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Con el general Montoya, la JEP se legitima pero también se pone a prueba


La presentación ante la JEP del ex comandante del Ejército, general Mario Montoya, es un espaldarazo a una justicia transicional que ha sido criticada por el uribismo y la derecha de supuestamente estar montada para condenar militares y exonerar ex guerrilleros, hasta el punto de pedir que se cree una sala especial que juzgue a los uniformados.

Lo que ocurra ahora con ese caso puede fortalecer a la JEP o reforzar esas críticas (sobre todo si Montoya termina condenado de forma fuerte y con sustentos débiles, y los guerrilleros no) o las que dicen que esa justicia no va a ser capaz de evacuar los delitos más graves cometidos durante el conflicto (si el caso de Montoya no avanza a pesar de que la Fiscalía tiene pruebas suficientes para imputarlo desde hace dos años).

Por eso, con este caso la JEP se juega su legitimidad a futuro.

Montoya, la pieza clave

El general Mario Montoya comandó la Cuarta Brigada en Antioquia entre 2001 y 2003, cuando ésta lideró dos de las operaciones claves para derrotar a las Farc en el departamento.

 

La ‘Operación Mariscal’, en mayo de 2002 en la Comuna 13 de Medellín, que golpeó el refugio que tenían allí las milicias de la guerrilla, y la ‘Operación Orión’, que fue en octubre de ese mismo año, tenía el mismo objetivo de la ‘Mariscal’ y resultó más exitosa porque Montoya logró el control total de la Comuna 13. Pero a la vez fue la más cuestionada.

Mientras por ‘Mariscal’ la Procuraduría le abrió un proceso disciplinario por omisión, allanamientos ilegales y posibles violaciones a los derechos humanos, por ‘Orión’ está en problemas penales.

Como señala el informe ‘La huella invisible de la guerra’ del Centro de Memoria Histórica, “de acuerdo con las declaraciones de Don Berna (que controlaba el frente paramilitar Cacique Nutibara que prácticamente manejó desde entonces esa Comuna), en esta operación hubo participación de paramilitares que habían realizado un trabajo previo de inteligencia y acompañaban a las autoridades en sus labores de allanamiento y captura de supuestos colaboradores de la guerrilla”. Esa versión coincide con las denuncias de habitantes del barrio en ese momento.

En febrero de 2006 el entonces presidente Álvaro Uribe lo nombró comandante del Ejército, donde lo mantuvo hasta noviembre de 2008 cuando renunció después de que el entonces Presidente sacó a 27 militares por el escándalo de los falsos positivos de jóvenes de Soacha que fueron reportados como guerrilleros muertos en combate en Ocaña, Norte de Santander.

Para Uribe, Montoya era un general importante para su política de ‘seguridad democrática’ porque era de la línea dura de los militares.

Su salida del Ejército fue con tan buen tono que en 2009 lo nombró embajador ante República Dominicana, donde estuvo hasta 2011 a pesar de que los líos penales empezaron a crecer.

En 2009 la Fiscalía le abrió investigación preliminar por las declaraciones de ‘Don Berna’ y en 2011 alias ‘El Tuso Sierra’ lo acusó de pertenecer a la nómina de la ‘Oficina de Envigado’, el centro de cobros del narcotráfico en Antioquia.

Dos meses después de eso renunció a la embajada y en enero de 2012 la Fiscalía lo llamó a indagatoria para que aclarara sus supuestos vínculos con paramilitares. En marzo de 2016 le pidió a la Corte Suprema fecha para imputarle cargos, como lo contó La Silla,  por línea de mando en siete “falsos positivos” cometidos durante febrero de 2006 y noviembre de 2008 en las siete divisiones que tiene el Ejército en todo el país y que cobijan a diez víctimas.

Según le dijo a La Silla un vocero de la Fiscalía cuando hicimos esa historia, tenían unos oficios en los que Montoya reclama a las divisiones resultados en términos de bajas desconociendo alertas que simultáneamente estaban haciendo ONG y Naciones Unidas sobre la ocurrencia de falsos positivos. Y uno de los casos, además, era una de las víctimas del escándalo de los jóvenes de Soacha que terminó con la renuncia de Montoya a la comandancia y que desató el escándalo de esos delitos.

Aunque dos meses después un fiscal delegado ante la Corte Suprema suspendió la imputación bajo el argumento de que estudiaría nuevas pruebas presentadas por la defensa del exoficial, La Silla supo que la Fiscalía ya tenía listo el dossier para agendar de nuevo la diligencia en mayo de 2016, pero como lo contamos en junio de ese año la volvieron a suspender. 

Seguramente toda esa información hace parte del informe que la Fiscalía le entregó este lunes a la JEP sobre falsos positivos. Uno de los primeros (junto con el de reclutamiento de menores) de los que debe presentar la Fiscalía, según dice el Acuerdo, sobre los crímenes cometidos por las Farc y los agentes del Estado.

Justo el día después de la entrega de ese informe, Montoya decidió comparecer ante la JEP. Una decisión que puede ser leída de muchas formas y que supone varios retos para este sistema de justicia.

Los retos

Que un ex oficial estrella de Uribe haya decidido ir a la JEP, “es una oportunidad para que ésta muestre que no está en contra de los militares. Ya lo empezó a mostrar moviéndose con las Farc y así puede llegar a funcionar para lo que fue diseñada: como el cierre jurídico global del conflicto”, dijo a La Silla el jurista Rodrigo Uprimny.

