Economía

La Fiscalía pedirá en cuestión de días la imputación de BBVA por el espionaje

La Fiscalía pedirá en cuestión de días la imputación de BBVA por el espionaje


La petición de la Fiscalía Anticorrupción para imputar a BBVA llegará en cuestión de días, según fuentes jurídicas. El Ministerio Público apunta a solicitar que se investigue al banco como persona jurídica en el caso antes de que finalice el mes de julio. No obstante, una vez presentada la solicitud, el juez titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, tomará una decisión al respecto. Aunque habitualmente el mes de agosto en la justicia es inhábil, lo que llevaría a señalar que la decisión del magistrado podría extenderse a la vuelta de las vacaciones, las mismas fuentes apuntan a que agosto “no es tan inhábil” al respecto.

No obstante, la imputación de BBVA como persona jurídica tiene matices especiales en el caso. Como el Código Penal no incluyó la posibilidad de imputar a empresas hasta el año 2010, el banco no tendría que responder por cuestiones anteriores a ese ejercicio. Es decir, si BBVA es juzgado y sentenciado y se dirime responsabilidad penal en el escándalo de espionaje, sólo tendrá que afrontar obligaciones desde el año 2010 en adelante, lo que significa que no se le puede juzgar por el presunto espionaje a Sacyr, ya que fue encargado en diciembre de 2004 y se extendió hasta los primeros meses de 2005.

Sin embargo, el banco sí estaría expuesto al resto de encargos que la entidad azul realizó al excomisario José Manuel Villarejo a partir de 2010. La orden para investigar al constructor Fernando Martín y al expresidente de Colonial, Luis Portillo, fue iniciada en diciembre de 2009, pero los trabajos realizados por parte del expolicía se extendieron al año siguiente. Asimismo, la entidad también ordenó el espionaje a la asociación de consumidores Ausbanc en 2012 y, después, en febrero de 2017, ordenó espiar a accionistas críticos al entonces presidente del banco Francisco González (FG)de cara a la Junta de Accionistas de ese años, según El Mundo.

De hecho, BBVA pagó facturas al excomisario hasta 2017, año en que Villarejo fue encarcelado por la operación Tándem.

Las penas que afronta

El banco, al no ser una persona física, no puede recibir una condena de prisión. Sin embargo, sí puede afrontar una multa. Además, el tribunal también podría solicitar la liquidación de la entidad, condenarla a que deje de realizar su actividad total o simplemente prohibirle continuar con una parte del negocio e incluso puede pedir el cierre de sus locales u establecimientos.

La imputación de la entidad no lleva aparejado de ninguna manera la de los consejeros ni la de ningún alto cargo del banco. No obstante, el juez está investigando “a todo el mundo”, según las mismas fuentes. Ese todo el mundo, también implica a Francisco González. Sin embargo, la instrucción no actúa sobre quién puede estar involucrado en qué, sino sobre si hay elementos suficientes o no para incriminar a una persona. Sin embargo, de momento Anticorrupción descarta pedir la imputación del banco o de cualquier miembro de la cúpula de la entidad en la actual fase de instrucción. No obstante, esto no implica que con los avances de la investigación, el Ministerio Público pueda solicitarlo más adelante.

Las grabaciones y documentos que el comisario José Manuel Villarejo atesoró en una caja fuerte en una de sus viviendas durante años de los distintos trabajos que realizó para diferentes personas y compañías se han vuelto en contra del propio expolicía y de aquellos que le contrataron. En el caso de BBVA, el más perjudicado, de momento, ha sido el exjefe de Seguridad del banco, Julio Corrochano. Villarejo grabó varias de las conversaciones que mantuvo con el directivo tanto por teléfono como en los encuentros físicos.

Corrochano, ante la ignorancia de sentirse grabado y la relación desde juventud que le unía al excomisario hablaba sin tapujos de los trabajos presuntamente encargados por la entidad. De hecho, es el que fue jefe de Seguridad del banco azul entre 2002 y hasta abril de 2008, el que señala directamente a Francisco González y a Ángel Cano, exconsejero delegado del banco, como presuntos responsables de las contrataciones y, por tanto, conocedores de las mismas.

Corrochano, en 2004, y en el marco de la investigación a Sacyr, llegó a decir que su “presi”, en referencia a González, quería informe cada quince días. En una conversación posterior, en 2009, apuntó a que fue FG el que pidió contratar a Villarejo para investigar al constructor Fernando Martín y al expresidente de Colonial, Luis Portillo. El excomisario, además, dejó patente en un documento al que ha tenido acceso este diario que fue FG quien pidió su contratación.

Además, el exdirector de Seguridad de la entidad, en conversaciones con el inspector que supuestamente desconocía que le estaban grabando, también implicó a Ángel Cano, en la trama. Según Corrochano, tenía que mantener al entonces consejero delegado de la entidad informado de las evoluciones de las investigaciones sobre Martín y Portillo.

El informe que no llega

En mitad de todo el escándalo de espionaje, el papel de BBVAse ha limitado a anunciar que tiene abierta una investigación interna para aclarar la contratación de las empresas del excomisario. Sin embargo, a pesar de que inició las indagaciones en mayo de 2018, hace más de un año y coincidiendo con que salió a la luz que la entidad contrató a Villarejo en 2012 para espiar a Ausbanc, aún no la ha finalizado.

La tardanza del banco contrasta con el hecho de que BBVA contrató a la consultora PwC y a los despachos Uría y Garrigues para apoyar la investigación, también llamado informe forensic. Sin embargo, el grupo financiero afronta de manera recurrente nuevos casos y detalles que salen a la luz.

A la indignación del magistrado por el retraso del banco en la elaboración de este informe, se suma la del Banco Central Europeo (BCE), el Banco de España y el Ministerio de Economía. Tanto el vicepresidente del BCE, el español Luis de Guindos, el gobernador del supervisor nacional, Pablo Hernández de Cos, como la titular de la cartera de Economía, Nadia Calviño, han pedido cada uno y hasta en dos ocasiones al banco que acabe la investigación. Sin embargo, pese a los seis tirones de orejas, el informe no llega.

Corrochano sabía que Villarejo usaba los recursos de la Policía para BBVA

clubwifiusa


Source: eleconomista.es (Noticias destacadas por elEconomista)

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