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Diario Extra – Presidente confía en cambios a ley de justicia restaurativa


Pese a la solicitud de veto por parte del Instituto de Victimología de Costa Rica y de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Ministerio Público, este lunes Carlos Alvarado, presidente de la República, firmó la ley número 9582 denominada “Ley de Justicia Restaurativa”.

Según el Mandatario, dicha decisión la tomaron pese a conocer precisamente las preocupaciones de la Fiscalía General de la República y las otros dos organismos ya mencionados. 

Según el presidente Alvarado, la firma consiste en un voto de confianza a los diputados, quienes en días pasados se comprometieron a enmendar las inquietudes.

Entre las preocupaciones destacan la afectación a las mujeres víctimas de violencia y al presupuesto dedicado a esta población que hoy se brinda para atención psicológica y social.

En específico, también se genera inquietud en Zapote porque la iniciativa provoca que dicho presupuesto, de unos ¢300 millones, se use para que la nueva unidad de justicia restaurativa contrate personal y compre vehículos.

“Demos una oportunidad al diálogo entre los Poderes de la República para superar los aspectos que deben mejorarse en esta importante legislación y asegurarnos el interés público con la exitosa aplicación de la Justicia Restaurativa”, manifestó Alvarado por medio de un boletín a la prensa.

En otras palabras, en Zapote confían que los diputados se sienten a reformar la recién aprobada ley, que llevaba más de 6 años en la corriente legislativa.

Para ello, Alvarado dirigió una nota a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Carolina Hidalgo, mediante la que espera una pronta reforma, que permita eliminar los defectos de la ley sin poner en riesgo la vigencia del mecanismo de Justicia Restaurativa.

“Aunque se podría plantear un veto por las observaciones señaladas, se optó por la vía de la sanción ante las manifestaciones de buena fe de los diputados en pro de reformar la norma”, añadió el Presidente.

En resumen, la recién firmada ley permite evitar la cárcel en ciertos casos.

Para ello, el infractor debe cumplir una serie de requisitos: cometer el delito por primera vez, que no exista violencia sobre las personas, ni fuerza sobre las cosas, para delitos con sanciones menores a tres años de prisión y un juez de Justicia Restaurativa tiene que brindar su aval.

En ese sentido, la persona que cometa el delito deberá resarcir a la víctima y a la sociedad, por ejemplo, con trabajos comunitarios.

La iniciativa también busca evitar que estas personas caigan en un círculo vicioso como son las cárceles y separar a los delincuentes de delitos comunes de otros criminales como los provenientes del narcotráfico o el crimen organizado, de manera que su adaptación a la comunidad sea más fácil.



diarioextra

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