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Roxana Baldetti tendrá que pagar honorarios a la Defensa Pública Penal




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El haber sido –o ser– representada por abogados del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) en audiencias del caso La Línea debido a las renuncias de los que ella contrató, significará para Ingrid Roxana Baldetti Elías tener que pagar los honorarios respectivos conforme el estudio socioeconómico efectuado por dicha institución, se dio a conocer oficialmente hoy.

El informe practicado confirma que la ex Vicepresidenta de la República (2012-2015) cuenta con la capacidad para afrontar la responsabilidad, ya que posee inmuebles registrados a su nombre y que acreditan la garantía de poder pagarle, por ejemplo, a un defensor particular. Hace algún tiempo el juez instructor de la causa penal ordenó al IDPP la designación de un letrado del Estado porque el titular se retiró.

En varias oportunidades –y durante distintas diligencias ya que enfrenta al menos tres acusaciones más por corrupción administrativa durante el régimen patriota–, Baldetti Elías ha negado tener capacidad de pago por sus defensores, ya que las cuentas bancarias y bienes le han sido confiscados por el Estado, pero ahora el IDPP le cobrará con base a una tabla de gradación de propiedades disponibles.

Condenada

Fue la madrugada de ayer cuando el Tribunal C de Mayor Riesgo le impuso 15 años y seis meses de prisión inconmutable al hallarla culpable de los cargos de fraude, asociación ilícita y tráfico de influencias en el debate oral y público por el expediente AMSA –dos contratos firmados con M. Tarcic Engineering, la empresa israelí que vendió el “agua mágica” para descontaminar el lago de Amatitlán–.

Los jueces Pablo Xitumul, Eva Marina Recinos y Elvis David Hernández calificaron a diez de los 13 implicados como “funcionarios sin escrúpulos”, al buscar enriquecerse con fondos del Estado mediante la corrupción e impunidad. El argumento para imponer las penas consistió en que se pagaron más de Q22 millones 830 mil por una fórmula “salvadora” que no sirvió para nada.

A lo largo del proceso se insistió que, según los resultados de minuciosos exámenes de laboratorio en universidades, se estableció que su contenido era de cloro, sal y agua oxigenada, aparte de que violaron diversidad de leyes al no cumplir con practicar Estudios de Impacto Ambiental y registros sanitarios, entre otras normativas.





























elperiodico

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