sin ningún tipo de control”, aseveró.

“El Presidente no ha delegado las facultades que le confiere la Constitución. Todo lo que estamos viendo es de facto, es un Estado de Sitio de facto, sin control. Pero lo peor de todo, sin responsabilidad política, porque el sentido que tiene la exigencia constitucional de la delegación presidencial, radica precisamente en que el Presidente de la República es el responsable políticamente por lo que hace, el jefe de zona militar o naval no, pero el Presidente sí. Es inaceptable. La Constitución es clara”, detalló.

“Hay que preguntarse por qué hay una autoridad militar decretando toque de queda, si no está autorizado para eso”, cuestionó.

Por otra parte, aseguró que “durante el Estado de Emergencia, ni el Presidente de la Republica, y, por lo tanto, ningún jefe de zona militar, está autorizado para detener personas”.

Esto, porque “la ley orgánico constitucional no tipifica como una sanción no respetar el toque de queda. No respetar el toque de queda no es un delito que esté tipificado por el Código Penal, por lo tanto, las personas no pueden ser arrestadas. Eso es ilegal”.

Según explicó, el artículo 495 N°1 del Código Penal señala que solo te deben poner una multa de 1 UTM por contravenir las reglas que la autoridad dictó para conservar el orden público o evitar que se altere.

La única excepción es que el hecho constituya crimen o simple delito. “No respetar el toque de queda no es un crimen o simple delito, es una falta. No está tipificado como delito, por lo tanto, no es delito. No pueden ser arrestadas”, aseveró.

“Lo que está ocurriendo es muy grave. Estamos en una excepción dentro de la excepción y alguien tiene que controlar esto”, concluyó Bassa.

Juez ratifica Terrorismo de Estado

El juez de Garantía Daniel Urrutia fue muy claro respecto a las denuncias de la sociedad chilena y la opinión internacional. “El tribunal ha reunido una gran cantidad de medios de prueba que hemos podido ir juntando a medida que pasa el tiempo, desde que se tomó la medida por parte del gobierno de sacar los militares a la calle, y establecer toques de queda y otras restricciones. Se han ido sumando miles de testimonios acerca de la brutalidad y las violaciones que se producen día a día en relación a las detenciones de los manifestantes, es el abuso en sus derechos”, confirmó.

“Evidentemente hay golpes, hay amenazas, y además, lo más grave, es que tanto fuerzas policiales como militares, han tenido actuaciones inaceptables perpetrando violaciones en los derechos humanos a través de disparos con armamento de guerra, que han causado la muerte de ciudadanos y ciudadanas en el país”, expresó Urrutia Laubreaux.

Luego el juez indicó que “hay casos dramáticos, como soldados disparando dentro de las casas, dentro de los condominios, por el solo hecho de estar caceroleando. Es muy importante que mucha gente ha podido grabar estos hechos, y podrá permitir que ningún abuso quede sin sanción”.

Respecto a las entidades que se han animado a denunciar a y aportar pruebas sobre los vejámenes realizados por las fuerzas armadas chilenas, el especialista en Derechos Humanos expuso: “Muchas organizaciones como Abofem (Abogadas Feministas) o el Piquete Jurídico de la Universidad de Chile, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, han hecho un trabajo notable, se han desplegado en el terreno y han logrado documentar los casos de violaciones a los derechos humanos”.

Desde su función judicial, el juez comentó: “Hemos visto videos de policías obligando a desnudarse a los habitantes de la Villa Francia, en Santiago, con los militares pegando culatazos. Entonces esas imágenes, que las teníamos de archivo desde hace 40 años, volver a verlas es una gran tristeza de que estas cosas vuelvan a ocurrir en Chile”.

El juez Urrutia dice que “esa situación es inaceptable y hay responsabilidad política de quien establece esa orden. Es una absoluta violación a los DD.HH. y es constitutivo de terrorismo de Estado”.

Pero el funcionario santiaguino no se queda en el lamento y explicó el accionar propio y de muchos de sus pares respecto al tema: “Esto genera mucha tristeza, como juez de garantías, y a la vez un compromiso, junto con otros jueces, de que esto no se repita, de dar cuenta de estas acciones, documentarlas debidamente, y luego seguir para ver las responsabilidades”. Y agregó: “No sólo de aquel que golpeó o gatilló, sino de aquel que políticamente tiene la responsabilidad de haber enviado a estos agentes a reprimir. Esto se llama terrorismo de Estado”.
 

clubwifiusa


Sources: cambio21

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