Puerto Rico

Penden de un hilo miembros de la Junta de Supervisión Fiscal

Penden de un hilo miembros de la Junta de Supervisión Fiscal


Washington – El tercer aniversario de la ley Promesa, que se cumple hoy, agarra a los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en un limbo que aún amenaza con alterar el ritmo del proceso de reestructuración de la deuda y las principales decisiones tomadas por sus actuales miembros.

En momentos en que la JSF, que controla las decisiones financieras del gobierno electo de Puerto Rico, trata de acelerar la reestructuración de la deuda pública y deberá aprobar esta noche el presupuesto 2019-2020, sus integrantes tienen garantizados solo dos semanas más en sus puestos.

El Senado estadounidense inició el viernes un nuevo receso legislativo sin haber examinado aún los nombramientos del ente fiscal.

Cuando vuelva a sesionar, el 8 de julio, al Senado solo le quedará una semana para confirmar a los siete miembros de la JSF y cumplir con la orden del Primer Circuito de Apelaciones que les requiere ser confirmados por el Senado estadounidense, tras el foro judicial declarar inconstitucional la forma en que fueron nombrados por el entonces presidente Barack Obama

Bajo ese panorama, solo una nueva extensión de la moratoria otorgada por el foro de apelaciones -la cual desde hace dos semanas solicitó la JSF y se enfrenta a la oposición de los que impugnan la constitucionalidad de los nombramientos-, evitaría que el 16 de julio el ente fiscal quede inoperante.

El liderato del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, que tiene a su cargo examinar los nombramientos referidos el pasado día 18 por el presidente Donald Trump, aún no ha recibido todos los documentos sobre los integrantes de la JSF, según fuentes del Senado. “La entrega de documentos está en proceso”, reconoció Edward Zayas, portavoz de la JSF.

La presidenta del Comité de Energía y Recursos Naturales, la republicana Lisa Murkowski (Alaska), ha dejado claro que tiene la intención de que los nombramientos de los miembros de la JSF sigan el trámite regular, lo que incluiría reuniones, por lo menos una audiencia pública y una sesión de votación, antes de una posible ratificación en el pleno del Senado.

Pero ni siquiera las reuniones con los miembros del comité han comenzado, lo que hace evidente que a menos que haya una extensión de la moratoria o en una medida sorpresiva de última hora se decida obviar el procedimiento regular de nombramientos, la JSF no funcionaría en dos semanas.

“Me parece que el Circuito va a extender ese término (de la moratoria)”, indicó el expresidente del Tribunal Federal de Quiebras de San Juan Gerardo Carlo Altieri, al destacar la importancia que tiene para el sistema mantener el proceso de reestructuración de la deuda.

Hasta el momento, junto al plan fiscal y el control del presupuesto del gobierno de Puerto Rico, la JSF ha logrado acuerdos de reestructuración de la deuda en relación con COFINA y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), y tiene pactos preliminares con un grupo de los acreedores de obligaciones generales, bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de los Puertos y la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO).

En general, intentan reestructurar cerca de $50,000 millones de los $72,000 millones en deuda pública que aproximadamente tiene el gobierno central y sus corporaciones públicas.

El pasado 18 de junio, justo cuando el presidente Donald Trump refirió los nombramientos de los siete miembros actuales de la JSF al Senado para su confirmación, el ente fiscal pidió al Primer Circuito de Apelaciones extender la orden que ha permitido a esos funcionarios seguir tomando decisiones sobre el proceso de reestructuración de la deuda pública hasta que el máximo foro judicial estadounidense decida el caso.

Ese mismo día, el Tribunal Supremo estadounidense acogió todos los recursos que se le presentaron para revisar la decisión del 15 de febrero del Primer Circuito, que determinó que los miembros de la JSF son funcionarios federales de alto nivel, por lo que debieron ser nombrados directamente por el presidente de EE.UU. y confirmados por el Senado.

El Tribunal Supremo estadounidense ha decidido no solo revisar si los nombramientos hechos por el presidente Obama violaron la cláusula constitucional de nombramientos, sino si el Primer Circuito actuó correctamente al validar las decisiones tomadas y permitirles seguir adelante con el proceso de reestructuración y ajustes fiscales.

