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Córdoba ya permite el aborto no punible en sus hospitales provinciales – 25/09/2019

Córdoba ya permite el aborto no punible en sus hospitales provinciales - 25/09/2019



El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) rechazó el recurso extraordinario federal propuesto por la asociación civil Portal de Belén, que planteaba examinar la constitucionalidad de la resolución de la cartera sanitaria local sobre el protocolo del aborto no punible en los casos previstos por la ley.

Los vocales del TSJ, Aída Tarditti, Domingo Sesin, Mercedes Blanc de Arabel y Silvana Chiapero, señalaron este martes que esa entidad no cumplió con los requisitos formales que regulan la admisibilidad de un recurso de tal trascendencia.

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La legislación argentina permite interrumpir la gestación sin consecuencias penales cuando deviene de una violación, cuando pone en riesgo la salud o vida de la madre o ante la inviabilidad de supervivencia del feto fuera del útero, pero esa entidad considera que el aborto es punible en todos los casos.

El Ministerio de Salud provincial dictó en diciembre último la Resolución 93/12 sobre los protocolos para practicar un aborto no punible, que el Portal de Belén pidió revisar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

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La “Guía de procedimiento para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punible”, es un instrumento elaborado en 2012 por el Ministerio de Salud de la Provincia, que vuelve a estar vigente después de un freno de siete años por recursos judiciales.

“A partir de hoy (por ayer), la aplicación de la ‘Guía de aborto no punible’ está garantizada”, señaló el ministro de Salud de la Provincia, Francisco Fortuna al diario La Voz. “El sistema de salud de la provincia de Córdoba está en condiciones de garantizar el acceso a la salud de las mujeres que así lo soliciten, en cumplimiento del artículo 86 del Código Penal (CP) y del fallo de la Corte Suprema de Justicia”, añadió.

De acuerdo con el voto de la mayoría, Portal de Belén no se preocupó en desmontar los argumentos por los que, en la sentencia de diciembre, se había concluido que no había un caso judicial en propiedad, sino la mera discrepancia de la asociación con las hipótesis de no punibilidad del aborto que prevé el Código Penal. 

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Los magistrados consideraron: “Reconocerle legitimación a Portal de Belén, que sostiene que el aborto es punible en todos los casos, sería como admitir que la persona gestante podría ser forzada indirectamente a actuar en contra de la posibilidad de valorar o de resignificar el sentido de su propia vida, algo que le reconoce el Código Penal al declarar fuera de la persecución penal, por ejemplo, la decisión de interrumpir la gestación que pudiera adoptar la víctima de un abuso sexual con acceso carnal que fuera la causa de ese embarazo”.

Sin embargo, la minoría compuesta por Luis Rubio, Claudia Zalazar y Julio Sánchez Torres sostenían que, en virtud de la magnitud de los derechos en disputa, el recurso resultaba admisible para habilitar la intervención de la Corte Suprema.

En sus consideraciones, Sánchez Torres, afirmó que hay que prestar atención del “colectivo de las personas por nacer, por su falta de madurez física y mental”.

Entonces, quedó sin efecto la medida cautelar que impedía la ejecución de la guía o protocolo para atender a quienes demandaran la interrupción de la gestación en las excepcionales hipótesis en que tal práctica es admisible sin consecuencias penales.

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Ya con el protocolo vigente por decisión judicial, el ministro de Salud cordobés aclaró que el procedimiento “se puede dar en cualquier efector de la provincia”. Además, indicó que la persona gestante podrá hacer la consulta en cualquier centro y que, según el nivel de complejidad de la práctica podrá ser derivada. “Está en consideración de los equipos de salud, que analizarán caso por caso”, describió.

En caso de violación, destacó Fortuna, no es necesaria la denuncia judicial, sino la declaración jurada de la persona gestante. “La declaración jurada hace innecesaria la participación de la Justicia. Es un derecho de la mujer que es receptado y documentado dentro del sistema de salud, como corresponde”, afirmó el ministro. En caso de que la persona gestante sea menor de edad, la declaración jurada debe ser firmada por la persona a cargo.

JPE



Sources:
clarin-com

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