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Debate jurídico: despidos masivos no es lo más adecuado | Noticias de El Salvador



Los despidos masivos de personal adscrito a las cinco secretarías disueltas el fin de semana (Técnica, de Transparencia, de Inclusión Social, de Gobernabilidad y de Vulnerabilidad) han generado un fuerte debate jurídico sobre su legalidad. Sin embargo, hay bastante apoyo para la destitución de parientes de exfuncionarios y miembros de la dirigencia del FMLN.

El director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), José María Tojeira, señaló que hacer despidos masivos no es lo adecuado y sugiere revisar cada perfil de los empleados separados de su cargo para respetar los debidos procesos de ley, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) pone a disposición de los afectados, a través de su cuenta en Twitter, una plantilla para presentar recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional “ante la violación de derechos fundamentales.

Tojeira también señaló como corrupción los favores que recibieron familiares de funcionarios del Gobierno y del FMLN, quienes ostentaban cargos con onerosos salarios en dependencias del Gobierno. Hasta ayer Bukele había removido a 27 empleados.

“Echar a 300 o 400 y no hacer una evaluación de las personas para ver si tienen cualidades, capacidades adquiridas para recolocarlos en otro lugar, viola el derecho al trabajo estable, si la gente tiene capacidad. Los despidos masivos implican una falta de discernimiento grave. Yo creo que hay algunos despidos que pueden ir en una buena dirección y ojalá que las instituciones del Estado lo hicieran, porque parientes de funcionarios del Estado, tanto en los juzgados, como en la Asamblea, como en los gobiernos, hay muchos”, aseveró Tojeira, durante una conferencia de prensa.

“Hay que decirlo con claridad, el funcionario del Estado debe ser la persona más capacitada para serlo, no el que es más amigo, más familiar de alguien que manda, sea en el sistema judicial, sea en la Asamblea Legislativa, sea en el Ejecutivo”, aseguró el jesuita.

Empleados cesados han acudido ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). “He girado directrices para garantizar la atención de casos que se han presentado a raíz del cambio de Gobierno”, escribió la procuradora Raquel de Guevara en Twitter, después de reunirse con la diputada Nidia Díaz, del FMLN.

El mismo FMLN puso a disposición de los “compañeros despedidos” un equipo de abogados para presentar recursos de amparo.

El secretario general del partido VAMOS, Josué Alvarado, manifestó que consideran necesario destapar la corrupción del gobierno saliente, pero no apoya los despidos masivos.

Alvarado señaló que como partido piden que se evalúe a cada persona, valorando sus funciones y desempeño. “Estamos de acuerdo en que aquellas personas que han hecho mal uso de recursos del Estado o han abusado de sus puesto sean despedidos. Pero abogamos por quienes han sido involucrados y no tienen militancia partidaria en el gobierno saliente”, expresó Alvarado.

Asimismo, señaló que esperan que el actual gobierno gestione correctamente sus contrataciones para que en la siguiente administración no ocurra lo mismo.

Luego, la diputada de ARENA Marcela Villatoro señaló que ante los casos de familiares de miembros del FMLN que fueron removidos de sus cargos en el Gobierno por Bukele entre martes y miércoles, es necesario retomar y aprobar la Ley de la Función Pública, dado que “con ella nos evitaríamos la repartición de empleos en el sector público por cuotas partidarias. Es necesario que los empleados públicos sean contratados en función de méritos”.

Alberto Pretch: “La Ley de la Función Pública no ha sido bien implementada”

Para el director ejecutivo de la organización Chile Transparente y miembro del directorio de Transparencia Internacional, Alberto Pretch, el cumplimiento así como el fortalecimiento de una ley de la función pública evitaría que se dieran casos como los señalados en días recientes por el presidente de la república,  Nayib Bukele.

El mandatario dio a conocer, por las redes sociales, sobre casi una veintena de familiares de miembros de la dirigencia del FMLN que ocupaba puestos en diferentes entidades del Estado.

Según Pretch, cuando no hay una carrera funcionaria “el Estado termina por convertirse en un botín de la persona en turno y eso claramente es grave en la lucha contra la corrupción”.

El suramericano explicó, además, que aun y cuando la ley vigente del servicio público en El Salvador data de 1960 podría ser un filtro para las plazas del Estado si fuera bien aplicado, pues dijo: “Nos cuentan nuestros colegas en El Salvador que es una ley que no ha sido bien implementada”, y por ello en algunos casos no se ha podido luchar contra la corrupción desde la función pública.

Más destituciones por Twitter. Hasta las 8:44 de la noche, el presidente Nayib Bukele había ordenado a través de su cuenta de Twitter remover a cinco familiares más de dirigentes del FMLN. Este estilo ha sido reseñado internacionalmente.

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Sources: laprensagrafica.com

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