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¿Qué es lo que en México llaman la Estafa Maestra, la investigación que revela la “pérdida” de US$450 millones del erario público?


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Las acusaciones de corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto han golpeado al candidato oficialista José Antonio Meade.

En el primer debate de la elección presidencial de México, el candidato oficialista José Antonio Meade aseguró que en su gobierno “no habrá estafas maestras”.

El comentario llamó la atención de muchos, porque se refiere a un escándalo de corrupción en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Meade ocupó dos secretarías en esa administración, Desarrollo Social (Sedesol) y Hacienda.

Por eso el asombro. La Estafa maestra” es el nombre de una investigación periodística que reveló el uso irregular y desvío de al menos 7.600 millones de pesos.

Unos US$450 millones de los que no se conoce el destino.

El tema marcó la actual contienda para elegir a un nuevo presidente de México, pues la corrupción es uno de los problemas que más se menciona en la campaña de los cinco candidatos presidenciales.

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Y en el caso de Meade, postulado por la coalición Todos por México, el tema es particularmente sensible pues durante el tiempo en que fue secretario de Desarrollo Social se documentaron presuntos desvíos de recursos de una manera similar a la que documentó la investigación periodística.

Es, coinciden especialistas, una de las razones de por qué no puede abandonar el tercer lugar en las encuestas electorales.

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Cómo combatir la corrupción ha sido uno de los temas centrales de las campañas por la presidencia de 2018.

Pero más allá de la disputa política, la Estafa maestra reveló algunas de las estrategias como se lleva a cabo la corrupción en México.

Un modus operandi con varios años en marcha, y que no se ha visto de esa manera en otros países.

Las claves de la Estafa Maestra

La investigación de la Estafa maestra fue realizada por el portal de noticias Animal Político y la organización Mexicanos contra la corrupción y la impunidad (MCCI). Se publicó en septiembre de 2017.

El origen fue el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre las cuentas públicas del gobierno federal en 2013 y 2014.

La ASF es el órgano del Congreso responsable de vigilar el uso del presupuesto federal, que se aplica también en gobiernos municipales y estatales.

La investigación encontró que en al menos once dependencias como las secretarías de Desarrollo Social, Comunicaciones y Transportes; el Banco Nacional de Obras o Petróleos Mexicanos se asignaron contratos de forma irregular para la realización de servicios.

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Los escándalos de corrupción han atado al candidato oficialista José Antonio Meade al tercer sitio de las encuestas.

En algunos casos los contratos no se cumplieron, y en otros el costo real fue menor al presupuesto asignado originalmente.

También documentó el camino y la estrategia para esconder el destino final de los recursos públicos.

“Ayuda” universitaria

Uno de los modus operandi de la corrupción que revela la Estafa maestra es el uso de universidades públicas para desviar recursos.

Y para concretarlo se aprovecha “un resquicio” en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, explica a BBC Mundo Daniel Moreno, director de Animal Político.

La legislación regula las compras y servicios que adquiere el gobierno federal.

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Uno de sus artículos permite asignar contratos de manera directa, sin licitación o concurso, a dependencias públicas como las universidades.

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El portal Animal Político publicó el reportaje de “La Estafa Maestra” en 2017.

La ruta, entonces, es la siguiente: se contrata a estas dependencias educativas para que realicen algún servicio para el que no están capacitadas o no tienen personal para desarrollarlo.

Así, las universidades se ven obligadas a subcontratar a una o varias empresas que tampoco pueden hacer el trabajo.

Entonces piden los servicios de otra y así hasta llegar a la que realmente tiene la capacidad de cumplir.

Pero lo hace a un precio menor al original, a veces equivalente al 10% de los recursos asignados.

En la investigación de la Estafa maestra, Animal Político encontró “casos donde se repitió hasta ocho veces esos pasos, y en todos cada empresa se queda con una parte del dinero”, cuenta Moreno.

