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Puerto Rico

Swain atenderá con urgencia reclamo contra la deuda constitucional

Swain atenderá con urgencia reclamo contra la deuda constitucional


La jueza de distrito federal Laura Taylor Swain determinó ayer que atenderá con urgencia el recurso presentado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés), que busca anular unos $6,000 millones de la deuda emitida por el gobierno de Puerto Rico con garantía constitucional.

Swain, quien preside los casos de Título III de Puerto Rico, acogió el pedido urgente de la JSF y el UCC para atender la controversia y concedió a los interesados seis días para que presenten sus objeciones y respuestas en torno al procedimiento que seguirá la corte.

“Cualquier objeción a la moción de procedimientos se escuchará en la audiencia general programada para el 30 de enero de 2019 a las 9:30 a.m.”, estableció Swain.

La decisión de la jueza pone en marcha el primer cuestionamiento respecto a la validez de parte de la deuda emitida por el gobierno de Puerto Rico a lo largo de los años. Esta determinación se produce aproximadamente un trienio después que la desaparecida Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público concluyera que varias de las transacciones de bonos vendidas por el territorio estadounidense debían auditarse al detalle. Esto, porque, para esa comisión creada por ley en el 2015, tales transacciones se emitieron en contra de la ley.

El recurso ante Swain se regó como pólvora la noche del lunes, pues provino de la JSF -el organismo que diversos sectores en la isla y el continente perciben como “un agente de cobro” de los bonistas- y el UCC, el comité que vela por los intereses de los distintos grupos de acreedores en el proceso de reestructuración del gobierno central bajo el Título III de Promesa.

Deuda “ilegal”

“Cuando se encuentra que una transacción de gobierno ha violado una clara política pública establecida en una ley estatutaria o constitucional, permitir cualquier remedio a un contraparte privado minaría esa política, que existe para proteger el pueblo de Puerto Rico como un todo (y a los contribuyentes de Puerto Rico, en particular)”, reza el recurso incoado por la JSF y el UCC.

En síntesis, y entre otros argumentos, el UCC entiende -y la JSF suscribe- que aproximadamente unos $6,000 millones de las llamadas Obligaciones Generales (GOs, en inglés) son nulos.

Para los objetores, se trata de cuatro transacciones vendidas entre los años 2012 y 2016, y que ignoraron la disposición constitucional que establece cuánto dinero del fisco puede ir al pago de la deuda. Además, los objetores establecen que la deuda emitida se utilizó para cuadrar el presupuesto operacional del gobierno, pagar intereses de deudas previas y de otros emisores del gobierno, a pesar de que la carta magna exige operar con presupuestos balanceados.

Específicamente, la JSF y el UCC objetan las reclamaciones bajo el Título III que presentaron el año pasado varios tenedores de la serie de GOs 2012 A, que totalizó unos $2,318 millones; la serie GOs 2012 B, que totalizó otros $415.2 millones y la serie GOs 2014 A, que se emitió en marzo de 2014 por un importe de unos $3,500 millones. Las series 2012 se vendieron bajo la administración de Luis Fortuño y la serie GOs 2014, la última y la única vendida con una clasificación especulativa en la historia de Puerto Rico, bajo el mandato de Alejandro García Padilla.

Cae el precio de los GOs

Solo bastó que se conociera el recurso para que ayer los bonos de GOs emitidos en 2014 con vencimiento al 2035 cayeran casi 5% en el mercado municipal estadounidense. El anuncio de la JSF y el UCC borró parte de la mejora que tales valores vieron en la segunda mitad del 2018. En ese momento, los bonos llegaron a promediar 54 centavos de dólar, una vez la JSF certificó un plan fiscal con mejores proyecciones económicas y presupuestarias para la isla. Ayer, dicho instrumento se cotizaba en promedio en unos 48.5 centavos de dólar.

Reacciona el gobernador

Mientras los bonos de GOs caían en Wall Street, ayer, en una conferencia de prensa en Gurabo, tras una ceremonia para entregar patrullas en cuarteles de la Policía, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares no fue claro en torno a si apoya o no que se anulen esos $6,000 millones en GOs. En cambio, el mandatario no vaciló en avalar el plan de ajuste de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y que se discute hoy en el Tribunal Federal, en Hato Rey, en medio de protestas convocadas por la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), el Partido Independista Puertorriqueño (PIP) y el Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda.

“Eso es un acuerdo beneficioso para el pueblo de Puerto Rico, a la vez que le ahorras $430 millones al año al pueblo puertorriqueño”, dijo Rosselló Nevares sobre el plan de ajuste de Cofina.

