Puerto Rico

Las demandas de la Junta Fiscal afectan a múltiples empresas pequeñas y medianas

José Rosado, propietario de Transporte Rosado y presidente de la Federación de Porteadores Escolares. (GFR Media) (horizontal-x3)


Por espacio de 14 años, Carlos Mejía fue un empresario que prestó servicios al gobierno de Puerto Rico.

Con mil sacrificios, Mejía se hizo de su empresa de transporte escolar. Llegó a contar con una docena de empleados y servía a unos 200 estudiantes de educación especial en Carolina. En 2014, luego de que el Departamento de Educación modificó el proceso de contratación de ese servicio y sin poder cobrar más de $3 millones por servicios prestados, Mejía colgó los guantes.

Hace dos años, cuando el gobierno se acogió a las protecciones del Título III de la ley federal Promesa, el intento de Mejía por recuperar sus cuentas por cobrar en Educación quedó en un limbo. Esto, una vez su demanda contra el gobierno y las de otros miles en los tribunales de Puerto Rico quedaron paralizadas por la suspensión automática de litigios.

El pasado Miércoles Santo, la ley Promesa volvió a golpear a Mejía, cuando la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le escribió para cobrarle $2.5 millones de los pagos que le habría hecho Educación entre los años 2013 a 2017.

“Tuve que cerrar porque siempre había dificultades… Tuve que cesantear a 12 empleados y ahora llegan estas nuevas cartas y me dicen que me tengo que asesorar con un abogado de quiebras”, relató.

“Me destruyeron mi sustento, mi sustento por completo con todas las complicaciones económicas que eso arrastra, y mi única justicia está paralizada por Promesa”, prosiguió el exempresario.

Hasta ayer, el Comité de Reclamaciones Especiales (CRE), un grupo de trabajo que se constituyó luego del informe especial sobre la deuda de Puerto Rico que trabajó Kobre & Kim, había demandado a 230 suplidores del gobierno. Entre los demandados figuran empresas como Evertec, MMM Healthcare, Bristol Myers, Manpower, y el Hospital Panamericano. Pero ayer, el CRE también demandó a empresas pequeñas y medianas a lo largo y ancho de Puerto Rico y, que por años, han prestado servicios que serían “esenciales”.

En ese universo de empresas locales demandadas por la JSF figuran Alpha Guards Management, Taller de Desarrollo Infantil y Prescolar Chiquiri, Huellas Therapy, América Aponte & Asociados, Campofresco, Armada Productions, una firma vinculada a Arco Publicidad, y Estrada Bus Line.

En total, la JSF indicó que con los litigios podría corroborar que unos $4,200 millones en pagos efectuados en los pasados años fueron “aprobados y justos” y si no es el caso, recobrarlos de los demandados.

Estas acciones legales no necesariamente implican que los individuos o entidades cometieron algún delito, indicó ayer la JSF en un comunicado. “Si un suplidor demuestra una base apropiada para los pagos, la Junta de Supervisión desestimará el reclamo”, añadió el ente federal.

Avalancha de quiebras

Pero, según el abogado Alberto Lozada, quien ha ejercido el Derecho de Bancarrota por espacio de 40 años desde su despacho en Mayagüez, lo que va a lograr la JSF es asestar un golpe a la estabilidad de cientos de empresas en la isla y los empleos que representan.

“¿Imaginas a un pequeño comerciante o lo mismo, con un empresario grande, que prestó servicios de buena fe al gobierno, teniendo que responder una demanda como esta?”, cuestionó Lozada.

“Lo que va a pasar con esos empresarios es que ellos se van a acoger a la quiebra para protegerse de la acción de cobro de la Junta”, advirtió el abogado. “Esto va a ser un gran golpe a la economía y a muchos empresarios locales”.

Lozada relató que entre sus clientes figura una comerciante de la zona oeste que suple materiales de oficina y escolares al gobierno y la JSF busca recobrar $500,000. Según el abogado, el ingreso que pudo recibir la comerciante se fue en su vasta mayoría a pagar a los mayoristas el inventario que revendió al gobierno tras prevalecer en una subasta.

Efecto dominó

“El mismo día que nos demanden, ese día la Junta apretará el botón para paralizar todo el transporte escolar de Puerto Rico”, anticipó por su parte José Rosado, propietario de Transporte Rosado y presidente de la Federación de Porteadores Escolares.