Seis de los siete miembros de la junta -José Carrión III, Carlos García, David Skeel, Andrew Biggs, Ana Matosantos y Arthur González-, fueron nombrados por Obama a base de listas de candidatos presentados por los líderes del Congreso, como permite la ley Promesa. El séptimo, José Ramón González, fue nombrado directamente por Obama.

La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) y la firma de inversiones Aurelius, en recursos independientes, solicitaron al Primer Circuito de Apelaciones que rechace la petición de la JSF para que se extienda la moratoria.

Tanto la Utier como Aurelius están satisfechos con la declaración de inconstitucionalidad de los nombramientos, como argumentaron desde el principio, pero cuestionan que se validaran las acciones previas de la JSF y que hayan podido continuar tomando decisiones.

También, han criticado que la Casa Blanca se tomara cuatro meses para enviar las designaciones al Senado.

En ese sentido, Theodore Olson, abogado de Aurelius y quien fue procurador general durante el gobierno de George W. Bush, sostuvo que si se permite continuar la moratoria por lo menos hasta octubre -cuando el Tribunal Supremo estadounidense llevará a cabo una audiencia oral del caso-, “se le quitará al Senado cualquier incentivo para actuar sobre las nominaciones”.

“Por lo tanto, si la Junta obtiene la moratoria que busca, es muy probable que estos miembros (de la JSF) completen sus términos sin haber sido nombrados correctamente”, agregó Olson en el argumento presentado el viernes.

Rolando Emmanuelli, abogado de la Utier, sostuvo que los tribunales deben tomar en cuenta que “todo lo que ha estado haciendo la Junta desde el 15 de febrero, cuando ya sabían que sus nombramientos estaban en cuestionamiento, es una temeridad increíble”.

Los acuerdos preliminares de reestructuración de la deuda con los acreedores de la AEE y un grupo de bonistas de las obligaciones generales son dos de las decisiones claves tomadas por la JSF después de la opinión del Primer Circuito de que los nombramientos son inconstitucionales.

Emmanuelli está confiado en que cuando el caso sea evaluado por el Tribunal Supremo de EE.UU. no solo reafirmará la inconstitucionalidad de los nombramientos, sino que mantendrá la inclinación de su jurisprudencia en contra de validar decisiones de funcionarios de facto.

“La ley Promesa y la JSF ya han sido una imposición”, por lo que permitir que se validen decisiones de personas nombradas de forma inconstitucional, sería presionar más en la herida colonial, indicaron Emmanuelli y su colega Jessica Méndez Colberg en la argumentación que presentaron ante el Primer Circuito.

El Comité de Acreedores no Asegurados (UCC) objetó, por su parte, que se apruebe una moratoria indefinida, pues teme que la Junta se esfuerce en obtener “la aprobación de planes de ajuste y acuerdos relacionados claves que una vez consumados la JSF argumentará que en efecto no podrán ser revisados”.

Los expertos prevén que que tan pronto como esta semana, el Primer Circuito de Apelaciones federales decidirá si extiende o no la moratoria. De esta forma, la JSF tendría tiempo para acudir al Tribunal Supremo estadounidense a pedir que se extienda la fecha de vencimiento de sus funciones en espera de una decisión del máximo foro judicial federal, que pudiera tener lugar antes de que finalice el año.

Aunque el Tribunal Supremo inicia esta semana su receso, no deja de recibir peticiones de emergencia.

Si se extiende la moratoria, ciertamente, como teme la firma Aurelius, se puede cuestionar si el presidente Trump querrá seguir adelante con el proceso de nombramientos de los actuales miembros de la JSF. La designación que impartiera a los actuales miembros de la JSF persigue que puedan terminar con su mandato de tres años que vence el 30 de agosto y muchos se preguntan si la Casa Blanca querrá tener dos procesos de confirmación este mismo año.

De todos modos, la JSF no ha dejado de estar activa en Washington, en previsión del proceso de confirmación de los actuales miembros.

La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, estuvo hace dos semanas en Washington en reuniones en el Congreso y el Ejecutivo federal. También se entrevistó con grupos de estudio, según su oficina.

En sus argumentaciones, la JSF ha mantenido que sin una extensión de la moratoria se echará al traste “todo lo que se ha logrado en el proceso de reestructuración” y “la economía y la ciudadanía de la isla sufriría daños irreparables”.

clubwifiusa


Sources: metro.pr

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