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La rebelión de los jueces

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El Consejo de la Judicatura invitó a los jueces de la Corte Nacional de Justicia para hacerles conocer la metodología de evaluación a la que serán sometidos. No acudió ninguno. ¡Se declaró la rebelión de los jueces! La Presidenta subrogante envió una carta explicando que los jueces tienen audiencias agendadas y que no pueden paralizar la administración de justicia.

¡Empezaron a actuar gregariamente! La carta no solo daba una explicación de la inasistencia sino que apelaba a la independencia judicial citando la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, los Principios de la ONU sobre la independencia judicial, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos; todo ello para sugerir que no se puede utilizar los sistemas de evaluación como instrumento político.

Es comprensible que los jueces se alarmen si es que sospechan que se trata de meter la mano de la política en la justicia. Pueden recelar de la evaluación como mecanismo, empacado en expertos, calificaciones y reclamos, para sacar unos jueces y meter otros. Al fin y al cabo, ellos entraron así. El Consejo de la Judicatura sería el guante que lleva escondida la mano de la política. Todos los gobiernos aspiran a nombrar jueces sumisos.

Los políticos de América Latina, dice María Amparo Casar, han dado muestra, una y otra vez, de su poder para eludir la justicia. Lo hacen por cuatro vías. La primera : sobornar a los jueces. La segunda: el secretismo, que permite esconder buena parte de los actos ilícitos. La tercera: cambiar las leyes establecidas en circunstancias en que ven peligrar su poder. La cuarta es la muy socorrida denuncia de la politización de la justicia.

El Consejo de la Judicatura es parte de la Administración de Justicia y tiene entre sus mandatos constitucionales, según el art. 181: “Dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la Función Judicial, así como, su evaluación, ascensos y sanción”.

Cumpliendo este mandato, el Consejo de la Judicatura inició en febrero el proceso de evaluación a 21 jueces y 15 conjueces de la Corte Nacional. Aprobó la conformación de un Comité de expertos, un Comité Evaluador y una Veeduría Ciudadana, con catedráticos elegidos por diez universidades que colaboran. El proceso de evaluación en marcha tiene más garantías que los anteriores.Los jueces que renuncien y los jueces rebeldes, igual serán evaluados. Serán examinadas las cuentas y algunas sentencias escogidas por los expertos. Es comprensible la resistencia a este proceso de apariencia inexorable, pero resulta casi gracioso que los jueces que se sometieron a la manipulación de la justicia y callaron ante los abusos políticos, reclamen ahora independencia judicial. Con todo, sería triste que la evaluación terminara con jueces sumisos para el gobierno de turno y no en el inicio de la esperanzadora depuración de la justicia.



Sources: elcomercio.com

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