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Tarifazo: Ahorro fiscal con alto costo social y político


El “sinceramiento” de tarifas es tal vez la política más efectiva en términos técnicos que viene impulsando el Gobierno nacional, pero también una de las que mayor impacto social negativo genera en el país, lo que se traduce en costo político difícil de asumir. Sin suba de tarifas, la Nación no hubiera conseguido reducir prácticamente nada su déficit fiscal primario y la macroeconomía estaría mucho más distorsionada de lo que ya está. Sólo en 2017, la reducción de subsidios le permitió ahorrar a la administración Macri casi 80 mil millones de pesos, de allí que el ministro de Energía José Aranguren siga en su cargo a pesar de los tropiezos mediáticos que protagonizó.

Pero lo que es ahorro para el Gobierno es lo contrario para la gente. Para tener idea de la magnitud de impacto social de esta política del Gobierno nacional vale citar un informe de la consultora Cifra que señala que en 2015 un asalariado registrado privado promedio de Buenos Aires destinaba 1,4 por ciento de sus ingresos a las facturas de gas y luz, en 2016 ese porcentaje pasó a 3,7, el año pasado fue de 4,6 por ciento y en abril de 2018 se disparó a 7,4 por ciento.

Como consecuencia se produce una transferencia enorme de recursos de los trabajadores a las empresas del rubro –las más grandes en manos de multinacionales- y se reduce la capacidad de consumo de los asalariados, ya golpeada por una inflación que supera a los aumentos de sueldos.

Atentos a la disconformidad que genera esta política, la oposición ataca al Gobierno e incluso los aliados que integran Cambiemos se animan a formular cuestionamientos. Pero los 80 mil millones de ahorro son argumento más que suficiente para que Macri y su equipo defiendan a muerte el sinceramiento y se muestren dispuestos a asumir los costos políticos.

Las tensiones internas que genera el tema dentro del Gobierno quedaron en evidencia en las últimas semanas. Primero fue el gobernador de Mendoza y titular del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, quien consideró que el ministro Aranguren le había hecho “meter la pata al Gobierno” al subir “abruptamente” las tarifas, un poco más lejos fue la díscola Elisa Carrió que presentó un pedido de informes para que el Jefe de Gabinete Marcos Peña diera explicaciones por los aumentos.

La oposición olió sangre y fue por la presa. El Frente para la Victoria pidió una sesión especial para tratar el tema el miércoles, el peronismo no kirchnerista redobló la apuesta y presentó un proyecto de ley para atemperar el impacto de las subas.

La mesa estaba servida para asestarle al Gobierno nacional un duro golpe político, pero llegada la hora todo se desmoronó en un nuevo paso de comedia (tragicómica) de los que ya son costumbre en la Cámara baja. En los cálculos previos, la oposición tenía los números para llevar adelante la sesión del miércoles, pero llegado el día, se acercaba el tiempo límite y faltaba un diputado para lograr el quórum.

Los legisladores opositores presentes en el recinto miraban nerviosos sus relojes y lamentaban la impuntualidad de sus pares. Pero todo parecía controlado, el misionero Daniel Distéfano avisó que estaba llegando y con él se lograría el número mágico para iniciar la sesión. En el interín el diputado Javier Pretto (PRO – Córdoba) se acercó al salteño Alfredo Olmedo –que esperaba el inicio de la sesión sentado en su banca- y tuvo un corto diálogo que a la postre fue motivo de polémica.

Justo antes de que se sentara Distéfano y se alcanzara el quórum, el inefable Olmedo se levantó de su banca y no hubo tiempo para más. La sesión se levantó y tras bambalinas, un fotógrafo inmortalizó al jefe de la bancada del PRO, Nicolás Massot, haciendo la V de la victoria. La estratagema urdida para frenar la sesión había dado resultado.

Que la oposición cuestionara al Gobierno por el aumento de tarifas estaba en los cálculos de todos, no así el fuego amigo de los radicales y de Carrió, lo que provocó fuertes planteos puertas adentro de Cambiemos.

Desde el PRO entienden que los radicales no respaldan como deberían al presidente cuando ello implica asumir costo político. “Nuestros socios sabían nuestra política tarifaria, se las explicamos a ellos y en las audiencias públicas. Lo que pasa ahora con los precios no hace más que responder a la fórmula establecida y a la escalera de quita de subsidios planteada”, disparó el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, días después de los desplantes de Cornejo y de Carrió.

