Rodexo
Puerto Rico

La factura de luz aumentaría en un 28 por ciento

La factura de luz aumentaría en un 28 por ciento


El acuerdo de reestructuración (RSA, en inglés) con ciertos bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) resultará en un aumento de, al menos, 5% en la factura de la luz a partir de julio, incremento que sería el primero de por lo menos tres consecutivos solo para pagar deudas de la corporación pública, según varios entrevistados.

“Puerto Rico no puede permitir tener un costo de energía que vuelva a afectar su competitividad”, dijo Tomás Torres Placa, representante del consumidor en la Junta de Gobierno de la AEE y líder del Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Energética (ICSE).

“Este es un acuerdo en contradicción al plan fiscal de la AEE y del gobierno central y es contrario a la reforma energética”, dijo, por su parte, Rolando Emmanuelli, ducho en la ley federal Promesa y abogado de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) y de los síndicos del plan de pensiones de esa corporación pública.

Al anocher del pasado viernes, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la AEE y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) presentaron a la jueza Laura Taylor Swain una moción conjunta para que dé su visto bueno al RSA en la AEE. Swain preside los casos de Título III de Puerto Rico.

En el recurso de unas 200 páginas, la JSF y el gobierno pidieron a Swain avalar el pacto con el grupo organizado de la AEE (Ad Hoc-AEE) y la aseguradora municipal Assured Guaranty porque acabaría con “la incertidumbre” de varios litigios en curso, como el pedido de un síndico para la corporación pública.

“La resolución propuesta resuelve disputas significativas en el caso de Título III de la AEE y provee a la AEE un camino para confirmar un plan de ajuste consistente con lasmetas de Promesa y fomenta la transformación del sector de energía como un todo”, reza la moción conjunta.

Según la moción, para pagar a los bonistas, se ha establecido un cargo “fijo”, que tendrá “un tope” y que “no se ajustará” independientemente de que la AEE genere o no suficientes ingresos para pagar a los bonistas.

Para la JSF y el gobierno, el acuerdo es tan crítico que las partes solicitaron a Swain dirimir la moción durante la audiencia general de junio. Si fuera el caso y el RSA se aprueba, la AEE tendría carta blanca para implementar el pacto a partir del 1 de julio. En ese momento, los abonados de la AEE verían el primer efecto del RSA en sus facturas de luz.

Para el gobierno, el impacto del RSA en la factura será compensado con los ahorros que logrará la AEE al transformar su red eléctrica y utilizar gas natural para generar energía.

Sin embargo, la analista Cathy Kunkel, del Instituto de Economía y Análisis Financiero en Energía (IEEFA, en inglés), destacó que “no hemos visto ningún análisis o estudio que respalde realmente esa aseveración”.

De entrada, Kunkel sostuvo que la JSF no ha revelado el plan fiscal de la AEE, lo que permitiría analizar las proyecciones de gastos operacionales de la AEE.

Pero, sobre todo, Kunkel destacó que, en el Plan Integrado de Recursos de la AEE, se plantea que los costes asociados a combustible, operación y mantenimiento solo se reducirían de unos 10 centavos por kilovatio hora (kWh) a 9.1 centavos por kWh para el 2025.

“Eso no es suficiente para hacer contrapeso al cargo de transición”, dijo Kunkel, quien ha suscrito diversos reportes en torno al proceso de reestructuración en la AEE, junto al también experto y ejecutivo de IEEFA Tom Sanzillo.

Al presente, la tarifa eléctrica ronda unos 22 centavos kWh.

La deuda y mi factura

La moción conjunta ante Swain explica que los bonistas cobrarán su acreencia a través de dos cargos.

El primero sería el “cargo de transacción” (settlement charge) de un centavo por kWh, que, de aprobarse, entraría en vigor en aproximadamente mes y medio.

Según Torres Placa, ese cargo implicaría un alza aproximada de 5% en la factura de la luz. A manera de ejemplo, si al presente la factura eléctrica ronda $100, en julio, ese abonado vería un alza de $5 o el equivalente a $60 por año.

IEEFA estima que, solo el cargo de transacción, llevará de los bolsillos de los abonados a las manos de los bonistas entre $100 millones y $200 millones, incluyendo gastos administrativos del RSA.