Rosado catalogó como “una injusticia” que la JSF busque recobrar dinero de un sector que ha servido al gobierno por años y que en el 2014, recibió un recorte de 50% en sus tarifas. Entonces, el gobierno justificó su decisión, alegando un patrón de abuso en la facturación de ese servicio.

“Nosotros les pagamos a suplidores, rendimos planillas, pagamos las contribuciones, salarios a los empleados”, dijo Rosado, quien ha prestado servicios a Educación por 25 años.

Rosado emplea a 30 personas y en su caso, la JSF busca recobrar $5 millones.

El Nuevo Día conversó con, al menos, seis abogados y contadores públicos, quienes confirmaron que entre los suplidores notificados de posibles acciones de recobro figuran distribuidoras de alimentos en comedores escolares, centros de terapias, comercios dedicados a la venta de piezas de vehículos de motor y combustible, al igual que firmas de consultoría.

Las demandas de ayer se radicaron a solo horas de que el presidente Donald Trump renominara a los actuales integrantes de la JSF y a 48 horas de que venza el plazo de dos años para radicar acciones contra terceros. Dicho plazo vence mañana, 2 de mayo.

¿Por qué las demandas?

Este tipo de demandas son algo frecuentes en casos de bancarrota, según el exjuez de quiebras, Gerardo Carlo Altieri.

El experto sostuvo que con la movida, la JSF (como representante del gobierno) busca llegar a acuerdos que traigan dinero al caudal del deudor. Ese dinero, luego se distribuye entre los acreedores en el plan de ajuste.

La acción legal descansa, según Carlo Altieri, en varias secciones del Código de Quiebras que fueron incorporadas a Promesa, en especial, en la sección 301.

En síntesis, un deudor puede reclamar de suplidores aquellos pagos que pudieron emitirse cuando ya estaba insolvente o porque los pagos se efectuaron por fraude directo o implícito.

En el caso del CRE, el grupo contrató al bufete Brown Rudnick solo para tramitar tales demandas.

La información recopilada por El Nuevo Día apunta a que las acciones de cobro radicadas abarcan hasta cuatro años de pagos.

La semana pasada, el abogado del CRE, Edward A. Weisfelner, parecía anticiparle a la jueza Laura Taylor Swain durante la audiencia general, el caos que se avecinaba. Ello, al indicar que ante la expiración de los términos, su cliente buscó establecer límites y alternativas a las demandas.

Para achicar el número de demandas, la JSF determinó radicar acciones de recobro contra suplidores o individuos que hayan recibido más de $2.5 millones en pagos durante el plazo establecido. La segunda alternativa fue un acuerdo de extensión de tiempo (“tolling agreement”) para que las partes llegaran a un entendido sin demandar.

Sin embargo, fuentes de este diario explicaron que de las 300 notificaciones que Brown Rudnick envió a suplidores, solo unos 60 firmaron el acuerdo.

Además de las demandas a suplidores, según las fuentes, en las próximas horas se radicarán otros cientos de demandas contra bonistas de la deuda que la JSF y el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC) dicen es ilegal y también se demandará, como trascendió en corte la semana pasada, a bancos de inversión, abogados y firmas de contabilidad que intervinieron con la deuda de la isla.

Un puñado de abogados

“Esto es solo la puntita del iceberg”, dijo por su parte el abogado Wilbert López Moreno, presidente de la Asociación de Abogados de Quiebra de Puerto Rico.

Según López Moreno, la movida de la JSF puede afectar considerablemente a comercios y profesionales, que por años, prestaron servicios al gobierno.

“Esas demandas vienen en inglés y la gente no sabe de qué se trata”, dijo López Moreno. “Aquí no ha habido ninguna orientación sobre esto. La gente se desentendió, porque cuando se radicaron los casos de Título III decían que era un asunto del gobierno y los bonistas. Ahora vemos que no, porque al radicarse el Título III, eso abre la puerta para cualquier otra reclamación”, dijo López Moreno.

Aparte de que los suplidores no tienen dinero para invertir en abogados, lo que más preocupa a López Moreno, es que en Puerto Rico, no hay suficientes abogados para atender la ola de demandas de la JSF.

Explicó que en Puerto Rico hay un centenar de abogados de quiebra, pero apenas entre 30 y 40 de estos profesionales están plenamente activos en la práctica con radicaciones semanales.

“No hay abogados para atender todos estos casos”, dijo López Moreno. “Y cada acreedor tendrá que demostrar en un litigio que esas deudas se pagaron dentro del curso normal del negocio”.

clubwifiusa


Sources: metro.pr

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