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Puerto Rico

Disputa entre la Junta Fiscal y el gobierno por reforma al programa PAN

Disputa entre la Junta Fiscal y el gobierno por reforma al programa PAN


Cuando faltan unos ocho meses para que la primera Junta de Supervisión Fiscal (JSF) concluya su mandato sobre Puerto Rico y en la antesala de un nuevo ciclo electoral en la isla, el ente fiscal y la administración de Ricardo Rosselló Nevares están encontrados, de nuevo, por el plan fiscal.

En esta ocasión, la JSF y la administración Rosselló Nevares discrepan por la implementación de una reforma al Programa de Asistencia Nutricional (PAN), cambios que potencialmente podrían cambiarles la vida a unos 160,000 adultos que reciben dicho beneficio en Puerto Rico.

Ayer, al romper el alba, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, escribió a la secretaria del Departamento de la Familia, Glorimar Andújar Matos. La ejecutiva indicó que la propuesta de esa dependencia ante el Departamento de Agricultura federal (USDA, en inglés) para que los beneficiarios del PAN tengan que trabajar no se parece a lo que la JSF y el gobierno discutieron por meses.

Específicamente, la JSF levantó bandera roja porque, en lugar de que los cambios al PAN entren en vigor a partir de julio del año que viene,  en el año fiscal 2020, la propuesta del gobierno ante USDA propone hacer los ajustes de manera gradual hasta el 2023.

Unas tres horas más tarde, era el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Christian Sobrino Vega, quien le contestaba a Jaresko. “Estamos sorprendidos por el momento en que envía su carta, pues usted ha sabido acerca del enfoque gradual del gobierno  por largo tiempo”, escribió Sobrino Vega.

“En cada una de las reuniones de trabajo que hemos tenido  los pasados meses, hemos discutido este tema y en todas y cada una de ellas, le hemos dicho al gobierno que la propuesta es inconsistente con el plan fiscal”, dijo Jaresko cuando confirmó a El Nuevo Día que, si bien la reforma al PAN se ha discutido en varias ocasiones, la posición de la JSF ha sido inamovible.

Ayer, Sobrino Vega explicó a este diario que los cambios al PAN fueron una promesa de campaña del gobernador Rosselló Nevares. Pero, acto seguido, sostuvo que la postura del mandatario es cambiar los requisitos de elegibilidad a los participantes del PAN gradualmente.

La discrepancia por los cambios al PAN se produce justo en la fecha límite que la JSF dio a Rosselló Nevares para que  explique cómo la legalización de miles de tragamonedas fuera de casinos no afectará los recaudos al fisco. Esto, como parte de la reforma contributiva recién convertida en ley.

A su vez, la JSF y el gobierno vuelven a discrepar justo cuando el ente fiscal debe presentarse hoy ante la jueza Laura Taylor Swain para explicar cómo va el plan de ajuste de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), la primera deuda que sería renegociada bajo el Título III de Promesa.

Aunque no fue hasta ayer que las discrepancias entre la JSF y el gobierno salieron a la luz, los cambios al PAN se cocinaban desde las primeras versiones del plan fiscal, en el 2017.

Hasta septiembre de este año, según datos de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef),casi 931,000 adultos recibían el PAN en Puerto Rico. De esa cifra, según la carta de Sobrino Vega, unos 160,000 participantes podrían tener que trabajar para recibir el PAN.

Trabajar para recibir PAN

Ayer,  Jaresko reveló a El Nuevo Día que los cambios al PAN se trabajaron de manera conjunta con el gobierno, cuando se elaboró la versión más reciente del plan fiscal tras el azote del huracán María. 

En esencia, la propuesta establece que todo participante del PAN  hábil para trabajar tendrá que hacerlo, estar en busca de un empleo, estar estudiando o servir como voluntario. El requisito de trabajo o estudio sería de 80 horas al mes y este cobraría vigencia 90 días después de que el participante reciba el PAN.

Según la carta de la JSF, la propuesta ante USDA establece que el requisito de empleo cobraría vigencia nueve meses después de que la persona reciba el PAN.

El gobierno pide tiempo

“Esto no es un asunto de quiénes están trabajando y quiénes no. Esto afecta a envejecientes, niños y afectaría a los negocios que reciben ese método de pago”, dijo Sobrino Vega.

