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Nuestra respuesta a imprecisiones de Judicial Watch


Durante la semana pasada, en la que estaba de vacaciones, la FM, el Nodo y Álvaro Uribe republicaron un comunicado de prensa de la organización Judicial Watch en la que mencionaban a La Silla Vacía.

A pesar de la poca credibilidad que goza Judicial Watch, una organización que, entre otras cosas, niega que exista el cambio climático y que ha denunciado falsamente que había campamentos de ISIS en México, algunos usuarios han preguntado qué opino del comunicado de prensa de esta ONG especializada en poner derechos de petición y por eso me parece pertinente aclarar aquellas imprecisiones en lo que atañe a nosotros.

Judicial Watch anuncia que ha puesto el equivalente a una tutela contra el Departamento de Estado de Estados Unidos y de USAID porque le negaron un derecho de petición para establecer si dinero de los contribuyentes gringos terminó financiando las actividades políticas de la Open Society Foundations en Romania y en Colombia.

Entre las cosas que pide en su derecho de petición es que estas entidades le suministren los contratos o grants que dio el Departamento de Estado a la OSF en Colombia, o a sus afiliados o subsidiarias y a organizaciones como la Fundación Ideas para la Paz, Dejusticia, y La Silla Vacía entre otras organizaciones a las que describe como “ONG de Soros”.

Judicial Watch alega que estas organizaciones recibimos plata de USAID, que es la agencia para el desarrollo internacional que sigue lineamientos del Departamento de Estado, y también de OSF, con lo cual la Administración Obama terminó financiando la agenda del billonario Soros, “que necesita cero ayuda de los contribuyentes para promover su agenda radical de izquierda en el extranjero”.

A La Silla Vacía, en particular, la califica como un portal de izquierda, “cuyo columnista Rodrigo Uprimny, cuya ONG Dejusticia también se asocia con USAID y Open Society, es considerado uno de los arquitectos del proceso de paz”.

Judicial Watch no nos pidió la información a nosotros, pero con gusto se la suministramos aquí y de paso hacemos algunas aclaraciones:

1. La Silla Vacía no es una ONG y tampoco le pertenece a George Soros.  Desde que nacimos hace exactamente 9 años hemos recibido grants todos los años del Programa de Periodismo Independiente de la OSF -cuya misión es financiar medios digitales independientes en todo el mundo- y algunos años también de su programa para América Latina, que nos financió el proyecto de Crimen y Castigo, en el que le hicimos seguimiento a todos los homicidios en Suba.

Durante 2017, la financiación total del Open Society representó el 16,43% de nuestros ingresos totales. Con esa plata pagamos los periodistas que hacen el programa Mesa de Centro, los detectores a las cadenas de Whatsapp y los explainers; desarrollamos el producto de La Silla Académica y el curso para Futuros Dirigentes del País como nuevas formas de generación de ingresos; y rediseñamos la página para que fuera ciento por ciento móvil, entre otras actividades. Ni un peso del grant que tuvimos para 2017 y 2018 tiene alguna conexión con el proceso de paz como lo cree Judicial Watch.

2.  La Silla Vacía solo ha recibido plata de USAID una vez, el año pasado, en un convenio que firmamos con MSI (una de las contratistas de USAID) para el período de Febrero 20, 2017 a febrero 19, 2018. Es decir, durante el período de Donald Trump, no de Barack Obama.

El convenio fue por $96.652.712 de pesos y tuvo por objeto hacer una serie de historias investigativas sobre cómo se estaban ejecutando recursos públicos de regalías y los destinados a la implementación del Acuerdo de Paz en Arauca, Córdoba, Nariño y Norte de Santander, como una forma de darle transparencia a la ejecución de recursos públicos.

Como resultado de estas diez investigaciones, en Córdoba encontramos que un parapolítico prófugo está detrás del negocio millonario de alimentación de los niños indígenas Zenú en Córdoba y Sucre (ver investigación).

Por otro lado, encontramos que a través de Mara Bechara, la dueña de la Universidad del Sinú, la Fiscalía posiblemente podría entender como funcionó la dirección de regalías de la Gobernación de Córdoba durante la administración de Alejandro Lyons en la que se malversaron esos recursos (ver investigación).

De igual forma, revisando los contratos por los que están siendo investigados el exgobernador Alejandro Lyons y el actual gobernador Edwin Besaile, encontramos que hay 283 mil millones en juego, provenientes de recursos de regalías y del sistema general de participaciones, siendo los sectores más afectados los de ciencia y tecnología, y salud, que beneficiaron en varios casos a personas cercanas a ambos gobernadores (ver investigación).

En el caso de Arauca, encontramos que lo que prima es la contratación con benefactores de las campañas de los alcaldes y gobernadores electos, como resultado de procesos de selección en los que la regla es que se presente un solo oferente, por haber requisitos restrictivos o porque cuando se presentan otros oferentes son descartados por no cumplir con los requisitos mínimos, sin justificación (ver investigación).

Adicionalmente, las adiciones a los contratos además de que son millonarias, muchas veces se usan para evitar un nuevo proceso de selección y se hacen pese a que el contratista haya incumplido.  Algunos de los contratos que tienen estas problemáticas son los de alimentación (ver investigación).

En la región del Catatumbo encontramos que posiblemente un exsubcontralor habría estado usando una corporación para cobrar favores a alcaldes de Norte de Santander a través de la adjudicación de contratos, a cambio de quitarles hallazgos fiscales en su contra (ver investigación).

De igual forma, contamos que los recursos del posconflicto destinados a la sustitución y erradicación de cultivos ilícitos aún no llegan a la región del Catatumbo, en algunos casos sin justificación (ver investigación).

Por último, en Tumaco descubrimos que el manejo de los recursos está atravesado por la disputa política entre los grupos políticos que han gobernado en ese municipio, a saber: los afines a Neftalí Correa y Emilsen Angulo y, del otro lado, los partidarios del actual alcalde Julio Rivera.

Revelamos, además, que Rivera, cuando fue Secretario de Planeación del entonces alcalde Víctor Gallo, estuvo a cargo de un proyecto de casas para damnificados que tiene 5.300 de 7.772 millones perdidos (ver investigación). Es esa disputa política la que determina los contratistas y no su idoneidad.

Adicionalmente, en materia de regalías, el municipio tiene cerca del 77 por ciento de los recursos en riesgo porque los proyectos que se están ejecutando con los mismos presentan problemas de diferente índole ((ver investigación).

Además de estas investigaciones, publicamos las bases de datos de la contratación pública de más de mil millones en Córdoba y Arauca, y en los municipios de Tumaco y Catatumbo y escribimos 15 perfiles en nuestro Quién es Quién de los líderes políticos de estas tres regiones que están encargados de la contratación pública.  

Aquí está el convenio:

 

3. Sobre si La Silla Vacía es un órgano de propaganda de izquierda es una opinión de Judicial Watch a la que tiene todo el derecho. Nosotros tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo por investigar nuestras historias y publicar lo que encontramos sin importarnos si los beneficiados o perjudicados son de izquierda o derecha y ya serán ustedes, nuestros usuarios asiduos, los que determinarán cómo nos perciben.

Esperamos que con esta aclaración, queden las dudas resueltas. Y si no, con gusto las respondo en la sección de comentarios.

 




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