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Puerto Rico

Representante Lourdes Ramos busca pensión de la AEE

Representante Lourdes Ramos busca pensión de la AEE


Mientras las pensiones de los empleados públicos corren el riesgo de recortes dramáticos, la representante María de Lourdes Ramos Rivera hace gestiones para que, sin renunciar a su escaño en la Cámara de Representantes, se le conceda su jubilación del puesto de carrera que ha reservado por 14 años en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

La solicitud de la representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), iniciada en junio de 2014, es posible gracias a una legislación que aprobó la Asamblea Legislativa en 2012 con el endoso tanto de legisladores populares como de la Palma y con la firma del entonces gobernador Luis Fortuño.

La Ley 301-2012 permite acreditarle al sistema de retiro de origen el tiempo servido por un empleado que se ha acogido a una licencia sin sueldo porque fue “electo en una elección general o designado para cubrir la vacante de un cargo público” o porque ocupa un puesto de confianza en la oficina del gobernador, la Asamblea Legislativa, corporaciones públicas y municipios.

Ramos Rivera pidió que se le acrediten los años que ha estado en funciones en la Cámara de Representantes al sistema de retiro de la AEE, que es su sistema de retiro de origen como empleada de carrera de la corporación pública, y también solicitó que se le conceda su jubilación.

La junta de síndicos del sistema de retiro de la AEE acogió el año pasado la solicitud de Ramos Rivera, pero le impuso ciertos términos con los cuales la legisladora no estuvo de acuerdo, como que se le requiera regresar a su puesto de carrera para poder tener la jubilación de esa corporación pública y el cómputo que hizo esa entidad sobre su salario base.

Ramos Rivera solicitó al Tribunal de Apelaciones (TA) que revisara la determinación de la junta de síndicos. El Nuevo Día examinó ese expediente judicial.

En una sentencia emitida el 31 de enero de 2019, ese tribunal consideró que la legisladora acudió prematuramente a ese foro, cuando aún estaban activas peticiones suyas en el foro administrativo.

Condiciones a la jubilación

La representante, quien preside la Comisión de Sistema de Retiro y Asuntos del Veterano, rechazó que se le requiera regresar a su puesto en la AEE y estar como empleada por lo menos un día para acogerse a los beneficios de la jubilación, toda vez que los miembros de este sistema pueden jubilarse solo si están en el servicio activo.

Ramos Rivera argumentó que la junta de síndicos interpreta erróneamente que ella no es una empleada activa de la AEE por estar acogida a una licencia voluntaria. Según la legisladora, la posibilidad que tiene de regresar a su puesto una vez salga de la Cámara de Representantes es una prueba de que es una empleada activa.

Asimismo, señala que es inconstitucional requerirle renunciar a su escaño y regresar a su puesto de carrera para poder acogerse a la jubilación. La representante argumenta que al acogerse a la jubilación en la AEE, puede permanecer en la Cámara y devengar únicamente dietas por cada día que asista a la Cámara.

También sostiene en su petición de revisión que, si renuncia a su escaño, obligaría al fisco a incurrir en una “erogación económica para llenar su vacante”.

En su alegato en oposición, la junta de síndicos aclaró que no le ha exigido a la representante que abandone su puesto.

“Lo único que resolvió la junta es que la recurrente debe regresar al servicio activo de la AEE para poder jubilarse de conformidad con el Reglamento” del sistema de retiro.

La junta argumenta que “un miembro que se encuentra en una licencia de separación voluntaria de empleo y sueldo de la Autoridad de Energía Eléctrica está separado de su empleo y, por ende, no es un ‘miembro en servicio activo de la Autoridad’”.

“Determinar lo contrario crearía un absurdo jurídico, pues le permitiría a la recurrente jubilarse de la AEE mientras ocupa un puesto fuera de la AEE, el cual continuará ocupando potencialmente hasta el 31 de diciembre de 2020”, agrega el documento.

La representante también objetó que se estableciera la suma de $73,775 como su salario base en la Cámara de Representantes cuando, a su juicio, debe computarse a razón del salario mayor recibido a través de su paso por el servicio público, que fue $84,841 en la Cámara.

En el 2005, cuando se acogió a la licencia sin sueldo en la AEE, Ramos Rivera devengaba un salario de $19.12 la hora como asistente de servicios mecanizados.