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La universidad que recibe el contrato original también se beneficia.

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El candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador promete acabar con la corrupción.

“Como permanentemente tienen crisis de recursos lo reciben porque les significa una ganancia. Sin embargo se los dan a cambio de hacer servicios que las universidades no pueden dar no están preparados para ello, esa es la trampa central”, añade.

De esta manera, según la ASF, en 2015 se extraviaron 540 millones de pesos, unos US$30 millones de la Sedesol. Ese año los secretarios eran Rosario Robles primero, y José Antonio Meade después.

El ahora candidato presidencial niega haber cometido las irregularidades que señala la auditoría. Pero sus adversarios le recuerdan el tema con frecuencia.

Fantasmas millonarios

Otro forma en que opera la corrupción es entregar contratos de manera directa a empresas “fantasma”.

Quienes lo hacen, aprovechan que el sistema electrónico para realizar compras o arrendar servicios del gobierno, llamado Compranet, sólo registra algunos datos de las empresas contratadas.

Es información como el domicilio de la compañía, representante legal, datos fiscales y la actividad que realiza, por ejemplo.

Pero no va más allá, explica Max Kaiser, director anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), un organismo civil que analiza el gasto público.

“La plataforma no permite verificar cosas como quienes son los socios de la empresa que se contrata, cuál es el beneficiario final, quién ejecuta los trabajos y si los hace bien”, dice a BBC Mundo.

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Los escándalos de corrupción son más frecuentes en los gobiernos locales de México.

Cuando la ASF investiga suele encontrar que el domicilio reportado por las empresas son en realidad casas particulares en barrios populares. Incluso se han encontrado cabañas o chozas en comunidades rurales.

Otra parte de este modus operandi es pagar a empleados, amas de casa o campesinos para que acepten firmar como representantes legales.

Y en ocasiones lo piden como favor personal, como documentó la investigación periodística: algunos de los supuestos empresarios eran choferes o empleados de despachos contables, por ejemplo.

Legalmente ante las autoridades estas personas son millonarias. Pero en realidad, muchas veces viven en pobreza.

Impunidad

Otro dato que revela la investigación periodística es que muy pocos casos de desvío de recursos públicos son castigados, coinciden Moreno y Kaiser.

Hay varias razones: porque muchas de las empresas por donde se conoce que pasó el dinero no existen o los responsables prácticamente desaparecen.

En los casos donde se localiza a algún presunto empresario resulta que no tiene idea del tema ni, mucho menos, cuenta con los recursos públicos desviados.

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El presidente Enrique Peña Nieto concluye este año su gobierno con niveles de aprobación bajos, en parte debido a los problemas de corrupción en su administración.

Y un tercero es “el pobre sistema de control y vigilancia que tenemos en México”, recuerda el investigador del IMCO.

Por ejemplo en el actual gobierno la Secretaría de la Función Pública (SFP) estuvo casi tres años sin responsable.

Cuando se designó a uno, Virgilio Andrade, fue removido en poco tiempo debido al escándalo de la compra de una mansión de US$7 millones por la familia del presidente.

El caso se conoce como “La Casa Blanca”.

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Pero además la mayoría de las demandas judiciales que presenta la ASF no son investigadas, afirma Daniel Moreno.

“Cuando revisas las decenas, cientos de denuncias penales que ha presentado la Auditoría encuentras que menos del 10% es realmente investigada, el resto literalmente se sepulta”.

El resultado final es impunidad. Y perder mucho dinero.

Hasta ahora ni la ASF, la Secretaría de Hacienda o la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR) han encontrado el destino final de los US$450 millones.

“Una hipótesis es que el dinero se usa en campañas electorales, no hay pruebas” porque las empresas a las que se ha logrado contactar “se niegan a transparentar el uso de los recursos”.

Legalmente sólo están obligadas a hacerlo ante Hacienda, pero no se sabe si la secretaría solicitó esa información.

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