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Hasta noviembre darán respuesta por pensiones de lujo


Un grupo de pensionados y representantes del Gobierno se vieron las caras en el auditorio del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), convocados por los magistrados de la Sala Constitucional a una audiencia tipo careo, debido a la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra el establecimiento del tope a las pensiones de lujo, aspecto que entró en vigencia a partir del 2014.

La gestión es tramitada bajo el expediente 14-014251-0007-CO impulsado por Álvaro Valerio Sánchez, Alejandro Abellán Cisneros, Jorge Bagnarello Orozco y Óscar Pizarro, todos pensionados, contra la Ley 7.858, la directriz y resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad (MTSS) la MTSS-012-2014 y la MTSS-010-2014, respectivamente. Con estas gestiones el gobierno busca reducir y establecer un monto tope a las pensiones de lujo pagadas con plata del presupuesto nacional.

La acera de enfrente estaba liderada por el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, quien se hizo acompañar por la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya; el ministro de Trabajo, Steven Núñez Rímola; el director nacional de pensiones, Luis Paulino Mora Lizano y el director jurídico de Casa Presidencial Marvin Carvajal. Como órgano asesor de los magistrados estaba el procurador general de la República, Julio Jurado.

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VIOLACIÓN DE PRINCIPIOS Y VICIOS

Dentro de los argumentos esgrimidos por los representantes de los pensionados está que el gobierno violentó una serie de principios constitucionales como lo son: el de irretroactividad de la ley, los derechos adquiridos, el de razonabilidad y proporcionalidad, el de publicidad y transparencia y el del debido proceso.

En su intervención ante los magistrados, Álvaro Valerio Sánchez explicó que es pensionado del Magisterio Nacional desde 1991 y que por la ley especial de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) a su pensión de ¢3.361.268, ya se le aplica una reducción a su pensión, pues recibe ¢2.314.125 mensuales, al tiempo que recalcó que el régimen al que pertenece no recibe del presupuesto nacional, por lo que la pretensión del Gobierno de afectarlo es violatoria.

A su criterio “el Ministerio de Trabajo se arroga facultades no otorgadas por ley al incidir con su resolución y directriz las pensiones del Magisterio Nacional, las cuales no están dentro del presupuesto nacional”, afirmó Valerio.

Asimismo, sostuvo que el Gobierno busca incluir en las arcas del Estado recursos económicos que no le corresponden, pues pretende captar dineros de un régimen que so es financiado por el Estado.

Detalló que las medidas deben aplicarse a los futuros jubilados que reciben su pensión del presupuesto nacional.

Vera Chaves, representante legal de Alejandro Abellán y Óscar Pizarro, pertenecientes a la Asociación de Pensionados del Ministerio de Hacienda y del Poder Legislativo (Asphal), sostuvo que la medida del Ministerio de Trabajo está llena de vicios que atentan contra los derechos de las personas que reciben sus pensiones de acuerdo con las leyes establecidas y a los que se les aplica reducciones solidarias para alimentar sus regímenes.

Consideró que, la Ley 7.858 tiene una pérdida de oportunidad debido a que entró en vigencia 16 años después de una norma ya existente y avala la reducción o tope a las pensiones.

Al mismo tiempo apuntó que, en su momento cuando se trataba de un proyecto de ley, no fue publicitado, por lo que terceras partes no pudieron emitir criterio al respecto.

Fue enfática la indicar que el recorte del monto a 511 pensionados afiliados a Asphal no resolverá la grave crisis fiscal que afecta al país, sino se deben aplicar otras acciones para revertir la situación

“Es una disposición general de aplicación interna del Ministerio de Trabajo a la Dirección Nacional de Pensiones, pero busca externar su aplicación a terceros haciendo caso omiso que los funcionarios públicos no pueden arrogarse facultades que la ley no les concede. Le corresponde al Ejecutivo reglamentar las leyes y ejecutarlas”, reseñó Chaves.

Mencionó en su explicación que los montos que se le dan a los pensionados son producto de la aprobación y ejecución de leyes que se han dado en el pasado, por lo que aseveró que existen procedimientos para la derogación de las leyes.

Criticó que desde 1935 las diferentes autoridades del turno se han negado a crear un fondo para darle sostenibilidad a las pensiones con cargo al presupuesto nacional, al tiempo que el tema se ha satanizado.

