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Caso Erial: La juez deja en libertad a Zaplana tras bloquearle otros 6,3 millones de euros ocultos en Suiza | España

Caso Erial: La juez deja en libertad a Zaplana tras bloquearle otros 6,3 millones de euros ocultos en Suiza | España



El expresidente de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana, en octubre de 2017. En vídeo, así ha sido la trayectoria del exlíder del PP. Mònica Torres | epv

La juez del caso Erial ha acordado este jueves la puesta en libertad de Eduardo Zaplana tras bloquearle otros 6,3 millones de euros que tenía escondidos en Suiza y que supuestamente proceden de actividades delictivas, según fuentes de la investigación. El exministro del PP, gravemente enfermo, se encontraba en prisión provisional desde que fue detenido el 24 de mayo. Ahora tendrá que comparecer semanalmente en el juzgado, se le prohíbe salir de España y deberá entregar el pasaporte.

La cantidad bloqueada, cuya orden de traspaso a España ya ha ordenado el juzgado, está en dos cuentas en diversas divisas, de modo que su valor fluctúa. Fuentes de la investigación señalan que el importe total al cambio oscila entre 6,3 y 6,7 millones de euros, si bien la cantidad recogida en el auto dictado por la juez de instrucción es la de 6,33 millones. La magistrada precisa que en torno al 10% de ese dinero pertenece a sus dos presuntos testaferros Francisco Grau y Joaquín Barceló, que también fueron enviados a prisión en mayo y a quienes la juez ha dejado en libertad este jueves.

Zaplana, a través de un comunicado, ha insistido en su inocencia, ha negado que el dinero localizado en Suiza sea suyo y ha asegurado que afronta el proceso judicial con una “tranquilidad absoluta”. El exministro ha añadido que ahora va a centrar sus esfuerzos en “restaurar” su “honorabilidad”.

La magistrada Isabel Rodríguez ya decomisó en junio al exministro dinero y bienes por un importe total de otros siete millones de euros. Según el sumario, el también expresidente de la Generalitat valenciana había reintroducido en España esos fondos, procedentes presuntamente de sobornos, en parte mediante la amnistía fiscal aprobada por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro (2,2 millones) y en parte mediante inversiones, sobre todo en inmuebles, para lo que habría utilizado una red de testaferros.

Gravemente enfermo de una leucemia que le fue diagnosticada en 2015, la defensa del exministro había reclamado reiteradamente desde mayo su puesta en libertad bajo fianza. Una demanda que había efectuado también su médico, el doctor Guillermo Sanz, que a finales de diciembre lo ingresó en el hospital La Fe de Valencia, donde sigue, y advirtió de que su vuelta a prisión pondría en grave peligro su vida. A la petición de libertad se sumaron políticos de todo el arco político.

Búsqueda en cinco países

La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia y los magistrados de la Sección Quinta de la Audiencia de Valencia rechazaron en cinco ocasiones las peticiones de puesta en libertad, a la que se oponía también la Fiscalía Anticorrupción, argumentando que existía riesgo de que Zaplana intentara interferir en la investigación o huir. Los jueces consideraban que esto último era posible, a pesar de su mal estado de salud, debido al dinero que sospechaban que el exdirigente popular seguía ocultando en el extranjero. Se trata de los fondos que ahora han sido bloqueados en Suiza.

La magistrada niega en su última resolución que la puesta en libertad de Zaplana responda a motivos humanitarios, sino que el riesgo de fuga ha disminuido una vez que el exministro ya no tiene acceso al dinero que supuestamente

Las mismas fuentes adelantaron antes de Navidad que revisarían su postura respecto a la prisión provisional del exministro una vez que se recibieran las comisiones rogatorias —peticiones de auxilio judicial internacional— que se habían enviado a cinco países latinoamericanos y europeos. La cooperación internacional ha permitido finalmente confirmar la existencia de los fondos y bloquearlos.

Colaboración de un arrepentido

La investigación que desembocó en la Operación Erial se inició en 2015, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontrara, gracias a la colaboración del arrepentido del caso Taula, Marcos Benavent, indicios de que Zaplana había recibido pagos por dos grandes adjudicaciones de su etapa como presidente de la Generalitat (1995-2002): la privatización de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), a finales de los años noventa, y el plan Eólico Valenciano.

Entre los beneficiaros de ambos contratos figuraban empresas de la familia Cotino, dos de cuyos miembros también fueron detenidos en mayo, aunque quedaron en libertad bajo fianza. El ex director general de la Policía y vicepresidente de la Generalitat en los Gobiernos de Francisco Camps, Juan Cotino, también está siendo investigado en el caso.

Zaplana está acusado de 10 delitos, entre ellos malversación, cohecho y prevaricación continuados, tráfico de influencias, falsedad, blanqueo y pertenencia a grupo criminal.

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Sources: elpais.com

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