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Venezuela: la red de exfuncionarios chavistas acusada de desfalcar US$1.200 millones a la petrolera estatal PDVSA y lavar dinero con propiedades en Miami


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La supuesta red malversaba fondos de PDVSA y lavaba el dinero en propiedades de Miami.

La trama de esta historia de supuestos sobornos, desfalco y fraude comienza en Venezuela y termina en Miami.

Salpica a ciudadanos de varios países, bancos, firmas de abogados y empresas de inversión inmobiliaria que, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, participaron en “un esquema internacional” para lavar fondos malversados de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

¿El destino? Bienes raíces en Miami, que eran adquiridos como resultado de “complejos esquemas de falsas inversiones“.

Y algunos de los presuntos implicados ya han comenzado a caer.

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Las autoridades de Estados Unidos anunciaron este miércoles la detención en Miami y en Sicilia, Italia, de dos personas acusadas de “conspirar” para participar en esta trama: el alemán-venezolano Matthias Krull —un banquero de 44 años residente en Panamá— y el colombiano Gustavo Adolfo Hernández Frieri, de 45.

Pero no son los únicos.

En los documentos de la corte a los que tuvo acceso BBC Mundo se mencionan otros nueve “co-conspiradores no identificados” y se identifica a otros seis acusados, algunos de ellos exfuncionarios del gobierno de Venezuela o de la petrolera estatal.

Entre ellos, la justicia estadounidense apunta a Carmelo Urdaneta Aqui, quien fuera asesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela; y a Abraham Edgardo Ortega, exdirector ejecutivo de finanzas de PDVSA.

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Según la Justicia estadounidense, con el dinero malversado se compraban propiedades en Miami.

Los otros miembros de la red que se encuentran “prófugos”, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, son los venezolanos Francisco Convit Guruceaga y José Vincente Amparan Croquer; el portugués Hugo Andre Ramalho Gois y el uruguayo Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara.

Muchos de ellos son definidos por la Justicia estadounidense como “boliburgeses”, el término que se usa en Venezuela para referirse a personas que se han enriquecido al amparo del chavismo.

El gobierno venezolano no respondió hasta el momento a las acusaciones o a la presunta implicación de sus exfuncionarios en esta red.

Pero ¿en qué consistía la supuesta trama que investigó Estados Unidos por más de dos años bajo el nombre “Operación Lavado de Dinero”?

La trama

Según refleja la demanda penal, la “conspiración” comenzó en diciembre de 2014 con un plan diseñado para malversar alrededor de US$600 millones de PDVSA obtenidos a través de soborno y fraude.

La Corte señala que los acusados se aprovecharon de “tipo del cambio preferencial otorgado a funcionarios del gobierno venezolano” para acumular millones de dólares y luego blanquearlos a través de la compra de propiedades en Miami.

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Los documentos de la fiscalía estadounidense indican que la diferencia entre este tipo de cambio y el precio del dólar en el mercado negro venezolano en 2014 era de 10-1, lo que les permitía comprar US$100 millones pagando US$10 millones.

Y si en un inicio, señala el texto de la corte, la red se proponía cambiar solo US$600 millones, un año después ya habían doblado esta cifra y el monto ascendía a unos US$1.2000 millones.

Las empresas

En el centro de la acusación de la fiscalía se encuentra la firma Derwick Associates, una empresa venezolana de ingeniería especializada en la construcción de plantas de generación de electricidad que ha sido acusada de sobornar para recibir licitaciones de proyectos.

Pero no es la única compañía señalada.

Según la fiscalía, en Miami cooperaban otras dos empresas inversoras: Global Security Advisors y Global Strategic Investments. Ambas, supuestamente, se encargaron de las operaciones de lavado de dinero a través de inversiones falsas en fondos mutuales.

Las operaciones fraudulentas se extendieron y crecieron hasta que uno de los implicados dio aviso a las autoridades estadounidenses.

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Los fondos eran malversados, supuestamente, de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

Hace dos años, una “fuente confidencial se acercó a la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional” con respecto a unos US$90 millones que había recibido “como parte de un contrato de préstamo con PDVSA”, apunta la fiscalía.

Según el documento, el informante “estaba involucrado en una conspiración de lavado de dinero y quería entregarlo y cooperar”.

Fue el inicio del fin de la red. Pero, según las autoridades, el caso destapó también una nueva arista de la oscura trama del mercado de las inversiones inmobiliarias en Miami y su presunta conexión con “dinero sucio” de Venezuela.

La lavadora de Miami

La fiscalía afirmó que las investigaciones revelaron “sofisticados esquemas de inversiones falsas para lavar cientos de millones de dólares estadounidenses” a través de una táctica: la compra de propiedades inmobiliarias en Miami.

Desde hace décadas, muchos consideran a esta ciudad estadounidense como un destino de dineros ilícitos procedentes, en muchas ocasiones, de América Latina.

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Y una fórmula clásica para el lavado de dinero es la compra de viviendas, muchas veces usando mecanismos legales para ocultar la identidad del comprador.

El estado de Florida “se ha convertido en un centro internacional de lavado de dinero y en un destino deseable para prósperos criminales“, afirma el texto de la fiscalía estadounidense.

“El estado de la crisis social, política y económica de Venezuela, a través de la cual prosperan ecosistemas corruptos de miles de millones de dólares, alimenta un río de fondos criminales que pasa por el sur de Florida”, añade.

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Muchos venezolanos han invertido en propiedades en Miami en los últimos años.

Una evaluación de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios estimó que, solo durante 2015, ciudadanos extranjeros compraron en Miami 10.600 viviendas por un valor total de cerca de US$6.100 millones.

El mismo estudio revela que cuatro de los cinco principales países de origen de los compradores fueron latinoamericanos: Venezuela, Brasil, Argentina y Colombia. El 13% de los compradores internacionales en 2015 procedían del primer país.

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