Después de la sesión fallida del miércoles, el Gobierno activó un rápido operativo para darle un cierre al tema y encontrar una salida elegante a la pequeña crisis interna. Tras una reunión que convocó a todos los socios de la alianza Cambiemos, el Gobierno anunció una tibia medida de efectos poco menos que nulos para morigerar el impacto social de la suba de tarifas: permitió que parte de los consumos de gas correspondientes a los meses de invierno se paguen en cuotas y con intereses durante los meses siguientes.

Atentos a que la soga se había tensado más de la cuenta, los radicales celebraron la insípida medida y fue el propio Cornejo el designado para dar muestras de unidad en una conferencia conjunta entre los líderes de las fuerzas que integran Cambiemos. “Argentina necesita que seamos menos PRO, menos Coalición Cívica, menos UCR y más Cambiemos”, remarcó el mendocino bajo la atenta mirada del todoterreno Marcos Peña, que asentía con los ojos clavados en el radical.

La foto de unidad que dejó la conferencia cerró la herida interna, pero el costo político y el impacto social del aumento de tarifas no serán sencillos de revertir.

Cierres, recortes y ajustes

La caída del poder adquisitivo de los asalariados frente a una inflación que no encuentra freno y a la disparada de las tarifas, se tradujo en una reducción de los niveles de consumo masivo –especialmente notoria en la clase media baja- y los efectos se hicieron sentir incluso en la mayor cadena de supermercados del país.

La filial argentina de la compañía de capitales franceses Carrefour consiguió que el Gobierno le aprobara un procedimiento preventivo de crisis en el marco del cual la empresa negoció con el gremio mercantil y el ministerio de Trabajo de la Nación un recorte de personal y ajuste salarial.

El acuerdo en cuestión habilita a la compañía a dar retiro voluntario a mil empleados, mientras el Gobierno le redujo a la mitad las contribuciones patronales previsionales sobre toda su plantilla de empleados. Además el gremio le dio a la empresa la posibilidad de aplicar de manera diferencial los aumentos salariales durante los próximos tres años.

El acuerdo le permitirá al gigante francés reducir sus costos a fuerza de achique de personal y ajuste de salarios, lo que encendió luces de alerta entre las demás empresas del rubro que advierten que en esas condiciones resultará muy difícil competir. Se espera un efecto contagio que empareje la cancha a costa de los trabajadores.

Otra multinacional en apuros es Cargill que suspendió por diez días las operaciones en sus plantas de molienda de granos ubicadas en la localidad santafecina de Villa Gobernador Gálvez y en Bahía Blanca, en el sur bonaerense y licenció sin goce de haberes a los trabajadores que se desempeñan en dichos lugares.

Las empresas de Misiones no son ajenas a la crisis, tan es así que en la próxima semana una tradicional firma familiar de transporte de cargas iniciará el proceso de declaración de quiebra.

Se trata de Transportes Sauer, que cuenta con una flota de alrededor de 100 camiones y emplea de manera directa a 200 personas.  La empresa instruyó el viernes a sus abogados que iniciaran el procedimiento legal para declarar su quiebra y se lo comunicó a los delegados sindicales del gremio de Camioneros.

Un convenio laboral demasiado pesado para los ingresos que genera la actividad, una deuda por cargas laborales millonaria e impagable con la Afip y los crecientes costos operativos hicieron inviable la continuidad de las actividades de la empresa, informaron en la reunión con los representantes sindicales, los encargados de dirigir la compañía que con orgullo muestra en un cuadro la carga de la primera bobina de papel que fabricó Papel Misionero.

Ahora no solo el cuadro sino también la empresa será historia, a menos que haya un salvataje de último momento.

Sauer sigue el camino de otra tradicional empresa familiar de transporte de Misiones, que antes de quebrar buscó infructuosamente alternativas al incursionar en la logística e incorporar nuevos socios.

Tasas y atraso cambiario

El Banco Central acusó el golpe que significó el 2,3 por ciento de inflación de marzo y su presidente anunció que si el índice no disminuyera significativamente en mayo, volvería a elevar las tasas de intereses.

El ultimátum de Federico Sturzenegger puso a todos los analistas a recalcular. Con una inflación núcleo de 2,6 por ciento en marzo, buena parte de los economistas dan por descontado que la suba de tasas se haría realidad, lo que volvería a modificar el fluctuante contexto económico nacional.

