Rodexo
Puerto Rico

Líderes gremiales brindan alternativas ante la crisis por la criminalidad

Ismael Rivera, presidente del Sindicato de Policías Puertorriqueños, y otros miembros de organizaciones bajo la sombrilla de Seguridad Pública, denuncian crisis en seguridad. (horizontal-x3)


Frente a un escenario hipotético de cinco minutos a solas con el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, líderes gremiales policiacos y los propios agentes levantarían como primer asunto a discutir la situación del sistema del retiro, y algunos también pedirían la salida de Héctor Pesquera de la jefatura del Departamento de Seguridad Pública (DSP).

Pero esos no serían los únicos temas. Desde la falta de uniformes y la infraestructura deficiente en los cuarteles, así como nuevas ideas para combatir el crimen, los policías compartieron con El Nuevo Día una larga lista de ideas que presentarían al primer ejecutivo si tuvieran la oportunidad. Algunos agentes se identificaron ante este medio, pero otros hablaron anónimamente por miedo a represalias.

“Lo primero que le diría al gobernador es que, para comenzar el trabajo y que nos suba la autoestima y la motivación, hay que cambiar a Héctor Pesquera”, dijo el sargento Gregorio Matías, vicepresidente de la Asociación de Policías Organizados.

Edwin Robles, presidente del Concilio Nacional de Policías, insistió en la necesidad de “restituir” el cálculo del retiro de los policías al estado de derecho previo al 2013, cuando se les recortó alrededor del 30% de la pensión.

Según Robles, cuando era candidato a la gobernación, Rosselló Nevares se comprometió con él a restituir la pensión de los policías en 75%.

Robles habló de otros temas como la falta de uniformes, la incapacidad de la agencia en reemplazar chalecos antibalas expirados, sobre los problemas en las comunicaciones y averías en el sistema de aire, como ocurre en la Comandancia de Caguas.

“Pero es que la queja grande es el retiro”, insistió Robles.

Jaime Morales, portavoz de la Corporación Organizada de Policías y Seguridad, mencionó que otra queja recurrente entre los uniformados es que se les “obligó” a adquirir un seguro de incapacidad con una aseguradora con un beneficio de solo $2,000.

Propuestas anticrimen

Un agente de la División de Homicidios que habló bajo anonimato presentó varias ideas, como que se obligue a todo comerciante a adquirir y mantener al día cámaras de seguridad. Según el oficial, se debería crear una oficina en el Departamento de Hacienda encargada de dar seguimiento a la implantación de las cámaras y que las multas por incumplimiento nutran un pote a favor de los policías.

También denunció que, con la excepción de dos compañías de celulares, las demás empresas de este tipo refieren a sus matrices en Estados Unidos órdenes judiciales para que agentes obtengan información sobre listas de llamadas, lo que dificulta las investigaciones.

Otro agente denunció que los policías supuestamente se ven forzados a pagar, sin reembolso, los alimentos de las personas detenidas mientras esperan por ser procesadas, y aseguró que existe la práctica de devolver cuatro y cinco veces los horarios que los policías reclaman como períodos trabajados,lo que dilata el pago de horas extras.

Un policía que tampoco se identificó sugirió que se exija a los comerciantes que se dedican a revender vehículos que adquieren en subasta que paguen a la Uniformada la inspección requerida para poner a la venta las unidades.

Un sargento de Homicidios planteó, además, la necesidad de que los agentes tengan acceso por computadora o teléfono celular a la información almacenada en el Real Time Crime Center, refiriéndose a datos de individuos con récord criminal y patrones de incidencia delictiva.

También denunció la tardanza con que el Sistema de Emergencias 9-1-1, que se encuentra -al igual que la Policía- bajo el DSP, entrega a la Uniformada grabaciones de llamadas realizadas al sistema y que son utilizadas para levantar inteligencia criminal.

Otro sargento de Homicidios dijo que le plantearía al gobernador la necesidad de que las autoridades federales les den acceso a los investigadores estatales a testigos y acusados de delitos a nivel federal.



Sources: metro.pr

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