Economía

El Constitucional tumba el registro catalán de voluntades anticipadas

El Constitucional tumba el registro catalán de voluntades anticipadas


El Tribunal Constitucional (TC) declara inconstitucional y nula la creación del registro electrónico de voluntades anticipadas de Cataluña. La sentencia, de 17 de enero de 2019, asegura que “se trata de un registro jurídico de derecho privado, que solo puede ser establecido por el Estado, al amparo de su competencia exclusiva en materia de ordenación de los registros e instrumentos públicos, según recoge el artículo 149.1.8 de la Constitución”.

Los preceptos impugnados por el Gobierno de Rajoy permitían a los ciudadanos con vecindad civil catalana ordenar el destino de su patrimonio digital en caso de muerte no solo mediante testamento, codicilo o memoria testamentaria sino también en ausencia de esas disposiciones de última voluntad, por medio del documento de voluntades digitales, que despliega efectos jurídicos sustantivos sobre las relaciones privadas en virtud de su inscripción en dicho registro.

El magistrado Ollero, ponente del fallo, apunta que el Registro electrónico de voluntades digitales “no aparece configurado como un mero instrumento registral de carácter administrativo, ligado a la competencia sustantiva en materia de derecho civil que la comunidad autónoma tiene estatutariamente asumida”.

El TC establece que se trata, por el contrario, “de un registro público privado en el que han de inscribirse para su validez los documentos de voluntades digitales, en defecto de disposiciones de última voluntad”.

En definitiva, el TC subraya que “la normativa impugnada excede de la competencia meramente ejecutiva que la Comunidad Autónoma ostenta en relación con los registros públicos de derecho privado a que se refiere el artículo 149.1.8 de la Constitución”. En consecuencia, “su ordenación es competencia exclusiva del Estado”, concluye el fallo.

La sentencia cuenta con un voto particular formulado por la magistrada Roca, quien considera que la naturaleza de este tipo de registro es administrativa y que la Generalitat de Cataluña ostenta competencia legislativa para crearlo y ordenarlo. En su opinión, “el hecho de que la eficacia de las voluntades digitales se produzca después de la muerte de la persona y que a tales disposiciones se les denomine de manera semejante a las testamentarias no significa que tengan tal naturaleza testamentaria, ni que deban custodiarse en un registro civil de los que contempla el artículo. 149.1.8 de la Constitución”.

La magistrada del Constitucional destaca que “incluso en el caso de que sí que la tuviera, no genera ningún problema de relación o coexistencia porque la ley catalana establece la incompatibilidad entre ambos instrumentos y limita la eficacia del documento de voluntades digitales a la falta de testamento”.

clubwifiusa


Source: eleconomista.es (Noticias destacadas por elEconomista)

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