La medida implicaría retroceder en los anuncios formulados en la polémica conferencia de prensa de diciembre último, en la que se había anunciado una modificación de las metas de inflación para 2018 y se anticipó que se relajarían las tasas de interés.

De concretarse la suba de tasas, tendría incidencia directa en Misiones. Por un lado es esperable que el dólar aumente por debajo de la inflación o no aumente nada, dado que con tasas más altas muchos inversores venderían sus dólares y se posicionarían en pesos, lo que elevaría la oferta de divisas.

Mayor atraso cambiario es una mala noticia para los exportadores, especialmente para las economías regionales, como la forestoindustria y también es malo para los comerciantes de zonas de frontera, porque profundiza las asimetrías.

Otro efecto de una suba de tasas sería el encarecimiento del crédito, lo que se sentiría negativamente en actividades como la yerbatera que dependen del financiamiento para levantar la cosecha.

Como contrapartida, una suba de tasas podría ayudar a contener la inflación.

La puerta de entrada

La buena sintonía entre los gobiernos nacional y provincial volvió a evidenciarse durante la semana que pasó, cuando el presidente Macri se reunió nuevamente con el Gobernador Hugo Passalacqua para avanzar en algunas de las líneas de trabajo trazadas por la mesa de competitividad del sector turístico.

De la reunión participó Javier Hidalgo, director del Grupo Globalia –uno de los gigantes del turismo de Europa- quien confirmó que antes de fin de año se pondrían en funcionamiento los vuelos directos Madrid – Iguazú, en dos frecuencias semanales.

El inicio de los vuelos representará un paso fundamental para concretar uno de los objetivos más ambiciosos planteados en la mesa de competitividad del turismo: convertir a Misiones en una de las puertas de entrada del turismo internacional a Argentina. La geografía le da al aeropuerto de Iguazú una ventaja respecto a los demás del país, al estar ubicado en el extremo noreste es el más cercano a Europa y a ciudades de la costa este de Estados Unidos, lo que se traduce para vuelos desde esos destinos, en un ahorro de casi dos horas de viaje en comparación a Ezeiza.

Durante la reunión, de la que también participó el senador Humberto Schiavoni, el Grupo Globalia reiteró su interés por invertir en dos complejos hoteleros en la Ciudad de las Cataratas.

El fluido contacto entre los gobiernos de Macri y de Passalacqua y los resultados concretos que surgen de esa interacción, son el resultado de la reputación de alta confiabilidad que supo granjearse la Provincia frente a su par nacional a fuerza de respetar siempre la palabra empeñada.

La buena relación del gobierno provincial con su par nacional siembra nerviosismo en el ala radical de Cambiemos y son cada vez más fuertes los reclamos internos al presidente del Comité Provincia de la UCR, Francisco Fonseca, por la falta de participación de miembros de ese partido en las reuniones en las que se definen cuestiones importantes para Misiones.

Los propios radicales cuestionan a su conducción que el Gobierno provincial, a cargo de una fuerza opositora, tenga más llegada a las esferas más altas del Gobierno nacional que los dirigentes del centenario partido y advirtieron que el rol de la UCR se reduce cada vez más a acatar los lineamientos del PRO.

A más de un año de las próximas elecciones, los radicales ya piensan en las candidaturas y se lo hicieron saber a Fonseca, quien pidió calma y aseguró que esta vez habría más tiempo para armar las listas.

Seis décadas

El sábado 21 de abril la Carta Magna provincial cumplió 60 años de vigencia y la Legislatura conmemoró el aniversario el miércoles 18 en una jornada en la que hubo disertaciones y reconocimientos a personalidades destacadas.

La apertura estuvo a cargo del vicepresidente primero de la Cámara de Representantes, Orlando Franco; el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Froilán Zarza; la ministra de Educación, Ivonne Aquino -en representación del Ejecutivo-; y la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, de los Derechos Humanos, Juicio Político e Integración, Silvana Giménez.

Acompañaron el encuentro diputados provinciales, autoridades de los tres Poderes del Estado provincial y municipal, estudiantes, docentes, asociaciones de profesionales, y organizaciones vinculadas al estudio de la historia de Misiones.

Llamó la atención la ausencia de representantes del radicalismo en una actividad de neto corte institucional, lo que fue leído como un gesto de mezquindad política


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