Según Sobrino Vega, implementar los cambios al PAN de manera escalonada y “no a la cañona” sería mejor para la economía.

Entre otras cosas, el gobierno cree que necesita tiempo para desarrollar e implementar un programa de empleo y adiestramiento a participantes del PAN. Ese programa sería el vehículo para facilitar la inserción de los beneficiarios del PAN en el mundo del trabajo formal. 

“Las mejores prácticas de todas las jurisdicciones que tienen este sistema ponen un tiempo (un año) de transición para implementar el mecanismo… Vamos a ejecutar consistente con las mejores prácticas y se va a cumplir estableciendo el Wellfare to Work”, dijo, por su parte, Rosselló Nevares. “Pero de nada vale implementar una medida que puede ser positiva y colapse debido a la pobre transición”, añadió.

De igual forma, según Sobrino Vega,  representante del gobierno ante la JSF, las condiciones del mercado laboral de Puerto Rico son muy distintas a otras jurisdicciones.

En Puerto Rico, indica la carta de Sobrino Vega, el alto nivel de desempleo y un alto volumen de personas que necesitan ser readiestradas podrían poner en riesgo el principal programa de asistencia social a individuos que recibe Puerto Rico.

Datos de USDA indican que, en el año fiscal federal 2018 (que terminó el pasado 30 de septiembre), Puerto Rico recibió unos $1,929 millones por concepto del PAN.

Sin embargo, cada vez que el gobierno cambia las propuestas acordadas, se retrasa la implementación del plan fiscal y, con ello, la posibilidad de que la economía mejore. Eso, a su vez, influye adversamente en los esfuerzos para llegar a un entendido con los acreedores de Puerto Rico.

“Un retraso en la implementación como fue requerida en el plan fiscal resultará probablemente en un retraso o en que no habrá aumento en el crecimiento económico”, sostuvo Jaresko en su misiva.

Reformas y medidas fiscales

Según el plan fiscal más reciente, reformas estructurales como el Crédito por Ingreso Devengado (EITC, en inglés), los cambios al PAN y privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) inyectarían a la economía unos $711 millones en un plazo de cinco años y todo ello haría crecer la economía -medida por el producto bruto- en casi 1%.

Sin embargo, a preguntas de El Nuevo Día, Jaresko admitió que, en la medida en que se atrasa el plan fiscal, también se aleja la posibilidad de que se saque más partido al influjo de fondos federales que vendrá como resultado del huracán María.

En ese sentido, Jaresko admitió que los reparos del gobierno con los cambios al PAN se agregan a una lista de incumplimientos diversos. 

Solo en los pasados dos meses, la JSF ha solicitado al gobierno que presente sus informes de impacto fiscal sobre leyes aprobadas, remita informes trimestrales de gastos versus presupuesto y reactive el comité de créditos contributivos. Este último comité se creó el año pasado para evitar que el gobierno otorgara créditos que erosionarían el fisco.

“Nada ha cambiado desde aquella carta”, admitió Jaresko, al reconocer como excepciones algunos cambios respecto a  la facilidad de hacer negocios en Puerto Rico y el proceso de privatización en la AEE.

“El comité de créditos contributivos no se va a restablecer. Punto y se acabó. Eso se creó para atender una situación de emergencia, la crisis de liquidez que teníamos y que ya no es así”, dijo Sobrino Vega.

“Uno quiere cumplir, pero a la Junta le compete establecer una relación de confianza y de intercambio. Entendemos que ese no ha sido el caso”, dijo Sobrino Vega.

¿Qué hará la Junta?

Habida cuenta que la lista de exigencias incumplidas se apila, El Nuevo Día preguntó a Jaresko qué hará, en definitiva, el ente fiscal.

“Haremos todo lo que podamos para que se implemente el plan y utilizar los poderes que da Promesa”, afirmó Jaresko.

La exministro de Finanzas de Ucrania destacó que la JSF no pretende que el Congreso estadounidense le otorgue más poderes, pero dijo que tomarán otras acciones.

La primera de esas movidas fue precisamente la carta sobre el PAN. Esto, porque Jaresko espera que el gobierno federal tome nota del incumplimiento de la administración Rosselló Nevares antes que la USDA pase juicio sobre la propuesta del gobernador puertorriqueño.

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Sources: metro.pr

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