Puerto Rico

Demócratas y republicanos parecen ir por caminos distintos sobre la ley Promesa

La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko (izquierda), aseguró que el ente financia adecuadamente áreas como las pensiones, la educación y la salud. (horizontal-x3)


Washington – Demócratas y republicanos del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos quieren ver cambios en la ley Promesa y su implementación, pero están mayormente en lados opuestos cuando comienzan a definir hacia dónde deben caminar.

Si algo reflejó la audiencia de ayer de la comisión es que la mayoría demócrata presiona para frenar las medidas de austeridad, con particular preocupación sobre los efectos en la Universidad de Puerto Rico (UPR), las pensiones de los sistemas públicos de retiro y la población más pobre.

Pero, los republicanos están más pendientes de conocer si el gobierno de Puerto Rico cumple con las reformas estructurales que le reclama la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que, por medio de la ley Promesa, controla las finanzas públicas de la isla.

“Hay áreas sobre las que podemos preparar (legislación) o hacer énfasis para redirigir legislación existente que permita proteger los servicios esenciales”, indicó el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja, el demócrata Raúl Grijalva.

El congresista Grijalva ha encabezado las demandas de su caucus a favor de suavizar el poder de la JSF sobre el gobierno electo de la isla. “Mi esperanza es que a partir de (ahora) podamos alentar a la JSF a lograr acuerdos más favorables para el pueblo de Puerto Rico para que los recortes presupuestarios más severos puedan ser echados hacia atrás y pueda ocurrir un significativo alivio de la deuda”, sostuvo Grijalva.

En su testimonio, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares solicitó al Congreso que reforme la ley Promesa para hacer claro que la JSF “no puede interferir con las operaciones diarias” del gobierno electo de la isla.

Rosselló Nevares sostuvo que además quiere que el gobierno electo pueda representar a Puerto Rico en los procesos de reestructuración de deuda, lo que ahora hace exclusivamente la JSF, y que se evite la posible duplicidad de funciones a través del título V que promueve proyectos de revitalización para la isla.

No obstante, a preguntas de los miembros del comité, defendió el mecanismo de reestructuración de la deuda que contiene la ley Promesa, el cual –aunque no apoyó el cuatrienio pasado el proyecto del entonces comisionado Pedro Pierluisi para incluir a Puerto Rico en el capítulo 9 de la ley federal de quiebras– reconoce necesario.

“La JSF ha buscado expandir sus poderes… Como parte de ese esfuerzo excesivo de la JSF, también se han vinculado a un activo cabildeo en el Congreso al contratar a numerosos firmas con el dinero de los contribuyentes”, sostuvo el gobernador.

Encabezados por su portavoz en la comisión, Rob Bishop (Utah), y otros miembros de su grupo, los republicanos estuvieron más preocupados por reclamar que Rosselló Nevares cumpla con las reformas del gobierno, como la eliminación de la ley 80 para dar paso al empleo a voluntad, y la entrega de los informes financieros auditados.

Incluso, el republicano Tom McClintock (California), quien ha rechazado la propuesta de estadidad por lo que considera es un historial de mala administración púbica en la isla, se expresó en contra del concepto de la ley Promesa, por entender que al crear dos capas de poder sobre la administración del gobierno de Puerto Rico, difumina la responsabilidad.

El experto en finanzas Alex Pollock, del grupo R Street y quien fue invitado a la audiencia por la minoría republicana, recomendó que la JSF tenga más poderes y pidió al Congreso nombrar un jefe de finanzas que también funcione por encima del gobierno electo de Puerto Rico.

Como varios congresistas republicanos, Pollock criticó que el gobierno de Puerto Rico no haya publicado los informes financieros auditados de 2016, 2017 y 2018.

Interrogado por la congresista demócrata Nydia Velázquez (Nueva York), Rosselló Nevares evitó tomar posiciones concretas sobre los esfuerzos de la JSF para cancelar $6,000 millones de la deuda pública.

Velázquez también intentó conocer si el gobernador asume parte de la responsabilidad por los recortes a la UPR, después de que la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, dijera recientemente que se trata de decisiones “negociadas” con el gobierno.

“Para decirlo simplemente, la austeridad no funciona. No funcionó en Grecia, no funcionó en el Reino Unido y no va a funcionar (en Puerto Rico)”, dijo Velázquez.

Entre los ponentes convocados por los demócratas, el economista Martín Guzmán, asesor del grupo Espacios Abiertos, insistió en que la “Junta está apoyando” una reestructuración de deuda que va a dejar al gobierno de Puerto Rico atrapado nuevamente por sus obligaciones financieras.

“Las medidas de austeridad también comprometen las oportunidades de los niños para escapar de la pobreza”, advirtió, por su lado, la directora ejecutiva del Instituto del Desarrollo de la Juventud, Amanda Rivera, al advertirle al comité que antes del huracán María, el 58% de los niños de Puerto Rico ya vivían bajo el nivel de pobreza.

La profesora Ana Cristina Gómez Pérez, coordinadora de presupuesto de la Junta Universitaria, sostuvo que los planes fiscales, con recortes que pueden alcanzar un 53% en cuatro años, pueden poner en rojo las finanzas de la UPR, colocando en riesgo su funcionamiento y el acceso a $284 millones anuales en subvenciones y becas federales.

