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Audiencia Nacional, el tribunal que devora a sus monstruos | España

Audiencia Nacional, el tribunal que devora a sus monstruos | España



La grabación que el comisario jubilado José Villarejo, en prisión por elaborar informes confidenciales para extorsionar a políticos y empresarios, realizó en 2009 de una comida que mantuvo con el entonces juez Baltasar Garzón, la fiscal Dolores Delgado –hoy ministra de Justicia– y otros altos mandos policiales, ha costado una nueva querella por prevaricación a Garzón y reabierto dos debates encadenados sobre la Audiencia Nacional. Por un lado, se ha instalado en la opinión pública una imagen de compadreo entre los magistrados y el sector de las fuerzas de seguridad más en contacto con el poder político.

Al hilo de esta aparente promiscuidad entre comisarios y magistrados ha emergido la discusión recurrente sobre la propia vigencia de este tribunal. Desde su creación en 1977, un sector de juristas lo ha considerado “un cuerpo extraño en la estructura judicial”, en palabras del catedrático de Derecho Constitucional Diego López Garrido, e incluso lo tachan de “tribunal de excepción”, como los abogados de la izquierda abertzale. Otro sector, representado por el vicepresidente del Supremo y expresidente de la Audiencia, Ángel Juanes, defiende su eficacia: “No tengo duda de que sigue siendo necesario contar en el Poder Judicial con un tribunal especializado, dotado de medios suficientes para investigar causas complejas”, afirma.

Magistrados de la Audiencia admiten que el tribunal ha podido proyectar una imagen de excesiva cercanía con las fuerzas de seguridad. Los jueces sostienen que los encuentros informales son una costumbre más del pasado que actual y la personalizan en el exjuez Baltasar Garzón, inhabilitado por el Supremo en 2012 por ordenar pinchazos en prisión a los abogados de la trama Gürtel. “Garzón irradia hacia sus compañeros la relación con los policías. Estas relaciones extraoficiales no suponen un problema real, aunque se corre el riesgo de que se altere el rol de cada uno y de que los policías se tomen unas confianzas excesivas”, señala un exmagistrado.

El periodista Miguel Ángel de la Cruz, en su libro Garzón, la ambición de un juez (2000), relataba las comidas-tertulias que organizaba el fallecido magistrado Joaquín Navarro en el restaurante Lhardy y a las que Garzón comenzó a acudir en el otoño de 1989, tras el asesinato a manos de ETA de la fiscal Carmen Tagle. El juez destacó pronto por sus chistes y chascarrillos. Y tampoco evitaba hablar de asuntos judiciales. “Según algunos tertulianos, pecaba de indiscreto hasta unos límites peligrosos”, se lee en el libro. Asistentes asiduos a estas reuniones matizan: “Es cierto que se hablaba con bastante facilidad y confidencialidad, pero tampoco se excedía demasiado”. El libro relata almuerzos del magistrado con policías. “Entre juez y policías se vivía una auténtica luna de miel. Se mimaban mutuamente, se agasajaban, se alimentaban. Cada uno le daba al otro lo que pedía”, recuerda De la Cruz en su obra.

Juez-sacerdote vs Juez del siglo XXI

Otro magistrado ve con “naturalidad” estas relaciones personales. “Es una cuestión de profesionalidad, si me da una medalla la Guardia Civil y luego veo que miembros del cuerpo torturan los voy a condenar igual”, afirma. Las reuniones en los despachos de la Audiencia son cotidianas. “No es un trato de familiaridad sino profesional, que evita que se dirijan las investigaciones hacia donde no tiene sentido. La instrucción moderna exige coordinación profesional y vertical. Manda el juez, no es una relación entre colegas”, añade.

Frente al “juez-sacerdote” aparentemente ajeno a las pasiones del mundo, este magistrado defiende “un juez del siglo XXI”, que corrige las influencias con profesionalidad. “Y esto vale para las presiones y para las amenazas. Sé que vivo en un mundo de pecado, lo que tengo que hacer es no pecar, no que me aíslen del pecado”, afirma. “Vivimos en un mundo contaminado, con criterios y juicios que además cambian, y eso lo tiene también el juez-sacerdote, que también tiene sus influencias y vete a saber de dónde se inspira”.

En sus 41 años, la Audiencia Nacional ha sometido a una sobreexposición mediática a muchos de sus magistrados. “Clemente Auger [presidente de la Audiencia entre 1998 y 2001] decía que la escalera de la Audiencia salía el doble de tiempo en televisión que el Congreso”, rememora un veterano magistrado del Supremo. Hace un cuarto de siglo, aquella escalinata veía bajar a estrellas de la judicatura como Garzón –instructor de sumarios como la Operación Nécora contra el narcotráfico, y que tras un breve paso por el último Gobierno de Felipe González, desenterró el caso GAL sobre la guerra sucia contra ETA– o su examigo Javier Gómez de Liaño, posteriormente inhabilitado por prevaricación en el caso Sogecable. Por ella también pasaban, camino de la antigua cafetería Riofrío, situada enfrente, los llamados fiscales indomables, Ignacio Gordillo, Dolores Márquez de Prado o Pedro Rubira, una suerte de poder autónomo enfrentado al entonces fiscal jefe de la Audiencia, José Aranda.