Acto seguido, el mandatario aseguró que obró correctamente al eliminar la comisión que auditaba la deuda de la isla. A su juicio, el proceso de bancarrota que se sigue con Puerto Rico provee para investigar la legalidad de la deuda emitida por el territorio estadounidense.

“Lo que hemos demostrado es que esa comisión de la auditoria de la deuda era una pérdida de millones de dólares del pueblo de Puerto Rico”, acotó.

Pero, mientras la JSF y el UCC ahora unen fuerzas para anular casi la mitad de los bonos GOs vigentes, antes fue la administración de Rosselló Nevares (por vía de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal o Aafaf) la que obstaculizó cualquier intento delUCC para investigar la deuda de la isla bajo la regla 2019 del Código de Quiebras federal.

Otra batalla legal

Los reparos de la JSF y el UCC a ciertos bonos GOs se produjeron luego que, a finales del año pasado, el ente fiscal pidiera suspender el proceso de mediación para renegociar la deuda de la isla que encabeza la jueza Barbara Houser.

Así las cosas, la movida de la JSF podría desencadenar una nueva batalla legal con los fondos de cobertura de riesgo que compraron la deuda de la isla en medio de la crisis fiscal y que ya cuestionan la validez de la JSF.

“Esta, más probable que no, vería la Corte Suprema (de Estados Unidos) porque es una controversia grande”, dijo al servicio de noticias Bloomberg James Spiotto, director gerencial de Chapman Strategic Advisors, experto en reestructuraciones municipales y quien ha disertado en diversos foros sobre la ley federal Promesa y el caso de Puerto Rico.

El plan de Cofina

Lo que no quedaba claro ayer era si la caja de Pandora que han abierto la JSF y el UCC con los GOs podría descarrilar la aprobación del plan de ajuste de Cofina.

Mientras la JSF y el UCC alegan que ciertos bonos GOs son nulos por incumplir con cláusulas constitucionales, el organismo federal asegura que el acuerdo en Cofina es cónsono con el estado de derecho de Puerto Rico.

De igual forma, la JSF se presenta hoy ante la jueza Swain, luego de aprobar una estipulación entre Cofina y el gobierno de Puerto Rico que pondría fin, para siempre, a cualquier disputa en torno a la pertenencia del Impuesto a la Venta y Uso (IVU) y que, a su vez, dividiría por al menos 40 años los recaudos de ese gravamen entre la corporación pública y el gobierno central.

Ese acuerdo, así como el plan que permitiría a los bonistas principales de Cofina recuperar casi la totalidad de lo invertido mientras pagaría a los subordinados la mitad de su inversión, obtuvo el respaldo mayoritario de ambas clases de acreedores.

Un plan confiscatorio

No obstante, ciertos bonistas subodinados -entre ellos, GMS Group- al igual que la Utier y la Unión Internacional de Empleados de Servicio (SEIU), confían en que Swain no dé paso al acuerdo que reajustaría la deuda de Cofina.

“La exclusión de tenedores de bonos que son compradores orginales (de bonos Cofina) y que solo poseen bonos subordinados privó este proceso de uno de los (pasos) esenciales de una bancarrota, la oportunidad de las partes interesadas para negociar”, reza la objeción de la firma GMS, que posee unos $500 millones en bonos subordinados de Cofina.

Según GMS, entre otras cosas, tanto el gobierno como la JSF, no solo les excluyeron del proceso de negociación que dio paso al ajuste de Cofina, sino que la transacción tiene el efecto de confiscar el dinero que les pertenece, lo que sería contrario a la Constitución.

Para Alvin A. Velázquez, asesor legal de la SEIU, el plan de Cofina no solo tiene defectos legales. El plan no dará a la isla el alivio que necesita y terminará afectando a la ciudadanía y los trabajadores.

Para Velázquez, es un contrasentido que la JSF haya aceptado un plan que solo recorta una tercera parte de la deuda de Cofina, cuando las propias cifrasdel ente fiscal plantean la necesidad de recortes de sobre 80%.

En ese sentido, dijo Velázquez, la SEIU se propone indicarle a Swain, en su turno durante la audiencia de hoy, que el plan de Cofina no es “razonable” ni actúa en beneficio del deudor. Y ese criterio, según el abogado, debe pesar más que el respaldo mayoritario que dieron los bonistas de Cofina al controversial plan.



Sources: metro.pr

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