En el inicio de la audiencia, el republicano Sean Duffy (Wisconsin), a quien la entonces mayoría le dio la autoría de la ley Promesa, le indicó al gobernador que las reformas estructurales en el gobierno son necesarias para “preparar” a Puerto Rico para la estadidad.

Según ha indicado Jaresko, lo más pronto que la JSF puede dejar de funcionar, en un escenario ideal, sería en 2024, siempre y cuando se logren cuatro presupuestos equilibrados consecutivos y acceso a largo y mediano plazo, a tasas razonables, a los mercados financieros.

Jaresko hizo claro que tener transparencia sobre los informes financieros auditados también será una exigencia para tener la clasificación positiva de entrada a los mercados financieros.

“Sin reformas estructurales adicionales, la economía de la isla volverá a un ritmo anémico de crecimiento, un nivel que no puede sostener las necesidades presupuestarias a largo plazo del pueblo de Puerto Rico”, subrayó Jaresko.

En su ponencia, Jaresko apoyó la legislación de la congresista Velázquez que persigue llenar el hueco que dejó Promesa y permite conflictos de intereses de parte de sus contratistas, como se ha denunciado en el caso de la empresa McKinsey.

El congresista demócrata Jesús “Chuy” García (Illinois) presionó, por su parte, a Jaresko sobre la decisión de no precisar cuáles son los servicios esenciales públicos, como exige la ley Promesa.

Jaresko sostuvo que no los han definido, pero que financian adecuadamente áreas como las pensiones de retiro, la UPR, la educación, la salud y la seguridad. “Pero, si no los definen, ¿cómo lo saben?”, insistió García.

Justo cuando comenzaba la audiencia, el republicano Jody Hice (Georgia) pidió aplazarla, debido a que el gobernador no entregó su ponencia escrita hasta minutos antes de la audiencia. Grijalva y Bishop también criticaron el retraso en entregar la ponencia, pues limitó las posibilidades de interrogar al gobernador.

Los nombramientos

En torno a la intención del presidente Donald Trump de pedir al Senado la confirmación de los siete miembros de la JSF, para evitar que quede inoperante el 16 de mayo, el gobernador Rosselló Nevares sostuvo que favorece “acabar con la incertidumbre”, pero no tomó posición a favor o en contra de los siete miembros actuales del ente fiscal, con el que ha tenido marcadas diferencias.

Preguntado por la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, Rosselló Nevares tampoco respondió directamente si consideraba a la junta un ente federal o territorial, un asunto clave en el proceso judicial de impugnación de la constitucionalidad de los nombramientos. Para González, la JSF es un ente federal.

El Primer Circuito de Apelaciones federal, con base en Boston, determinó que los miembros de la JSF son funcionarios federales de alto nivel, por lo que sus nombramientos debieron haber sido referidos por el entonces presidente Barack Obama al Senado para su confirmación, como ahora anuncia que hará el presidente Trump.

La sesión se vio matizada por protestas dentro y fuera del salón de audiencias.

La coalición Power4PuertoRico censuró, mientras, que Jaresko, al responder una pregunta sobre los factores que inciden en la baja tasa de participación laboral en la isla, respondiera que uno es la “tradición y cultura”.

“Hay un mercado informal muy grande”, dijo Jaresko.

“Esa es una expresión paternalista, prejuiciada y estereotipada”, indicó Federico de Jesús, asesor senior de la coalición Power4PuertoRico. Jaresko sostuvo en Twitter que “no era su intención” insultar a nadie.

Grijalva afirmó que, en el mejor de los casos, el récord de la JSF es “mixto” en el objetivo de lograr resolver los desafíos fiscales de la isla. Pero, reconoció que el freno en la litigación para el cobro de deuda del gobierno y el proceso de reestructuración que impulsó Promesa, por la cual votó a favor, ha ayudado a la isla.

Jaresko también dio notas mixtas al gobernador en el cumplimiento de reformas. Sostuvo que tiene mucho que hacer en las áreas de capital humano y facilitar el hacer negocios, pero que han tomado medidas importantes para encaminar un sistema energético de bajo costo y confiable.

En la audiencia, el gobernador, la comisionada González, demócratas como Velázquez y Darren Soto (Florida) y la propia Jaresko abogaron por resolver de una vez por todas el precipicio fiscal en el acceso a fondos de Medicaid, y el pleno acceso de la isla a programas como los créditos contributivos por niños dependientes (CTC) e ingresos devengados (EITC).

En última instancia, González y Rosselló Nevares indicaron que la solución está en la estadidad.

Grijalva reconoció que en todo este debate “el elefante en el salón” es el status de Puerto Rico, el cual considera importante vincular al debate sobre la sostenibilidad económica de la isla.

En ese sentido, dijo que espera poder programar alguna audiencia en torno a ese asunto. “Estamos hablando aquí de colonización, no de otra cosa. Espero anunciar unos días potenciales para esa discusión”, agregó.

A la comisionada González le pareció significativo que Grijalva vinculara el debate de status con la sostenibilidad económica de la isla a largo plazo.

Pero, al terminar la audiencia, Grijalva sostuvo que la agenda a corto plazo del comité es aún Promesa y la recuperación de Puerto Rico tras el huracán María.

De cara a promover alguna legislación, Grijalva indicó que prevé reunir a los miembros de su caucus para ver qué piensan antes de entrar en posibles negociaciones con la minoría republicana.

clubwifiusa


Sources: metro.pr

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