El poder que maneja cualquier juez se ve, en el caso de la Audiencia Nacional, incrementado por la relevancia política o económica de los asuntos. Las resoluciones se interpretan en clave de si benefician o perjudican a un partido o una empresa determinados. “Los asuntos que se llevan aquí pueden hacer caer gobiernos, como se ha visto con el caso Gürtel. De vez en cuando la Audiencia Nacional genera monstruos y cada cierto tiempo necesita devorarlos para seguir viva”, afirma un juez instructor. El último juez engullido por la Audiencia ha sido Diego de Egea, que el pasado diciembre renunció a seguir como juez de refuerzo al frente del caso Villarejo.

Las fuentes coinciden en que hoy más que jueces-estrella lo que hay son casos estrella. “La Audiencia Nacional tiene algo de Primera División, pero para muchos ser juez aquí supone incluso un estigma dentro de la carrera, nos consideran divos. Hay un sentimiento de que nos llevamos la gloria y somos privilegiados”, afirma un magistrado veterano. Para muchos, la idea de jueces estrella es “un cliché” que identifican especialmente con Garzón. “Al igual que las estrellas de verdad siguen iluminando pese a haberse apagado, la luz que dejó Garzón nos sigue llegando y marcando nuestra imagen”, describe uno de los consultados.

Numerosos autores consideran a la Audiencia una heredera del Tribunal de Orden Público franquista. Una nació el mismo día que se disolvió el otro: el 5 de enero de 1977. El catedrático de Derecho Procesal José María Asencio escribió en 2003: “el origen de la actual competencia de la Audiencia Nacional reside en una visión de la justicia propia del franquismo, ya que no en vano sus funciones fueron las previstas para el nunca nacido Tribunal Central de lo Penal”, ideado en 1974. Asencio sólo veía justificable la competencia en terrorismo y entendía que otras materias penales, así como la jurisdicción social y contencioso-administrativa van contra el espíritu de la Constitución.

Ángel Juanes rebate esta visión. “El contexto actual no resiste una comparación con el TOP. Contamos con un Estado democrático. El control social es clave y haría imposible un funcionamiento anormal. No hay un tribunal en España con el control social y mediático que tiene la Audiencia Nacional”, defiende.

“La idea de un tribunal especializado en delitos concretos que exigen especialización y medios suficientes sigue teniendo plena actualidad”, afirma Juanes. El centro de gravedad de las investigaciones se ha desplazado del terrorismo etarra a los grandes delitos económicos. Investigaciones con la de iDental, con miles de afectados en toda España y que instruye José de la Mata, serían prácticamente inviables sin un tribunal central. De la Mata ha puesto en marcha un sistema para que los afectados por esta estafa puedan recibir sus tratamientos odontológicos.

“Un enfoque erróneo”

Un magistrado del Supremo admite que la Audiencia tiene actualmente un “enfoque erróneo” y reclama “multiplicar por tres” el número de jueces instructores y darles especialización en terrorismo; crimen organizado, droga y blanqueo; y criminalidad económica y corrupción. “No tiene sentido que el juez de instrucción de la Audiencia reciba declaración a terroristas yihadistas y al día siguiente a un ejecutivo de banca, que requiere una investigación distinta”, se queja.

Este jurista señala que el alto tribunal “ha defendido muchísimo” la “función jurisdiccional” de los jueces de la Audiencia frente a las querellas que entran contra ellos, pero que sería necesario acabar con el “sistema inquisitivo” que fomenta la “perversión” de la promiscuidad con la policía. Según él –y en esto coincide la mayoría de los entrevistados- es indispensable que la instrucción pase a manos de la Fiscalía, y que los jueces queden para proteger las garantías procesales.

“Es conveniente que los jueces no se eternicen en la Audiencia. Esas plazas no tenían que ser vitalicias o en propiedad. Tres de los seis juzgados de instrucción estan cubiertos por sustitutos que tienen que renovar cada cierto tiempo. Eso va contra la independencia del juez. Tienen que ser plazas de cumplimiento efectivo: si te vas de comisión de servicio o pasas a la política dejas la Audiencia”, reclama este magistrado. “Los jueces no deberían estar más de diez años en instrucción, la relevancia de los asuntos es tan grande que es negativo para el juez”. En la reforma del edificio de la Audiencia, que culminó en noviembre de 2015, la escalera de la fama desapareció, aunque nada garantiza que no sigan surgiendo monstruos.

Carreras truncadas

La lista de magistrados de la Audiencia Nacional que han visto sus carreras truncadas por sanciones es nutrida. En 1988, el magistrado Jaime Rodríguez Hermida fue expulsado de la carrera por la irregular puesta en libertad del jefe de la Camorra napolitana Antonio Bardellino, en enero de 1984. Su compañero Ricardo Varón esquivó la exclusión de la judicatura, pero tuvo que abandonar la Audiencia. En octubre de 1996, el Consejo General del Poder Judicial expulsó durante un año al magistrado Miguel Moreiras por una falta muy grave de revelación del secreto del sumario Argentia Trust, en el que se investigaba al banquero Mario Conde, lo que le supuso perder el destino.

La misma sanción recibió en 2004 el magistrado Guillermo Ruiz-Polanco por una desatención que supuso la puesta en libertad del supuesto etarra Ibai Ayensa. Dos años antes, la huida del narco Carlos Ruiz Santamaría, El Negro, costó la plaza a los tres magistrados de la Sección Cuarta de lo Penal, aunque el Supremo anuló posteriormente la sanción y resarció a dos de ellos.

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Source: elpais.com

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