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¿Desaparecidos en el Palacio? Parece que no. Por: Rafael Nieto Loaiza |

¿Desaparecidos en el Palacio? Parece que no. Por: Rafael Nieto Loaiza |


¿Hubo desaparecidos en el Palacio de Justicia? La guerrillera Irma Franco fue efectivamente detenida desaparecida. Hay prueba de que salió con vida, estuvo en poder del Ejército y nunca más se supo de ella.

¿Y los demás? Jorge Ricardo Sarmiento, fiscal investigador del caso, afirmó hace tres semanas que “los hallazgos que Medicina Legal junto con la Fiscalía han alcanzado en estos últimos cinco años nos permiten afirmar que no fueron casos de desapariciones forzadas sino que fueron casos de malas identificaciones o cuerpos mezclados. Es decir, estas personas que supuestamente habían estado desaparecidas realmente fueron mal entregadas o mal identificadas en el año 1985”. Se armó una gran polémica y se obligó a la Fiscalía a decir que era posible que si los hubiera habido.

En realidad Sarmiento solo repitió lo que Medicina Legal venía diciendo desde hace al menos seis años. Pero veamos los hechos. Hace unos pocos días se identificaron los restos de Gloria Anzola. En el 2000 los de Ana Castiblanco, los de Norma Esguerra en el 2013, los de Cristina Guarín, Lucy Amparo Oviedo y Luz Mary Portela en el 2015, y en el 2017 los de Bernardo Beltrán y los de Héctor Jaime Beltrán Fuentes. A hoy, los únicos no identificados son Rodriguez Vera, David Suspes y Gloria Lizarazo.

Es el momento de una precisión: una cosa es un desaparecido en el sentido coloquial del término, es decir, persona de la que no se sabe su paradero, y otra una víctima de “desaparición forzada”, un calificación del derecho internacional que exige que haya prueba de que la persona estaba privada de su libertad en poder del Estado (o de una organización política, dice el estatuto de Roma) y se niegue a admitir esa privación o no se de información sobre su suerte o paradero “con la intención de dejarla fuera del amparo de la ley por un período prolongado”.

No hay duda de que por muchos años no se supo del paradero de los once supuestos “desaparecidos”. Pero hay mucho trecho de ahí a establecer que fueron víctimas de desaparición forzada. Lo que muestra el trabajo de la Fiscalía y Medicina Legal es que, al menos en relación con los ocho identificados hasta hoy, no hubo desaparición forzada. Con todos ocurrió una de dos cosas: o se entregaron los restos como si fueran los de otra persona y se enterraron equivocadamente o se encontraron dentro de los restos exhumados en 1998 de la fosa común del Cementerio del Sur, donde fueron sepultados en septiembre de 1985 los cuerpos no identificados en el Palacio, y que tras la exhumación fueron repartidos entre el departamento de Antropología de la Universidad Nacional, Medicina Legal y la Fiscalía.

¿Por qué no se hizo antes la identificación? Por un conjunto de razones: primero, porque el manejo de la escena y el levantamiento de los cadáveres y los procedimientos de identificación y entrega de cuerpos tras la recuperación de Palacio, fueron un absoluto desastre; segundo, porque el fuego que consumió el Palacio y que alcanzó los 1.500 grados centígrados dejó muchos cuerpos calcinados, haciendo muy difícil la identificación; tercero, porque hasta hace poco no se contaba con los procedimientos, especialidades forenses y desarrollo tecnológico, como por ejemplo banco de datos e identificación por ADN, que se tienen hoy; y finalmente porque por muchos años no hubo ningún interés en la Fiscalía de avanzar en la identificación de las decenas de restos no identificados y establecer lo que verdaderamente ocurrió. Lo único que buscaba era condenar a los militares. Basta mirar lo que hizo, por ejemplo, la mal afamada Ángela Buitrago.

En 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos abrió un caso por desaparición forzada en el Palacio de Justicia. Fui designado agente del Estado y mi respuesta a la demanda fue que Colombia debía reconocer errores en el manejo del Palacio tras la recuperación por la Fuerza Pública y fallas en el sistema de administración de justicia, incapaz por décadas de dar respuesta a los familiares. Pero me negué a reconocer que hubiera “desaparecidos forzados”, excepto Irma Franco, porque en el examen del caso no había pruebas inequívocas de que los “desaparecidos” hubieran salido vivos, ni de que hubieran quedado en poder del Estado, ni que en sus manos hubieran desaparecido, y porque ya entonces había información suficiente para pensar que los “desaparecidos” en realidad eran no identificados o identificados equivocadamente.

Lo que pedí era que se hiciera esa tarea de identificación y solo después se decidiera el caso. Esa posición me costó el ataque sistemático de los medios, de Ruth Stella Correa, entonces Ministra de Justicia y de otros funcionarios del gobierno que se negaban a buscar la verdad y creían políticamente inconveniente cuestionar la idea mito de los “desaparecidos” del Palacio. Como los hechos no coincidían con lo que me pedía el Gobierno o contradecían sentencias de los tribunales internas de justicia, como estaba convencido de que mi tarea era defender al Estado con la verdad y no ceder a posiciones políticas o ideológicas, renuncié al mandato.

Santos designó otro abogado y se renunciaron a muchas pruebas que yo pedía. Colombia fue condenada a fines del 2014 por nueve desapariciones. Sin embargo, la Corte no condenó a Colombia “respecto de los casos específicos de Norma Constanza Esguerra y Ana Rosa Castiblanco [cuyos restos fueron identificados en el 2000 y el 2013 respectivamente, porque] existen indicios que … apuntan a su fallecimiento dentro del Palacio de Justicia durante la toma y retoma”. Exactamente lo mismo se puede decir hoy de los seis identificados desde entonces.

Curiosamente, a la sala penal de la Corte Suprema, estos hechos parecen importarle un comino, y ha confirmado la condena al general Arias Cabrales. No tiene afán de establecer la verdad o de hacer justicia. Ella también, como la Fiscalía de antaño, solo pretende cargar las culpas en los militares.

¿Desaparecidos forzados en el Palacio? Salvo Irma Franco, parece que no. Aún faltan restos por identificar. Confiemos en la Fiscalía y Medicina Legal terminen de hacer su tarea.

clubwifiusa


Sources: minuto30

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