Puerto Rico

Pesquisa federal pone el ojo sobre contratista del PNP

Pesquisa federal pone el ojo sobre contratista del PNP


Los requerimientos de información del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) que llegaron en mayo a varias agencias y corporaciones públicas se centraban en la figura de Alberto Velázquez Piñol, un sujeto que ha estado ligado a varias administraciones del Partido Nuevo Progresista (PNP) y que, en tiempos recientes, ha provisto servicios al gobierno bajo la sombrilla de la empresa BDO Puerto Rico, confirmaron varias fuentes en el gobierno.

Al conocerse públicamente la pesquisa, la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares argumentó ayer que la investigación es por presuntas irregularidades cometidas en el sector privado y que no tiene que ver con actos ilegales de funcionarios públicos.

El secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, por ejemplo, alegó que ningún empleado del gobierno ha sido entrevistado como parte de la pesquisa y que las requisiciones se limitaron a la petición de documentos asociados a la contratación con la empresa BDO Puerto Rico. El secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, no obstante, admitió que no conocen de todos los funcionarios que pudieron ser citados o entrevistados.

Rosselló Nevares, por su parte, reiteró ayer que su administración tiene “cero tolerancia” a la corrupción y afirmó que, desde que tuvieron conocimiento de la pesquisa el 10 de mayo, ordenaron la cancelación de los 37 contratos que mantenía la firma de contabilidad con distintas agencias e instrumentalidades del gobierno.

La Fortaleza no proveyó ayer el detalle de cuáles contratos han sido cancelados, cuáles no serán renovados y cuáles se mantendrían por entenderse como esenciales. Cuando se le insistió sobre el asunto a Maceira, el funcionario respondió a los periodistas en La Fortaleza que buscaran la información en el Registro de Contratos del Contralor.

Los datos que mantenía ayer esta agencia en su portal apuntaban a que apenas el 16% de los acuerdos legales entre el gobierno central y BDO habían sido cancelados. Lisandra Rivera, portavoz de la Oficina de la Contralora, indicó que el gobierno tiene 15 días para radicar los documentos una vez se determina dar por terminado un acuerdo legal.

Lo que indagan los federales

La pesquisa que lidera el FBI, según fuentes de este diario, examina de cerca las subcontrataciones hechas por BDO Puerto Rico, como parte de su operación proveyendo servicios al gobierno.

Uno de los personajes principales en esta subcontratación es Velázquez Piñol, quien hasta fue identificado por La Fortaleza en un comunicado de prensa del 24 de agosto de 2017 como uno de los miembros del Frente por Puerto Rico, ente que buscaba adelantar los temas puertorriqueños en la capital estadounidense.

En el comunicado, se informó que Velázquez Piñol era asesor del secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado. Ayer, este funcionario negaba que Velázquez Piñol fuera su asesor.

“Sobre la persona a la que se hace referencia, esta nunca ha tenido contrato alguno con el Departamento de Salud ni ha ejercido funciones dentro de las divisiones o programas que se administran desde mi oficina”, manifestó Rodríguez Mercado en declaraciones escritas.

Las llamadas para obtener una reacción de Vázquez Piñol sobre la controversia resultaron infructuosas.

Velázquez Piñol y Harry Alemán Quiñones, quien fue identificado como socio de BDO Puerto Rico, participaron -el 10 de septiembre de 2018- en una actividad de recaudación de fondos de la campaña electoral del gobernador en la urbanización Villas Reales, en Guaynabo. Alemán Quiñones supuestamente fue entrevistado por el FBI, supo este diario.

Dieciséis días después del evento político, se le otorgó un contrato adicional a BDO para consultoría administrativa con el Departamento de Hacienda por la cantidad de $40,000. Aunque la cuantía del contrato es más baja que el promedio de sus contrataciones, en este caso llama la atención la descripción ambigua de los servicios que ofrecería: “Facilitar las relaciones y comunicación con las asociaciones del sector privado, entidades universitarias con el fin de promover el cumplimiento del Código de Rentas Internas. Promover el cumplimiento con la actual y futura política pública”.

Los contratos de la empresa con Hacienda ascendían ya para esa fecha a $21.6 millones, mientras con el gobierno general ya acumulaba $41.2 millones.

A 30 meses de que Rosselló Nevares llegó al poder, BDO ha recibido 84 contratos en la Rama Ejecutiva, lo que representa un total de $44.3 millones.

Otras tareas asignadas a BDO Puerto Rico por virtud de otros contratos consisten en supervisar la preparación de los estados financieros auditados y “mejorar la información que se recibirá en el Área de Contabilidad Central del Gobierno, entre ellas, la verificación de cuentas por pagar, nómina y contabilidad”.

Ayer, el principal oficial financiero (CFO) y secretario de Hacienda Raúl Maldonado Gautier, confirmó que el FBI solicitó información sobre los contratos de la agencia con la firma de consultoría BDO Puerto Rico y se desligó de la pesquisa.

