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Editorial: Los cuerpos no se pueden esconder | Opinión | Editorial

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Jonathan Eduardo Morazan Meza (21) y Daniel Josias Reyes Rivera (25) estudiaban en dos universidades de Managua, la capital de Nicaragua. El 30 de mayo del año pasado, ambos acudieron a la ‘Marcha de las Madres’ –una convocatoria realizada por un grupo de mujeres que habían perdido a sus hijos en las protestas contra el régimen de Daniel Ortega–. Según un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), formado por disposición de la OEA y de la CIDH para investigar las muertes de civiles en las protestas en el país centroamericano, alrededor de las 5:30 p.m. de aquel día uno recibió un disparo en la cabeza, y el otro en el abdomen “durante la represión desplegada contra los manifestantes por parte de policías uniformados y personas de civil que actuaron junto con ellos”. Murieron en el hospital Vivian Pellas, a donde sus compañeros los llevaron para tratar de salvarles la vida.

Ahora, la búsqueda de los responsables de sus muertes, y las de más de 300 personas que han perdido la vida en Nicaragua en protestas contra el régimen, corre el riesgo de quedar bajo tierra.

El último sábado, el Congreso nicaragüense, de mayoría oficialista, aprobó una ‘ley de amnistía’ que había sido presentada menos de 24 horas antes de su votación. La norma ofrece una palma y un cuchillo a la justicia. La primera, porque beneficiará a los manifestantes que fueron procesados y encarcelados por las protestas ciudadanas. La segunda, porque abre también una puerta peligrosa para que los responsables de más de 300 víctimas mortales queden eximidos de cualquier pena.

Según el texto legal, se concederá “amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos […] a partir del 18 de abril del 2018”. “Las autoridades competentes –estipula– no iniciarán procesos de investigación, deberán cerrar los procesos administrativos iniciados y los procesos penales para determinar responsabilidad”.

En cuanto al alcance de la ‘amnistía’, la ley indica que cubrirá “todos los delitos políticos y los delitos comunes conexos con estos”. Y, si bien el texto deja afuera a los crímenes “regulados en tratados internacionales”, como ha advertido el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, “no se establece ningún criterio serio para excluirlos”, por lo que valen las suspicacias.

La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, mostró también su preocupación por la ley y recordó: “El Gobierno tiene el deber de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas”. Pero quizá el mejor resumen de los efectos de esta ‘amnistía’ lo dio la diputada opositora Azucena Castillo a CNN, que la calificó como una ‘trampa’ para “dejar en impunidad a los verdaderos culpables […] como si con un ‘borrón y cuenta nueva’ vamos a devolver a la vida a los muertos”.

En Nicaragua, cabe recordar, no hubo manifestaciones que se salieron de control y desembocaron en violencia. No. Lo que hubo fue, como lo determinó el GIEI, “un patrón de violencia” impulsado desde el propio Estado “que consistió en ataques contra los manifestantes que incluyeron el uso de armas de gran poder lesivo directamente contra los cuerpos de los participantes”. Algo que quedó evidenciado, entre otras pistas, por el arsenal al que recurrieron los agentes policiales y los colectivos afines al gobierno para repeler a los manifestantes en las calles, como los fusiles AK-47 y las ametralladoras PKM, ambas armas de guerra.

Desde el inicio de las protestas en Nicaragua, en este Diario hemos sido claros en denunciar la violencia desplegada por el régimen de Ortega para reprimir a los opositores a fin de atornillarse en el poder. Ahora, no podemos soslayar lo que claramente parece un intento de este para borrar sus tropelías acudiendo a ardides legales. Cabría recordar, sin embargo, que por más que se trate de limpiar las huellas de sangre, los cadáveres de más de 300 personas no se pueden borrar de un plumazo.

clubwifiusa


Sources: elcomercio.pe

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