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Podemos confirma que tumbará el decreto de reforma de los alquileres del Gobierno | España

Podemos confirma que tumbará el decreto de reforma de los alquileres del Gobierno | España



Unidos Podemos votará en contra del real decreto sobre alquileres que el ministro de Fomento José Luis Ábalos ha defendido este martes en una sesión extraordinaria del Congreso de los Diputados. “Vamos a votar en contra porque no recoge los acuerdos que pactamos con el presidente del Gobierno”, ha avanzado Irene Montero, portavoz de la formación, a su entrada a un pleno especial, con ocho reales decretos de contenido social en su orden del día. El decreto de alquileres no saldrá adelante por el voto en contra de PP, Ciudadanos, Podemos, ERC y Bildu y será la primera derrota de este tipo de iniciativas excepcionales desde que gobierna Pedro Sánchez. Solo respaldan esa reforma PSOE, Coalición Canaria, Compromís, PDeCAT y PNV, que piden su tramitación luego como proyecto de ley para incluir mejoras. PSOE y Podemos desligan este desacuerdo de su pacto para los presupuestos.

El grupo confederal de Unidos Podemos negoció con el Ejecutivo de Pedro Sánchez hasta las siete de la tarde del lunes incluir en el real decreto que los ayuntamientos puedan controlar los precios del alquiler en las zonas tensionadas de las ciudades, la definición de vivienda vacía o un preaviso de seis meses en el contrato de arrendamiento. Fuentes de En Comú Podem, el partido responsable de la negociación con la diputada Lucía Martín a la cabeza, aseguran que las propuestas planteadas por el Gobierno “no fueron suficientes” para garantizar la continuidad del “acuerdo potente” al que llegaron el pasado octubre. “Algunos puntos se desdibujaban, otros se olvidan”, dicen respecto al control de precios y acusaron al ministro de no ser valiente frente a las presiones de los fondos buitre.

Martín sí dejó en el aire que podrían reconducir la situación y variar ese voto en breve si continúan con la marcha de los contactos de las últimas horas y agregó: “Votamos en contra y no buscamos humillarles ni hacerles daño ni deshacer la mayoría que se formó en la moción de censura”.

El ministro Ábalos y más tarde la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, reclamaron responsabilidad a Podemos para demandar hasta el final su voto y lograr la reforma de la ley de vivienda en vigor desde 2013 que no ha conseguido desmontar la burbuja en el mercado de alquiler ni evitar el incremento de desahucios. Ábalos ensalzó algunas de las primeras medidas urgentes a la espera de una completa ley de Vivienda, como dar más seguridad y equilibrio de fuerzas entre los propietarios y los inquilinos, el intento de freno a los fondos bruite o habilitar un parque de 20.000 viviendas sociales y alertó: “Es una oportunidad que no podemos perder. Las oportunidades se aprovechan o se desaprovechan”.

Adriana Lastra, además, diferenció esa posición de Podemos sobre ese decreto del pacto suscrito para el proyecto de presupuestos, ahora en fase de negociación con otros partidos. “Son dos cosas distintas”, comentó y lamentó el decaimiento de la reforma de la regulación de los alquileres como una “la mala noticia para los seis millones de personas que viven de alquiler en España”. El PSOE avanzó que seguirá negociando con Podemos y que podría presentar otro real decreto en breve, incluso en unas semanas. Lastra avisó a Podemos sobre la evidencia de que para sacar adelante determinados reales decretos se necesitan más votos que los de la formación morada, hablar con más partidos y por tanto son obligadas algunas cesiones añadidas.

Unidos Podemos adelantó que por ahora rechazarán también el texto del Gobierno cuando comience su tramitación como proyecto de ley en una segunda votación abierta a enmiendas. En este segundo trámite, el PP y Ciudadanos pueden recurrir al bloqueo por tener mayoría en la Mesa del Congreso.

Ábalos había justificado en su exposición la necesidad y urgencia del decreto por la desregulación del mercado que provocó la reforma de la ley de vivienda de 2013, la falta de parque social de pisos de alquiler y el aumento de los desahucios (7,9% el año pasado).

El PP y Ciudadanos anunciaron su voto en contra al considerar que los cambios no aseguran la solución a los problemas ni aumentan la oferta. Coalición Canaria, Compromís, PDeCAT y PNV aceptaron que algunas propuestas tenían aspectos positivos y apoyaron la iniciativa a cambio de que se tramite como proyecto de ley para poder introducir en ese proceso más mejoras. Esa opción no convence de entrada a Podemos ya que los plazos de ese trámite pueden alargarse mucho por la capacidad que tendrían los grupos para dilatar todo el procedimiento. Tanto el PP como Ciudadanos no están de acuerdo con este decreto por lo que esa prevención de Podemos está justificada.

El Gobierno socialista sigue sin tener ninguna garantía de que los decretos que aprueba en el Consejo de Ministros vayan a ser una realidad ya que obligatoriamente tienen que ser convalidados antes de un mes en el Congreso. El ejecutivo de Sánchez ha utilizado en estos meses ese procedimiento excepcional y urgente ya en 18 ocasiones con éxito pero si se mantiene la postura anunciada por Montero hoy podría sufrir un revolcón político que pondría en evidencia su precariedad (solo 84 diputados) al albur de que los grupos nacionalistas y Unidos Podemos le apoyen.

Desde el Gobierno se argumenta que no es ni jurídica ni constitucionalmente fácil intervenir en los precios de los alquileres a los particulares y se valora que en el decreto se amplía el plazo de prórroga de los contratos a cinco años. No obstante, desde el Ministerio de Fomento se buscan fórmulas paliativas de tipo fiscal para atacar la actual burbuja y desincentivar el afán de los propietarios de elevar desmesuradamente los precios de los alquileres.

Pensiones y funcionarios

No habrá tantos problemas para el gobierno en la aprobación del alza de las pensiones por encima de la inflación prevista para 2019. Un 1,6% se establecerá como norma general y un 3% para las mínimas y no contributivas. Durante los seis primeros meses de 2019 el Gobierno deberá establecer un mecanismo de revalorización, pactado con sindicatos y empresarios y con los grupos parlamentarios a través del Pacto de Toledo. “Hoy se pone fin al periodo de merma de poder adquisitivo de las pensiones”, dijo Pedro Sánchez tras el Consejo de Ministros de diciembre en el que se aprobó esa medida. No obstante, la subida de las pensiones fue un compromiso que también alcanzó hace casi un año el ejecutivo de Mariano Rajoy con el PNV.

Tampoco habrá dificultad para que el Congreso convalide la subida del sueldo de los funcionarios. Para este año tal alza será como mínimo del 2,25%, pero se le sumará un 0,25% más vinculado a la evolución del PIB y otro 0,25% procedente de fondos adicionales. Ese 2,25% lo cobrarán todos los empleados públicos de todas las administraciones de manera lineal. Los suplementos no están garantizados ya que tienen que ver con el propio crecimiento de la economía. Estos aumentos serán reivindicados también por el PP como propios ya que los negoció su ministro de Hacienda, Critóbal Montoro.

Unas de las reivindicaciones que aún se negociaba a última hora del lunes era la de la equiparación salarial de los funcionarios de prisiones, entre otras mejoras para ese sector. Podemos se ha erigido en portavoz de las demandas de esos empleados y en este caso sí aceptaba que el decreto, tras ser convalidado, se desarrolle más tarde como proyecto de ley para cerrar más tarde su negociación. La negativa del Gobierno a ese proceso sería inútil porque lo puede imponer la oposición.

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Sources: elpais.com

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