“En el Departamento de Hacienda se ha pedido información por parte de las autoridades federales que no podemos abundar sobre la empresa que se menciona y la cual ya no tiene contratos, tras la orden de la oficina del CFO para la cancelación el pasado 10 de mayo de los contratos que están bajo la OCFO”, sostuvo Maldonado en declaraciones escritas.

Sin embargo varias fuentes de El Nuevo Día confirmaron ayer que como consecuencia de la investigación federal, Hacienda tuvo que sacar de sus funciones al secretario auxiliar de Contabilidad Central de Hacienda, Omar Rodríguez. Maldonado ayer alegó que el funcionario renunció.

Nexo entre referido

La investigación federal en Hacienda está ligada al escándalo que Maldonado Gautier protagonizó a inicios de año cuando se supo que la agencia había contratado a empresas de amigos del propio CFO y que, en al menos una instancia, las compañías beneficiadas por el tesoro puertorriqueño habían subcontratado al hijo del funcionario, de nombre Raúl Maldonado Nieves. Ayer, el CFO dijo que no iba a renunciar a su puesto a raíz de la controversia y Maceira reiteró que el gobernador confía en el funcionario.

Durante la controversia, públicamente se identificó a Optima Consulting y Virtus Consulting Group como entes involucrados en el conflicto ético denunciado. Estas empresas pertenecen a Yanira Nazario y Luis Caraballo, respectivamente, quienes, por instrucciones del CFO lideraron un comité que se encargaba de evaluar las empresas que proponían servicios de tecnología para la agencia. De esa evaluación, presuntamente los empresarios pudieron beneficiarse, al ser parte interesada y adjudicativa a la vez.

Ayer, el secretario de la Gobernación confirmó que la pesquisa del FBI, que se enfoca en BDO Puerto Rico, está ligada con el referido que el gobierno estatal hizo a las empresas Virtus Consulting Group y Optima Consulting.

“No quiero hablar más detalles de la investigación por no afectar la misma, pero tengo que decir que en ese caso de la pesquisa no involucraba a funcionarios públicos, era más dirigido hacia las compañías”, expresó Llerandi durante una conferencia de prensa en la Compañía de Fomento y Exportación.

La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, confirmó que, en efecto, su agencia refirió a las agencias de ley y orden estadounidenses y a la Oficina del Contralor la pesquisa que llevaban a cabo contra Virtus y Óptima hace más de un mes.

“El expediente de la investigación de Virtus y Óptima fue referido a las autoridades federales y a la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Esto de acuerdo al acuerdo de colaboración de ambas jurisdicciones investigativas”, sostuvo en declaraciones escritas a través de su portavoz de prensa, Mariana Cobián Rodríguez.

El abogado de Nazario, Francisco Sánchez, alegó ayer, por su parte, que su clienta no ha cometido ilegalidad alguna y que ha puesto a disposición de las autoridades a la empresaria.

De acuerdo con fuentes de este diario, las dos empresas son investigadas, entre otras cosas, por el supuesto cobro a empresas y ciudadanos para tener acceso a la oficina y al secretario de Hacienda y procurar favores.

Coordinador en ASES

Fuentes de El Nuevo Día también colocan a Velázquez Piñol en funciones de coordinación asociadas a la nueva reforma del Plan de Salud del Gobierno, ahora conocido como Vital.

Ayer, la jefa de la Administración de Seguros de Salud, Ángela Ávila, tras comparecer en una audiencia en el Congreso de EE.UU., rehusó ofrecer detalles asociados a la pesquisa por entender este proceso como confidencial.

La funcionaria negó rumores de que su residencia haya sido allanada como parte de la pesquisa. “Esas cosas que uno lee en Twitter, uno se queda como wao… tú crees que me verías aquí”, respondió cuando este diario le preguntó sobre el asunto.

No obstante, Ávila confirmó que ASES es una de las entidades públicas a las que el FBI solicitó información a través del tribunal.

Se extiende a Educación

Por su parte, en Educación, fuentes de El Nuevo Día informan que la firma BDO Puerto Rico facturó por tareas realizadas por empleados públicos, lo que fue descrito como una posible vía en la pesquisa federal.

“En algunos de los casos facturaban por servicios que le exigían a los empleados públicos que hicieran”, manifestó una de las fuentes.

Según el portavoz de la agencia, Aniel Bigio, en la agencia hay entre 15 y 18 asesores de la firma realizando tareas.

El secretario designado Eligio Hernández Pérez adelantó que no ordenará la cancelación inmediata del contrato de la agencia con la empresa, sino que dejará que este venza en 10 días, pues aún desconoce el impacto que tendrá prescindir de los servicios de la firma de consultoría.

Los periodistas Gloria Ruiz Kuilan, José Delgado Robles, Laura Quintero y Wilma Maldonado colaboraron en esta historia.



Sources: metro.pr

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