Tanto Valerio como Chaves pidieron a los magistrados declarar con lugar la acción de inconstitucionalidad presentada.

Sobre este mismo tema, el director ejecutivo de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) Róger Porras, comentó: “El régimen del Magisterio Nacional tiene su propia normativa especial y particular establecidas en diferentes normas (…) Esta normativa especial, la 7.531 ya establece un tope específico para la institución que está en el artículo 44 de esta ley que es igual al tope de catedrático de la Universidad de Costa Rica. Ese tope también tiene un tope de inflexión para la aplicación de las cotizaciones que se tiene en el Magisterio Nacional, es decir, por el ejemplo en el artículo 70 se detalla que va del 10% al 16% y se incluye una retención solidaria que llega hasta el 75%”.

“ODIOSAS E INSOSTENIBLES”

Carlos Alvarado, presidente de la República, aseguró en su defensa que sostener dichos privilegios no solo iría en contra de un sistema de seguridad social justo, sino que además es “insostenible, odiosa y ruinosa”.

El Mandatario fue claro en señalar que desde el Poder Ejecutivo mantienen la postura de poner fin a las pensiones de lujo, de ahí la necesidad de ponerles el tope de 10 salarios base, a partir del más bajo en la administración pública.

Para Alvarado es inconcebible que haya personas que perciban al mes una pensión de tan solo ¢78 mil, como las no contributivas, versus otras de varios millones de colones.

“Con el mayor respeto me presento ante a ustedes con una única finalidad abogar por el fin de las pensiones de lujo. Lo hago respaldado en razones jurídicas, financieras, técnicas y éticas. Lo hago en representación de millones de costarricenses que no aceptan la permanencia de este tipo de pensiones cuando muchas familias la están pasando mal”, dijo al iniciar su intervención ante los magistrados y los accionantes.

En su defensa, el jefe de Estado argumentó que los artículos 50 y 64 de la Constitución Política obligan al Estado a velar por el “mayor beneficio de todos los habitantes del país”, de ahí, la adopción de acciones que estimulen la producción y propicien una adecuada distribución de la riqueza y por consiguiente contribuyan a la paz social.

PROCURADOR LO AVALA

Para Julio Jurado, procurador general de la República, aprobar y establecer un tope a las pensiones altas en curso no es ilegal.

Por ello, en calidad de órgano asesor objetivo de la Sala Constitucional, Jurado recomendó a los magistrados rechazar la acción de inconstitucional contra la Ley 7.858, la directriz MTSS-012-2014 y la resolución MTSS 010-2012, por considerar que sí cumplen con los principios constitucionales. Sostuvo además que existe jurisprudencia e informes que señalan que sí se pueden aplicar topes a las pensiones cuando se trata de garantizar el derecho a los pensionados y darle sostenibilidad al sistema en procura de cubrir el pago a los beneficiarios actuales y futuros.

“Sostenemos que la imposición de un monto tope está basada en las leyes y en un fin público, que es el darle sostenibilidad al sistema de pensiones”, aseveró Jurado.

Agregó que la disminución forma parte del elemento dinámico y, por consiguiente, no es un derecho adquirido.

Por su parte, en su intervención, Luis Paulino Mora, director de la Dirección Nacional de Pensiones; detalló a los magistrados que la aplicación de las normas aprobadas en el 2014 implica un ahorro de ¢52.000 millones al año, que es equivalente al 5,5% del presupuesto anual de pensiones con cargo al presupuesto nacional cuyo total, para el 2019, es de ¢1 billón.

¢12 MIL MILLONES

A la mitad de la primera parte de la comparecencia, se hizo presente el jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Víctor Morales, quien impulsó hace cuatro años en su calidad de ministro de Trabajo, las directrices que detonaron la acción de inconstitucionalidad.

“Si la Sala resuelve rechazando esas acciones de inconstitucionalidad, el Ministerio podría de inmediato volver a aplicar esa directriz. Las estimaciones que hacíamos en ese momento (2014) es que Hacienda se estaría dejando de pagar ¢12 mil millones por año, imagínense lo que hubiésemos podido hacer en estos cuatro años”, dijo Morales.

Tras escuchar a las partes, hacer las preguntas y los requerimientos de información técnica correspondientes, los magistrados tienen un mes para emitir una respuesta a la acción de inconstitucional presentado desde el 2014.






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