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Mesa entrega quinto memorial a la Fiscalía; denuncia deficiente rol de la Procuraduría



A cinco días de que la Fiscalía General decida si corre o no una demanda de juicio de responsabilidades en contra de Carlos Mesa por el caso Quiborax, el expresidente entregó este jueves un quinto memorial para pedir a esa instancia judicial que rechace la proposición acusatoria. Esta vez apuntó su artillería al supuesto “deficiente” rol de la Procuraduría, y su titular, Pablo Menacho, en ese y otros casos para defender los intereses del Estado.

“Si la Procuraduría General del Estado no alcanza resultados positivos en la defensa judicial de Bolivia en los arbitrajes internacionales no está cumpliendo con su rol y misión constitucional, pone en entredicho la razón de su existencia, y se convierte en una institución administradora de gastos judiciales y de negociaciones discrecionales con las empresas demandantes, carentes de eficiencia, objetividad y transparencia”, se lee en el documento.

Mesa hace un recuento de varias “irregularidades” de la defensa en este caso que, según él, culminaron en la pérdida del arbitraje y el laudo que determinó que Bolivia pague $us 42,6 millones a la transnacional chilena.

Hace referencia a la auditoría jurídica que encargó el Gobierno en 2016 sobre las “graves irregularidades” de la defensa de Bolivia en este juicio internacional, entre ellas la filtración de información reservada sobre un proceso judicial en contra de un socio de Quiborax, donde está involucrada una funcionaria de la Procuraduría.

Con ese indicio, que a decir del exmandatario fue advertido por Menacho en un informe, Quiborax denunció a Bolivia por el control que tenía la Procuraduría sobre el Órgano Judicial del país, un extremo que generó, según Mesa, en gran parte la dureza del fallo.

“Constituiría una verdadera aberración jurídica que su autoridad acepte la Proposición Acusatoria (…) si en la conclusión de la auditoría ordenada por el Órgano Ejecutivo, se establecerían indicios de responsabilidad penal de estos u otros funcionarios por la mala defensa de Bolivia en este arbitraje, generadora del daño económico al Estado”, destacó.

Asimismo, afirma que “queda demostrado que la base jurídica de la defensa de Bolivia en este proceso arbitral consistía en que las inversiones de NMM y Quiborax eran ilegales y no calificaban” en los acuerdos internacionales, por tanto eran ilegales.

Por ello echa mano del laudo arbitral que, según se lee en el documento, “no invocó las cláusulas de denegación de beneficios” donde los elementos de la ilegalidad en la adquisición de las concesiones y la inversión eran determinantes, apuntó.

Los ministros de Héctor Arce y César Navarro, de Justicia y Transparencia y Minería y Metalurgia, respectivamente, fueron interpelados por este asunto en el Legislativo el miércoles a pedido del oficialismo.

En su intervención, apuntaron a Mesa por la responsabilidad del arbitraje. Lo acusaron de no cumplir con la normativa para revertir las concesiones Quiborax del país, no atender los pedidos de conciliación y obviar dos informes de su propio gobierno que no recomendaban la expulsión de la firma. (05/07/2018)


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