La junta aclaró al tribunal que la alegación de la legisladora sobre su salario base está bajo evaluación y no se ha tomado una determinación final sobre el sueldo a computarse para establecer su pago de jubilación.

En tanto, la representante arguyó que la junta de síndicos no solo erró en su interpretación de la Ley 301-2012, sino que también actuó con negligencia.

“Habiendo aportado más de 30 años de servicios acreditables entre el sistema de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica y el sistema de retiro de los empleados del ELA la recurrente tiene ya su derecho de propiedad de su jubilación desde el año 2014 y no ha podido consumarse porque el sistema de retiro de los empleados de la AEE se lo ha impedido”, indica el recurso de presentado por Ramos Rivera al TA a través de su abogada, Ana L. Díaz.

El presidente de la junta de síndicos del sistema de retiro de la AEE, José Rivera, aclaró a El Nuevo Día que el proceso de Ramos Rivera no ha concluido, pero no ofreció más detalles al argumentar que estos procesos son confidenciales. Tampoco contestó si algún otro empleado de la AEE ha reclamado los beneficios de la Ley 301-2012.

Legislación a la medida

La Ley 301-2012, que hace posible la solicitud de la representante, se originó por el proyecto de ley 2494 que presentaron la exlegisladora Iris Miriam Ruiz Class, el representante del PNP José Aponte Hernández, el exrepresentante novoprogresista Waldemar Quiles Rodríguez y el fenecido exrepresentante popular Héctor Ferrer Ríos.

La legislación establece que “será acreditable en el sistema de retiro de origen el tiempo servido por un participante de cualquier sistema de retiro que se acoge a licencia sin sueldo para prestar servicios como empleado de confianza en la oficina del gobernador, agencia del gobierno o en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, corporación pública y municipios en el Sistema de origen del participante”.

“También será acreditable en el sistema de retiro de origen el tiempo servido por un participante que se acoge a licencia sin sueldo, por haber sido electo en la elección general o designado para cubrir la vacante de un cargo público electivo en la rama ejecutiva o legislativa”, añade la ley.

El proyecto fue presentado en febrero de 2010 y enviado el 9 de noviembre de 2012 para la firma de Fortuño. En la Cámara, la medida tuvo el endoso de la delegación popular y penepé. Ramos Rivera, quien ya estaba acogida a la licencia sin sueldo, se abstuvo. En el Senado, el proyecto solo contó con el rechazo de los senadores populares José Luis Dalmau y Sila Mari González Calderón. La senadora Lucy Arce se abstuvo.

Por otro lado, en enero de 2013, Ramos Rivera presentó legislación que también buscaba beneficios de retiro para los jefes de gabinete. El proyecto intentó que se les permitiera formar parte del sistema de retiro de los empleados públicos a los secretarios de gobierno, jefes de agencia e instrumentalidades públicas. Sin embargo, la comisión cameral de Asuntos Laborales y Sistema de Retiro del Servicio Público no recomendó su aprobación.

Trayectoria laboral

Ramos Rivera comenzó a trabajar en la AEE en octubre de 1983 y mantiene un puesto de carrera como asistente de servicios mecanizados.

En 1996, cuando ganó por primera vez un escaño en la Cámara, se acogió a una licencia sin sueldo. Tras perder la reelección, regresó a la AEE entre 2000 y 2004.

En enero de 2005, volvió a juramentar como representante y desde el 1 de enero de 2005 a esta fecha, disfruta de una licencia de separación voluntaria de empleo y sueldo de la AEE para desempeñarse en la Asamblea Legislativa.

El Nuevo Día, sin preguntarle directamente por el caso de Ramos Rivera, le pidió al director de Recursos Humanos de la AEE, Marc Thys, que definiera lo que era una licencia sin sueldo y un destaque.

El abogado describió el destaque como una autorización para que un empleado trabaje en otra agencia, pero que sigue activo sin romper los vínculos con la AEE, que sigue pagando su salario.

Sobre la licencia sin sueldo, Thys explicó que bajo esa autorización, el empleado pierde vínculos con la AEE, corporación que no pagará su salario, “y se convierte en un empleado no activo”.

Asimismo, explicó que al servidor público que se acoge a esta licencia se le reserva el empleo, pero no necesariamente volverá a ocupar el mismo puesto que dejó. La AEE debe acomodarlo en un puesto igual o similar, pero no puede tener un salario mayor al de su puesto de carrera.

Laura Quintero colaboró en esta historia.



Sources: metro.pr

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