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Sánchez desautoriza de nuevo a Delgado con los aforamientos


Nati Villanueva
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MadridActualizado:

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La cortina de humo lanzada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el anuncio de la supresión de los aforamientos ha supuesto algo más que abrir la veda a las críticas por sus continuas rectificaciones, teniendo en cuenta que primero habló de «eliminarlos» y cuatro días después pasó la pelota al Consejo de Estado para que primero informara. El movimiento de Sánchez para eclipsar los plagios de su tesis –destapados por ABC– es una desautorización en toda regla a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, quien, tras su papel en el caso Llarena y la investigación de las citas del excomisario Villarejo, no está atravesando sus mejores semanas en el Ministerio.

Días antes de que Sánchez lanzara, el pasado lunes, el anuncio estrella de esta semana, la titular de Justicia ya había encargado a la Sección Procesal de la Comisión General de Codificación, órgano asesor del Ministerio en materia legislativa, el estudio de la «regulación del aforamiento en España, al objeto de mantener solo aquéllos que, de manera excepcional, sean indispensables». La orden firmada el viernes 14 de septiembre por Delgado, ponía fecha, además, a la entrega de ese estudio: el 30 de noviembre. Nada se dijo a estos asesores sobre la reforma de la Carta Magna.

Aunque en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, no dio plazo para que el Consejo de Estado elabore su «propuesta de reforma limitada de la Constitución para acotar el aforamiento», sí señaló que el Ejecutivo espera que pueda ser aprobado y tramitado en 60 días. Es decir, cuando la norma esté aprobada el Ministerio de Justicia no tendrá en sus manos ni siquiera ese primer informe.

El caso Llarena

No es la primera vez que el presidente del Gobierno rectifica o directamente obvia las actuaciones del Ministerio de Justicia. Delgado ya fue desautorizada con motivo de la demanda civil presentada por Puigdemont en Bélgica contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. La ministra había supeditado la personación de España en esa causa a que el juez belga cuestionara la soberanía jurisdiccional de nuestro país y no a las declaraciones «de carácter privado» del instructor del 1-O. Tres días después, y desde Moncloa, Pedro Sánchez corregía a su ministra y aseguraba que España defendería su inmunidad judicial y a Llarena «hasta las últimas consecuencias».

Lejos de hacer autocrítica, Delgado buscó culpables dentro del Ministerio por que hubiera trascendido que decidió dejar solo al juez con el criterio en contra de la Abogacía del Estado. El clima de tensión que se generó esos días en su departamento fue enorme, y tampoco contribuyó a mitigarlo fuera su elección de asesores en materia de justicia universal, entre los que se encuentra José Ricardo de Prada, el ponente de la sentencia de Gürtel que propició la moción de censura, o personas muy próximas al juez inhabilitado Baltasar Garzón, como Miguel Vergara, miembro de su despacho profesional.

Tres matizaciones en 48 horas

Ha sido precisamente su estrecha relación con Garzón y las amistades de ambos las que han hecho que el nombre de Delgado sobrevuele una pieza secreta en la que se investiga al excomisario Villarejo. Ante la aparición de distintas informaciones que la vinculaban con el policía por su posible mediación en una extradición en la Audiencia Nacional, la ministra se desdijo tres veces en solo 48 horas sobre su relación con el excomisario: primero dijo que nunca ha tenido con él «relación de ningún tipo». Una hora y media más tarde, que no habían tenido «ninguna relación profesional con ningún asunto que él llevara». Y al día siguiente, que la relación no era personal ni profesional pero que podían haber coincidido «en algún evento».

Como en el caso Llarena, para ella la culpa volvía a ser del mensajero, por lo que esta misma semana postergó a su director de comunicación como había hecho dos semanas antes con su jefa de prensa.



abc

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