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Gobierno y empresarios rechazan derogación de contrato para puerto



Panamá, ACAN-EFE

Panamá- El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, y una de las principales cámaras empresariales del país, la CCIAP, expresaron hoy su rechazo a la derogación de un millonario contrato-ley sancionado en 2015 para la construcción de un puerto por parte de una empresa de Singapur.

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Varela escribió en su cuenta de Twitter que “revocar un contrato ley después de 3 años de vigencia que conllevó una inversión extranjera de 800 millones” de dólares “y la generación de miles de empleos, es atentar contra la seguridad jurídica y económica del país atacando una obra de infraestructura que abastece al comercio marítimo”.

Por su parte el ministro del Trabajo, Luis Ernesto Carles, escribió en la misma red social que la actuación del Parlamento era “lamentable” pues afecta a “un puerto en fase de expansión, que fortalece la competitividad del país”.

“El daño que se le hace a la seguridad jurídica de las inversiones y generación de empleos derogando un Contrato Ley de un puerto en etapa de expansión es irreparable. La fortaleza como país y de nuestro crecimiento económico se centra en logística, transporte marítimo y servicios”, añadió Carles.

Asimismo, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP) consideró que la decisión de la Asamblea Nacional (AN), de 71 escaños, la gran mayoría en manos de la oposición, es un “exabrupto legislativo que atenta contra la seguridad jurídica de las inversiones en el país”.

“Exhortamos al Órgano Ejecutivo rechazar esta ley (…) que pone en riesgo una inversión millonaria trascendental para uno de los pocos sectores de la economía que actualmente se encuentra en franco desarrollo,” indicó el presidente de la CCIAP, Inocencio Galindo.

A través de un comunicado difundido este sábado, la Cámara criticó que “la cancelación del Contrato de Ley para la construcción y operación de una terminal de contenedores en Rodman por la empresa PSA Panama International Terminal S.A.” haya sido incluida en un artículo de un “proyecto de ley sobre la apertura de empresas y venta de licor en zonas residenciales”.

“Cuestionamos la acción del Órgano Legistivo, introduciendo temas ajenos al proyecto de ley en cuestión y sorprendiendo a la ciudadanía con acciones poco transparentes”, declaró el presidente de la CCIAP, que aglutina a más de 1.600 empresas de 15 sectores económicos de Panamá.

La AN informó que el jueves pasado aprobó en tercer y último debate el proyecto de Ley 53, que busca “terminar con la proliferación de negocios que se dedican a la venta de licor o al entretenimiento en zonas urbanas, perjudicando el derecho al descanso de los residentes”.

En la información difundida por el Parlamento sobre la aprobación del proyecto de Ley 53, propuesto por el diputado Iván Picota, del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD-26 escaños), no se menciona la derogación del contrato con la PSA Panama International Terminal S.A.

“El diputado proponente (…) indicó que (el proyecto de ley) va en dirección a proteger la seguridad jurídica del inversionista que, luego de seguir el procedimiento establecido en esta norma, podrá saber que su establecimiento comercial se encuentra en un lote que cuenta con la zonificación para ello y que por ende, no será objeto de cierres”, dice la información difundida por el Legislativo.

Se informó este sábado que el artículo 6 del Proyecto de Ley 53 “establece que se deroga la Ley 2 del 10 de febrero de 2015, mediante la cual se aprobó el contrato entre el Estado y la sociedad PSA Panama International Terminal, S.A.”.

Explicó que aunque la ley que dio luz verde al proyecto de PSA fue sancionada por el presidente Varela, el contrato con la empresa de Singapur “fue aprobado por la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) en marzo de 2014, es decir en los últimos meses del gobierno de Ricardo Martinelli” (2009-2014).

No hay disponible de momento datos sobre el avance del proyecto, ubicado en la ribera oeste del Pacífico del Canal de Panamá

En mayo de 2015, cuando la PSA iniciaba obras de su puerto como parte de los acondicionamientos previos a la ampliación del Canal, indicó que buscaba aumentar la capacidad de manejo de 450.000 contenedores (TEU) por año que tenía a 2 millones de contenedores (TEU) por año. 

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