Panamá

Gremio médico expresa preocupación por proyecto que otorga identidad a bebés fallecidos

Gremio médico expresa preocupación por proyecto que otorga identidad a bebés fallecidos



La Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología expresó este miércoles 28 de agosto su preocupación por la posible aprobación del proyecto de ley No. 18, que establece la identidad para los bebés fallecidos en el vientre materno.

Esta reacción de los obstetras y ginecólogos surge luego que el pasado 1 de agosto la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional prohijó el proyecto de ley.

Además el pasado 27 de agosto la Comisión de la Mujer acordó presentar antes del próximo 15 de septiembre cambios a la citada norma.

Esos cambios se propusieron después de que entidades oficiales y otras organizaciones expusieron inquietudes sobre la propuesta que impulsa la diputada Corina Cano, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista.

La Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología considera que el proyecto de ley “viola los derechos a la vida y salud de la mujer, contemplados en la Constitución Nacional y Código Civil de la República de Panamá; así como en la Convención Internacional de los Derechos Humanos; considerando que estos establecen que se entiende por niño todo ser humano desde su nacimiento hasta los 18 años”.

Lea el comunicado de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología

También plantearon que el proyecto de ley podría crear duplicidad de datos o subregistros que reflejen un escenario irreal, toda vez que desde 2002 existe un registro de nacimientos vivos y defunciones fetales en las instalaciones de la Caja de Seguro Social, el Ministerio de Salud y clínicas privada en todo el país.

La iniciativa consta de 11 artículos y, entre otras cosas, crea “un libro de defunciones de personas concebidas no nacidas” a nivel nacional dentro del Registro Civil, que administra el  Tribunal Electoral.

Para el citado gremio el proyecto pudiera “convertirse en una herramienta legal, como ya ha sucedido en otros países, para penalizar la interrupción involuntaria o terapéutica de un embarazo, este último amparado en un marco legal y realizado con autorización previa de un comité multidisciplinario, sólo bajo tres condiciones específicas: porque pone en peligro la vida de la madre, porque existe un diagnóstico fetal incompatible con la vida y porque es producto de un delito social y sexual como la violación”.

clubwifiusa


Sources: laestrella.com.pa

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