Al mismo tiempo, que Montoya haya escogido este camino también muestra que el artículo que logró meter el uribismo en la ley de procedimiento de la JEP, no es un ‘caramelo’ para muchos militares.

El artículo dice que los uniformados no están obligados a sujetarse a la JEP sino cuando se cree una ley de procedimiento especial para ellos, para lo cual le da 18 meses al Gobierno y al Congreso. Mientras tanto sus procesos en la justicia ordinaria quedan suspendidos.

Pero Montoya igual se presentó lo que, para cuatro fuentes expertas consultadas por La Silla, solo se puede entender como una forma de evitar quedar en la mira de la Corte Penal Internacional, CPI.

Eso porque la fiscal de esa Corte, Fatou Bensouda, ha dicho varias veces que si la justicia colombiana no actúa con firmeza en los casos de delitos sexuales y de falsos positivos, su oficina pediría a los jueces de la CPI abrir una investigación formal.

Como Bensouda termina su periodo en noviembre de este año, solo le quedan cuatro meses para actuar y, además, para complir la vieja meta de “desafricanizar” una corte internacional que hasta ahora solo ha actuado contra regímenes de ese continente.

Pero con un ex comandante del Ejército tan simbólico como Montoya aceptando que la JEP es la competente para procesarlo, los argumentos para decir que la justicia colombiana no actúa contra los militares pueden resultar más débiles, y así ayudar a evitar que la CPI se meta al caso colombiano, o por lo menos que incluya el suyo en una eventual investigación.

Además, puede apostarle a que o la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP no construya un caso fuerte contra él o a que, si en 18 meses se crea una sala especial para los militares cuyos magistrados sean más afines a los militares, como quiere el uribismo, termine siendo juzgado por ellos.

Como le decía a La Silla una de las fuentes, “es mejor tener la opción a no tenerla y arriesgarse a un procedimiento que no se sabe todavía en qué va a consistir”.

Eso, sin contar con que acogerse a la JEP tiene unos beneficios que se armaron en el Acuerdo con las Farc para incentivar a que los responsables lleguen a ella y contribuyan a la verdad y la reparación de las víctimas.

El caso de Montoya en este momento está en manos de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que es la que tiene que establecer si su caso tiene una relación con el conflicto armado.

Si se establece que sí es conexo, que en el caso de Montoya es evidente dado que la presión por bajas que produjo los llamados “falsos positivos” venía del afán de mostrar resultados de la política de Seguridad Democrática contra la guerrilla, la JEP llamará a declarar.

Si llega a reconocer su responsabilidad y cuenta toda la verdad, tendría una pena alternativa de entre 5 a 8 años que no implicaría necesariamente cárcel sino otras actividades más reparadoras para las víctimas.

Si mantiene su defensa de que no tuvo nada que ver con estas ejecuciones, cosa que desde ya es previsible porque su abogado Andrés Garzón dijo ayer que el general no tiene responsabilidad en los falsos positivos,  su caso pasará a la Unidad de Investigación y Acusación que analizará la evidencia de la Fiscalía, la que presenten las organizaciones de víctimas y las que busque por su cuenta, y con base en eso decidirá si archiva su caso por falta de evidencia o evidencia a su favor o si lo acusa.

Si la JEP decide lo primero, el caso contra el General quedará cerrado también en la justicia ordinaria. Si lo acusa, Montoya podría reconocer su responsabilidad y obtener una pena de prisión de máximo ocho años o no hacer y terminar absuelto o condenado a 20 máximo años de cárcel.

Eso, en cualquier caso, es mejor que 40 años de cárcel en la justicia ordinaria, que es lo mínimo a lo que se expone terminar condenado si no es absuelto.

Lo que se viene en la JEP

Con la decisión de Montoya y el informe de la Fiscalía sobre falsos positivos en sus manos, a la JEP se le viene encima contrastar esa información, sumarle la que ella misma produzca y la que le aporten grupos de víctimas, una tarea que puede tardar meses y para la que no hay antecedentes.

Ya con Montoya aceptando que sea ella quien lo procese, esa demora tendrá un peso adicional: el de tener en sus manos a un símbolo del escándalo de los falsos positivos, uno de los más fuertes en la degradación del conflicto del lado del Estado.

En el peor de los escenarios, la Unidad de Investigación y Acusación puede concluir que no tiene pruebas suficientes para acusar al general, con lo cual se arriesga a perder credibilidad en un caso muy emblemático, y más cuando la Fiscalía ya estaba a punto de imputarlo.

Además, cualquier decisión que tome probablemente sea una de las primeras de la JEP, con lo que será clave en sentar jurisprudencia sobre puntos que se puedan repetir en otros casos.

Por ejemplo, seguramente abrirá el debate sobre la responsabilidad producto de tener mando sobre quienes cometieron delitos graves y sistemáticos en el conflicto, dependiendo de las pruebas exactas que haya contra Montoya.

Y su decisión y la forma de llegar a ella también será comparada con lo que ocurra con antiguos jefes guerrilleros por crímenes como el reclutamiento de menores o el secuestro, reforzando o debilitando las críticas a la JEP, y dándole más o menos fuerza a la verdad judicial sobre el conflicto que vaya surgiendo de ella y que, sumada a las conclusiones de la Comisión de la Verdad, probablemente sea uno de los campos de puja sobre la verdad histórica del conflicto.

Por eso lo que pase de aquí en adelante con el general Montoya va a marcar una línea sobre cómo pasará a la historia el gobierno Uribe, en la justicia transicional y en la narrativa histórica que ésta ayudará a definir.




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