Entre otras cosas, la sección 22 del RSA establece que la AEE pagará el grupo Ad Hoc-AEE hasta $25 millones por gastos asociados al acuerdo preliminar y por aquellos gastos vinculados al acuerdo definitivo y similares.

Nueve meses después, es decir, en marzo del 2020, el cargo de transacción se sustituiría por el “cargo de transición”. Este arrancaría en 2.8 centavos por kWh.

Ese cargo de transición, según Torres Placa, supondría aproximadamente un alza de 15% en la factura de la luz. Ello, porque según el ingeniero, junto con el cargo de transición se aplicará otra partida descrita en el RSA como “cargo por subsidio”.

Según el RSA, la AEE tendrá potestad para otorgar exenciones, subsidios y la llamada contribución en lugar de impuestos o CELI, al tiempo que reconoce que la utilidad no podrá cobrar por cierta energía que consuman entidades o instalaciones públicas, como el alumbrado eléctrico. Empero, dice el acuerdo, los abonados pagarán en sus facturas por esa energía subsidiada o no cobrada a través del cargo por subsidio. Este se cobrará mensualmente y se revisará cada año, dice la moción conjunta.

Sobre todo, dice el RSA, en ningún caso, los subsidios o exenciones que otorgue la AEE podrán afectar los ingresos que se generen para el cargo de transición. Como resultado, la AEE tendrá que ajustar el cargo por subsidios o modificarlo para no afectar el cargo dedicado a los bonistas.

El gobierno ha revelado preliminarmente que el cargo por subsidios rondaría otros .27 centavos por kWh, aumentando la tarifa eléctrica solo por estos conceptos en más de tres centavos el kWh.

Un cuarto cargo, dice el documento, aplicará a los abonados que se desconecten de la red eléctrica o a quienes permanezcan en ella, pero generen energía propia, como las residencias o empresas con sistemas solares de generación o similares.

De esta manera, en aproximadamente tres años, según Torres Placa, el costo del kWh en Puerto Rico rondaría -como mínimo- los 25 centavos, cifra distante del objetivo de 20 centavos kWh fijado por la propia JSF.

Mientras los estimados del ICSE apuntan a que, en apenas tres años, los abonados verán un alza de 5% a 28% en su factura de luz, los números de IEEFA apuntan a que, en principio, un hogar promedio pagará unos $130 adicionales en su factura eléctrica por el cargo de transición, y ello aumentaría hasta $220 al año hacia el 2043 porque ese cargo aumenta escalonadamente durante la vigencia de los bonos hasta alcanzar unos 4.55 centavos por kWh hacia el 2043.

Fuera de la ecuación

El problema, según Emmanuelli, es que el gobierno ha pactado con los bonistas y la aseguradora Assured Guaranty, y dejó fuera de la ecuación a las instituciones que financiaron la compra de combustible y a los retirados de la AEE.

Para pagar las pensiones de la AEE, según Torres Placa, se necesitará otro cargo adicional que podría fluctuar entre uno y dos centavos el kWh. Cuando eso se aplique y se implemente toda la estructura de cargos asociada a la reestructuración, Puerto Rico dedicaría sobre seis centavos el kWh solo a pagar deuda vieja y pensiones en la AEE, subrayó el ingeniero.

“Seis centavos el kWh es lo que pagan las industrias en varios estados de Estados Unidos”, dijo Torres Placa, al señalar que en lugar de dar paso al RSA, es hora de identificar alguna otra fuente de dinero local o federal para pagar a los bonistas de la AEE.

“En la resolución de bonos de 1974, los gastos operacionales, los compromisos obrero patronales y el sistema de retiro tienen prioridad… Ahora, esos bonos se van a asegurar de verdad porque aumentarán la prioridad de pago en perjuicio de la Utier y el sistema de retiro”, destacó Emmanuelli.

Según Emmanuelli, alterar la prioridad de pago en el caso de la AEE “puede tener unas consecuencias serias en cualquier proceso de reestructuración posterior” de Puerto Rico porque se concede al bonista una prioridad de pago que no tenía.

El Nuevo Día solicitó una reacción a la JSF y a la Aafaf, pero al cierre de esta edición, no había recibido respuesta.

Loading...


Sources: metro.pr

Related posts

Cuestionan el proclamado ahorro de alcaldes que renuncian a sus salarios

admin

Una compañía decide no mudarse a Alabama por ley de aborto

admin

Sin suerte Dereck Rodríguez ante San Diego

admin

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.